Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa. Entre 100 mil y 150 mil hectáreas de tierra puede tener una sola concesión minera, pues comprende el suelo y subsuelo. En total hay más de 800 concesiones en vigencia, aprobadas o en proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño.
Incluso hay concesiones dentro de reservas naturales, aprobadas desde la década de 1970, y que aún no ha iniciado el proceso de explotación, denunció Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Amplio Santabarbarense, MAS, durante el seminario internacional sobre minería de derechos humanos, esta semana en Tegucigalpa.
Evento que se desarrolló, en el marco de que hace un año entró en vigencia la nueva Ley de Minería, donde ha habido una cantidad de conflictos, porque el pueblo no quiere empresas minera en sus territorios, y que ya ha cobrado cuatro vidas de defensores de los bienes naturales, el último Rigoberto López, (36) el pasado 3 de mayo, que apareció sin vida, decapitado y sin la lengua, El Níspero, Santa Bárbara.
Vemos que el neoliberalismo, cada día se posesiona más en Latinoamérica, porque hay una realidad común como Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, sobre el tema minero, es una realidad que nos muestra que en países tan pobres y serviles como Honduras, los canadienses, chinos y estadounidenses, están haciendo fiesta, denunció Vásquez.
La minería fue parte de uno de los eslabones más fuertes de la colonización española, vemos ciudades fantasmas como San Juancito, a 34 kilómetros al este de Tegucigalpa, con su emporio económico, no quedó nada. Hasta el hecho de que Tegucigalpa sea la capital de Honduras, tiene que ver con el enclave minero.
Luego vemos nuevos enclaves como el bananero en el siglo pasado, después con el neoliberalismo en vigencia y en post guerra fría el enclave maquilero, pero ahora tenemos un nuevo modelo y con mucha fuerza después del golpe de estado del 2009, con la extracción minera, que es más destructivo, dañino, colonialista, intervencionista, imperialista como es la extracción minera aprobada y reflejada en ese marco jurídico que se aprobó en enero del 2013.
Es ley de minería desconoce la autodeterminación de los pueblo, los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, desconoce los patrimonios naturales, parques nacionales, arqueológicos, zonas ecológicas, pueblos con vocación artística, cultural, artesanal, desconoce que la población busca alternativas de desarrollo sostenibles y sustentables, y desconoce que este país es de vocación agroforestal.
Pero si reconoce la Ley de Minería, en su último artículo dice que está sobre cualquier otro tipo de ley, como la ley de municipalidades, de refugio de vida silvestre, ley forestal, acceso a la información, todas esas leyes que respaldan y daban una garantía social política y jurídica, no sólo a las organizaciones, sino a cualquier ciudadano y ciudadana de este país.
Es una ley inconstitucional, por tanto debe ser derogada, pues fue aprobada en un ambiente politizado bajo un régimen de gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ahora es una ley que lleva al colapso ambiental, jurídico y pérdida de calidad de vida del pueblo hondureño.
Habrá más poblaciones desiertas, deshabitadas, migración, violencia y conflictos como los que estamos viviendo, dijo Betty, quien hizo un llamado a la población a que defiendan sus recursos.
Hay serios casos de enfermedad en la piel y en el organismo en general, como es el caso del Valle de Siria, al norte de Francisco Morazán, cuyo problema es emblemático a nivel mundial, por los estragos cometidos por la empresa “entremares”, quien iniciará la exploración de dos minas más, según denuncias de organizaciones ambientalistas locales.
Santa Bárbara, Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, son los departamentos con mayor concesión de sus bienes, y en menor escala Islas de La Bahía, Yoro, Gracias a Dios, que también pueden tener otros interés como represas, bosques, hidroeléctricas e intereses geológicos, como abrir batallones, ciudades modelos, intereses de una sistemas y modelo económico que beneficia a pocos, como los empresarios de las mineras y del transporte pesado.
Concesiones de empresas hidroeléctricas va en ascenso
Otra defensora que asistió al taller internacional, fue Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, quien compartió que una de las concesiones que afecta seriamente es la de los ríos, hay 17 concesiones sólo en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, pero van camino a 500 hidroeléctricas, ese proyecto lo denunciamos hace 10 años, porque están dados por 30 ó 50 años, por decretos que son perpetuos, no dice a cuantos años deben ser devueltos al estado, y además con trampa porque esas concesiones las pueden vender a otras transnacionales.
Esto lo desconoce el pueblo hondureño, pero estamos viviendo en un país de enclaves colonialistas, minero, energético, mano de obra, atractivo financiero como los paraísos fiscales que plantea las ciudades modelos, se entrega el país en pedazos, y el gobierno de Honduras sólo es un servil de esa dictadura transnacional, y la respuesta que nos va a dar es represión, persecución política y judicialización, criminalización y campañas de desprestigio.
Hemos visto que la persecución contra los ambientalistas continuará, vemos el caso del asesinato del compañero Rigoberto, en el Níspero, Santa Bárbara, es un estilo de la narco política, porque estas concesiones tienen que ver con las decisiones del poder político de este país y son estilo del paramilitarismo de los años 80 en Centroamérica y del militarismo de Colombia que se está replicando aquí.
El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado, declaró Cáceres.
Reiteró que, esto es un enclave de las grandes transnacionales, somos como su hacienda para todo tipo de megaproyecto, acompañado de mucha militarización y del incremento de la ocupación militar de los Estados Unidos, que no termina con la construcción, instalación y operativización de seis bases militares, que son muy peligrosas, ellos van por más, y tiene que ver con los bienes naturales, con lo que los capitalistas llaman recursos estratégicos, y donde están esos recurso, están en nuestro territorio.
En algunos de los países dueños de las transnacionales, han acabado sus recursos naturales, incluso donde había pueblos originarios, los relegaron a reservas indígenas, y ahora que están descubriendo que ahí hay más recursos, también los están desplazando de su territorio, detalló Cáceres.
Se sabe que en este planeta ya no hay recursos renovables por lo que tienen como estrategia saquear los bienes comunes de la naturaleza de nuestros pueblos y tener ellos su reserva, aunque sea poca, por ejemplo en Estados unidos, solo les queda petróleo para diez año, y es por eso que anda encima de Venezuela y del medio Oriente, y si hay petróleo en Honduras, como sí lo hay en La Mosquitia y otros lugares, van encaminados a la ocupación, la represión y el extractivismo que es la lógica y la moda de todos los gobiernos.
A los defensores de la vida, del ambiente y de los pueblos originarios, nos toca hacer el esfuerzo pese a la represión, pues de las instancias del Estado no esperamos mucho, pese que hay compañeros y compañeras vinculadas a la lucha social, por lo que nos debemos juntarnos en la articulación que desde la colectividad, solidaridad y la lucha nos defendamos.
Estamos ante la indefensión, por ejemplo tengo medidas cautelares desde el 2009, el estado no cumple con ellas, siguen las amenazas, persecución judicial, lo que demuestra que desde esas instancias no les importa nada, hemos tenido compañeros con medidas cautelares asesinados y que nos queda, construir estrategias comunitarias de defensoría, como lo estamos desarrollando en las comunidades, preparándonos con redes de defensoría y comunicación para defender nuestras vidas, territorios, nuestras resistencias que son legítimas, para ellos no serán legales, pero para nosotros además son legítimas e históricas.
Afirmó que todo el esfuerzo y empeño que podamos hacer desde esa diversidad y multiplicidad de procesos y experiencias y ponerlas en el común es lo que nos va hacer avanzar y protegernos de alguna manera
