28 de febrero Audiencia de Declaración de Imputado contra policías por actos de tortura y malos tratos en perjuicio de 12 defensoras

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nueva información y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la actualización procesal con relación a los actos de tortura y malos tratos ocurridos el 8 de septiembre de 2017 en contra de 12 personas defensoras de derechos humanos incluyendo a las Sras. Hedme Castro, Coordinadora General de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y Tommy Morales, miembro de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), a los Sres. Carlos del Cid Morales, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Ariel Díaz, miembro de La Juventud por los Derechos Humanos y José Francisco Bustillo[1], así como a siete personas defensoras que forman parte del movimiento de estudiantes universitarios[2].

Según la información recibida, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) realizará el próximo 28 de febrero la Audiencia de Declaración de Imputado en la causa que se sigue contra el Comisionado de Policía, Sr. Félix Adrián Colíndres Hernández y los Subcomisionados de Policía, Sres. Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Agustín Vásquez Palma, acusados de delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, torturas y detención ilegal en perjuicio de las 12 personas defensoras (ver antecedentes).

El Observatorio recuerda que los hechos se presentaron en un contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde 2014, en el cual se han producido tres asesinatos y 73 criminalizaciones[3]. Estos hechos se enmarcaron también dentro de una campaña sistemática de ataques públicos, verbales y físicos contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Honduras[4], que se ha visto exacerbada en el actual contexto de crisis social y política en el país, poniéndolos en una situación de alto riesgo. Según PBI Honduras, del 26 de noviembre de 2017 al 21 de enero de 2018, se ha registrado 35 incidentes sufridos por personas defensoras de derechos humanos, comunicadores y periodistas[5].

El Observatorio recuerda que el uso de la fuerza sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando se hace a corta distancia, en las partes superiores del cuerpo o en espacios cerrados. El Observatorio celebra que la Fiscalía haya convocado a los tres agentes de policía a la audiencia de declaración de imputados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las 12 personas defensoras de derechos humanos y hace un llamado a que estos hechos no queden impunes asegurando que sean aplicadas las sanciones previstas en la ley.

Antecedentes:

El 8 de septiembre se ejecutó un dispositivo mediante el cual más de 500 efectivos de la Policía Nacional bloquearon todos los accesos de la UNAH para desalojar a un grupo de estudiantes que habían hecho una toma para protestar por la criminalización del movimiento estudiantil y para reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del conflicto de la UNAH. Preocupada por la información que llegaba desde el campus y al no lograr acceder al mismo, la Sra. Hedme Castro y el Sr. Ariel Díaz acudieron a las oficinas del Ombudsman de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde se encontraron con el Sr. José Francisco Bustillo, y esta institución dispuso que dos de sus agentes se desplazarían al campus en un microbús del CONADEH acompañados por los solicitantes.

El microbús accedió al campus a las 11 de la mañana y en su recorrido por el campus de la UNAH recogió al Sr. Carlos del Cid y a la Sra. Tommy Morales, quiénes se encontraban en el lugar monitoreando la situación. Cuando se disponían a abandonar la UNAH las personas defensoras observaron a un grupo de estudiantes que pedían auxilio desde un edificio del Alma Mater, pues la policía y la seguridad privada de la UNAH habían cerrado el edificio con cadenas y candados. Las personas defensoras solicitaron a los agentes que si no tenían órdenes de arresto contra los estudiantes pusieran fin a su privación de libertad pero los agentes se negaron a abrir el edificio e incluso negaron la presencia de estudiantes en el mismo.

Los siete estudiantes saltaron por una ventana y accedieron al microbús a lo que varias patrullas y un pelotón de policías respondieron de forma inmediata rodeando el vehículo del CONADEH e impidiendo su salida. Los dos funcionarios del CONADEH abandonaron el vehículo dejando allí a las 12 personas defensoras, que se mantuvieron dentro del microbús hasta las 15 horas. En ese momento, los policías abrieron las ventanas del vehículo, agredieron a las Sras. Hedme Castro y Tommy Morales y al Sr. Carlos del Cid, y rociaron el interior del microbús con gas pimienta. En ese momento, las 12 personas defensoras fueron desalojadas del vehículo del CONADEH y a pesar de que el vehículo estaba rodeado de agentes y de que las personas defensoras no opusieron resistencia, la policía roció a las personas defensoras en el rostro con gas lacrimógeno en aerosol a muy corta distancia.

Las 12 personas defensoras fueron trasladadas a las dependencias de la Dirección Policial de Investigación (DPI) pero a las 16 horas, la Sra. Hedme Castro y el Sr. Nahún Portillo tuvieron que ser trasladados al Hospital Escuela para ser atendidos. Pese a que se les había amenazado reiteradamente con que iban a ser remitidos al Ministerio Público acusados de varios delitos, aproximadamente a las 18 horas la Sra. Hedme Castro fue puesta en libertad sin cargos en el hospital, en contravención de la legalidad que habría exigido su traslado a la DPI para hacer el respectivo registro de su detención y de su liberación, por lo que tuvo que desplazarse hasta la DPI por sus propios medios.

Los Sres. Carlos del Cid Morales y  Ariel Díaz, y la Sra. Tommy Morales se enfrentan a cargos por encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, mientras que los siete estudiantes y el Sr. José Francisco Bustillo están acusados de usurpación por detentación de espacios públicos. Además, según las mismas informaciones otros 15 estudiantes de la UNAH[6] fueron detenidos durante el operativo en la UNAH y se enfrentan asimismo a cargos por usurpación por detentación. En total 26 personas defensoras han sido criminalizadas a raíz de los hechos del 8 de septiembre incluyendo 22 estudiantes de la UNAH.

Además, la Secretaría de Seguridad se refirió a los estudiantes que fueron detenidos como “supuestos estudiantes” y afirmó que el vehículo del CONADEH era conducido por uno de ellos a pesar de las evidencias de que el microbús era manejado por un conductor de dicha institución. Además, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos no se personó en la UNAH a pesar de haber sido alertado sobre la situación y de haber contado con tiempo suficiente para ello.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i.         Asegurar que los responsables de los hechos perpetrados en contra de las 12 personas defensoras de derechos humanos sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;

ii.         Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las 12 personas defensoras agredidas por los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño para que no puedan producirse represalias por sus actividades;

iii.         Poner fin a todo tipo de criminalización del Movimiento Estudiantil de la UNAH y las personas defensoras que en él participan;

iv.         Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

v.         Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

vi.         De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

Direcciones:

• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn

• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia,
Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn

• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;

• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com

• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn

• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn

• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch

• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be

• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

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Ginebra-Paris, 7 de febrero de 2018