Nariño, Colombia.- La abogada y representante municipal del Ministerio Público, Paula Andrea Rosero Ordónez, fue asesinada la noche del 20 de mayo, cuando regresaba a su casa de habitación, en la ciudad de Nariño, Colombia, fronteriza con Ecuador.
Según diarios nacionales, el crimen sucedió al ser interceptada por desconocidos que le infirieron cinco disparos, frente a su esposo, por lo que, los primeros auxilios prestados fueron insuficientes.
La defensora de 47 años, era la personera de Samaniego-Nariño, encargada de los derechos humanos en la municipalidad, y al aparecer había denunciado actos de corrupción.
Por el crimen, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia (ONU Derechos Humanos) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lamentaron y rechazaron el homicidio de Paula Rosero, y expresan toda la solidaridad a sus familiares y amigos.
Por lo que instaron a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos.
“Con preocupación identificamos el incremento de riesgos y violación a los derechos Humanos en Nariño para defensores y defensoras que ejercen su liderazgo en comunidades afectadas por desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, confinamientos, reclutamientos forzados y violencia de género, y que, como en el caso de los Personeros municipales, trabajan por visibilizar la situación humanitaria, defendiendo los derechos humanos de toda la población e incidiendo en la respuesta y garantía del Estado en la protección y la construcción de una paz estable”, detalló un comunicado de prensa.
Además hicieron un llamado a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los Personeros en el país, quienes ejercen un rol fundamental en el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Estas medidas deben permitir a los Personeros ejercer su labor sin restricciones.
También la Procuraduría General de Colombia y la Defensoría del Pueblo rechazaron en un comunicado conjunto, el asesinato de la Personera del municipio de Samaniego-Nariño, Paula Andrea Rosero, y exigieron al gobierno del presidente colombiano Iván Duque “tomar medidas de carácter urgente” para que garantice la vida de los defensores de los derechos humanos, así como de todos los líderes sociales.
En un recuento hecho la semana pasada, se estableció que tras la firma de los acuerdos de paz de Colombia, en noviembre de 2016, hay un saldo de 139 exrebeldes, 31 familiares, 596 líderes y 119 indígenas asesinados, detalló teleSur.
Según datos de la organización no gubernamental “Programa Somos Defensores”, en los primeros tres meses del 2019, fueron ultimados 25 defensores de derechos humanos en Colombia.
