Tegucigalpa.
Hoy es un día de septiembre. Este día no deberíamos estar haciendo esta conferencia, si no celebrando la llegada de las lluvias, el color de las flores, los desfiles de los niños y niñas, celebrando la independencia de un país con nombre de mujer que no acaba de nombrarse, pero que nosotras, habitantes de sus tierras hemos decido llamarle matria. Nosotras, denunciamos con todas nuestras fuerzas que no tenemos razones para celebrar ni independencia, ni democracia, ni libertad para nadie y menos aún para las mujeres de estas Honduras que no se termina de caerse porque nosotras insistimos necias en defenderlo. Esto nos ha llevado hasta aquí, hasta esta mesa y hasta muchas otras que habrán en todo el país para denunciar:
Que nos rebelamos ante la intimidación, agresiones amenazas y criminalización de la que somos objeto debido a esta labor de defensa. Nos rebelamos ante las 1,700 criminalizadas por procesos de tierra y defensa del territorio que reporta la Vía Campesina en los últimos 5 años. Esto da un porcentaje de 340 mujeres por año, es decir que en promedio, en el año una defensora es criminalizada por su labor relacionada con la defensa de los derechos humanos, de la tierra y de las mujeres. Gladys Lanza compañera infinita, murió con una condena por denunciar un hecho no reconocido por las autoridades¡ pero si por nosotras y por la conciencia del pueblo hondureño. No siempre lo que la Ley aprueba es lo justo, porque legal fue la esclavitud y el sometimiento de las mujeres por muchos años. Legales son los procesos que mantienen a muchos hondureños y hondureñas pobres en las cárceles o que hacen que encarcelen a una mujer por aborto, mientras los principales criminales y agresores del pueblo hondureño gozan de condiciones especiales o de libertad.
Nos rebelamos ante las agresiones sufridas por las compañeras Hedme Castro y Tommy Morales de ACI Participa y ASOPODEUH respectivamente en su labor de defensa del estudiantado, así como las amenazas, intimidación y difamación de la labor de las compañeras Merly Eguigure, [essica Sánchez y Patricia Riera, exigiendo no solo una respuesta al Estado, si no el despliegue de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad y su vida, así como la respuesta inmediata al mecanismo de protección de la Ley de Defensores/ as, periodistas, comunicadores y operadores/ a de justicia, puesto que una respuesta tardía no es de ningún modo una respuesta. Nos rebelamos ante la criminalización de las compañeras Miriam Miranda de OFRANEH, Albertina López y Wendy García de la comunidad de Pajuiles y por último Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer con una demanda injustificada por parte de DESA y declaramos que todo ataque contra una defensora o una mujer por su razón de género es una agresión en contra del movimiento de mujeres y feminista de Honduras.
Nos rebelamos ante los femicidios que siguen creciendo, pero mucho más allá de la simple contabilización de casos, lo que aumenta es el horror y la saña con que son cometidos. En el presente año suman aproximadamente 250 casos de acuerdo a datos de las organizaciones de mujeres, bajo la etiqueta de crimen pasional, crimen por amor o vinculación con el crimen organizado entre otros. Todo femicidio es político y dentro de ellos se encuentran los casos de las 10 mujeres defensoras de la tierra, el ambiente o de derechos de las mujeres ocurridos en los últimos cinco años.
Condenamos los femicidios ocurridos en septiembre donde destacan los de Sindy Moneada Hernández de 24 años y Seidy Melissa Laínez de 18 años, integrantes de la colectiva lésbica Ixchel catalogados por nosotras como crímenes de odio, así como condenamos el femicidio de María Inés Rodríguez de Santa Ana de Yusguare, quien fue encontrada con vida y no fue posible la ayuda policial inmediata para salvar su vida debido a que estos operadores de justicia no pudieron llegar al lugar por «encontrarse desvelados» de acuerdo a testimonios brindados por la Red de Mujeres de Choluteca.
Condenamos a un Estado y su estrategia de seguridad que toma en cuenta el registro de cientos de mujeres reportadas como desaparecidas o encontradas en fosas comunes, como en el caso del cementerio clandestino de El Lolo. Tenemos conocimiento que son decenas, pero el Gobierno se empeña en negar esa problemática, casi tanto como el desplazamiento forzado no solo por violencia, si no, por agresiones directas contra defensoras.
Sabemos que nuestros casos son uno de muchos¡ pero que existen muchos más, que se esconde tras la valla del silencio o el miedo. Sabemos que las compañeras están allí y sufren violencia¡ que callan por temor a ser criminalizadas, hostigadas
o perseguidas, aún a veces por sus propios compañeros. Para ellas nuestro mensaje: estamos con ustedes en pensamiento y acción a la hora que nos necesiten.
Declaramos que seguimos en pie de lucha ante un Estado indiferente que ha hecho pocas acciones de justicia y reparación. No queremos más operaciones Déborah con algunos capturados, pero pocos judicializados, no queremos más Ciudades Mujer que no se ocupen de las necesidades reales de las mujeres, no queremos más políticos utilizando el presupuesto de las mujeres para su campaña proselitista. No queremos más mecanismos de protección con respuestas tardías para las defensoras, así como no queremos funcionarios o funcionarias públicas al mando de puestos de Dirección que no respondan a la población que se deben. No queremos más excusas.
Demandamos a los entes competentes, incluido el Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Sub secretaría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, entre otros una auditoría social de su presupuesto, para que este no sea gastado en actividades de clientelismo político con las mujeres. De la misma manera exigimos que esta auditoría se extienda hacia todas las municipalidades y que el Estado deje de crear redes paralelas de mujeres disfrazadas como parte del movimiento de sociedad civil, para agredir y descalificar el trabajo de las redes del movimiento de mujeres y feminista, obstaculizando el ejercicio de los derechos de todas las mujeres y realizando labores de política partidaria, particularmente con la utilización del Bono 10,0000 y el Programa Vida mejor.
Nos declaramos en rebeldía ante las concesiones, las ocupaciones de territorio, las criminalizaciones por exigir nuestro derecho a la tierra, al agua, al aire, a tener una vida digna, sin violencia, una vida en libertad. Una vida donde nuestra voz sea como el río que corre sin censuras, sin represas, ni mineras que apaguen esas voces. Nos declaramos en rebeldía ante las respuestas militares o policiales. No son las que queremos, ni las que necesitamos. Somos movimiento y vida, somos matria que exige una respuesta integral. Estamos hartas y cansadas de demandar ante un Estado ciego, mudo y sordo.
Demandamos respuestas integrales y no parches, demandamos respuestas ante nuestras rebeldías, demandamos respeto
-y-protección, demandamos el legítimo lugar que nos corresponde como ciudadanas de esta tierra en permanente
resistencia.
No somos un tema, ni una problemática. Nadie nos paga por nuestra labor de defensoría, esa la hacemos porque queremos y estamos políticamente comprometidas con ella. Seguiremos aquí, cansadas, golpeadas, heridas, pero no vencidas, dando la lucha, alzando nuestra voz, compartiendo preocupaciones y sonrisas, esperanzas. Seguiremos todas en movimiento porque como diría Visitación Padilla en tiempos antaños: la Matria no se alquila, la Matria no se daña, la matria no se vende. Nosotras somos la Matria.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Choluteca, Copan, La Ceíba, San Pedro Sula y en todos los territorios donde existan mujeres en rebeldía, a los 14 días del mes de septiembre de 2017.
