Hubo dos conmemoraciones de la herencia negra en Honduras el pasado viernes. Una folklórica y otra política. La primera fue danzarina, turística, respondiendo a esa tendencia odiosa de los grupos privados que ven los pueblos indígenas y tribales como decoración del paisaje nacional.
La otra conmemoración fue política, consciente, enojada y bulliciosa, fue encabezada en Tegucigalpa por la Organización fraternal negra de Honduras, Ofraneh, que se fue de frente contra la Casa Presidencial.
Mientras un sector de la comunidad negra pedía al Estado reconocimiento constitucional, porque no existe en la Ley, además pedía más representación política y diplomática, otro sector subrayaba la justicia.
La Ofraneh, con tambores y cantos, sin esperar los tiempos del protocolo, llegó, vió, se fue y dejó un documento de demandas.
El reclamo central de la Ofraneh es el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas en los últimos 10 años. Justicia.
Cumplir las sentencias condenatorias por el desplazamiento de las comunidades costeras de San Juan, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz no ha sido prioridad del Estado de Honduras.
Las tres sentencias fueron emitidas durante el período que el crimen organizado destruía el Estado de Honduras con el lavado de activos en industrias turísticas, robo de tierras e invasión de territorios ancestrales.
Fue ese modelo invasor de turismo cinco estrellas y, principalmente, ese tropel llamado zonas de empleo y desarrollo que mordió la vida de las comunidades negras del atlántico.
Para decirlo de otro modo, en esos años el Estado no podía hacer nada porque estaba secuestrado. Y el gobierno no quería cumplir, porque era parte de la inversión público-privada que arrebató ilegalmente las tierras negras.
Y así es como llegó en 2022 el gobierno del partido Libre en alianza con bases liberales a heredar 18 sentencias condenatorias incumplidas, la mayoría emitidas en los últimos 30 años.
Como dijo ayer el director del Instituto Nacional Agrario, Mauricio Fúnez, “hemos estado más de cuatro horas con líderes de las comunidades garífunas escuchándolos, y es doloroso confirmar que, con títulos sobre títulos, con la complicidad oficial, fueron despojados de sus tierras y territorios”.
Ahora toca cumplir, resarcir los daños. Y Xiomara Castro ha dicho tener la voluntad política para hacerlo. En el caso concreto de las tres sentencias para las tres comunidades garífunas citadas, el Ejecutivo ha integrado una comisión inter-institucional a través de un decreto ejecutivo, publicado en La Gaceta.
Participan el IP, el Instituto Nacional Agrario, la Procuraduría de la República, la red solidaria y la cancillería. Por supuesto, las comunidades de San Juan, Punta Piedra y Triunfo.
Pero las sentencias deben cumplirlas también la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, y últimamente progresa con fuerza la demanda que las sentencias sean literalmente cobradas a los actores causantes de las arbitrariedades.
En Triunfo de la Cruz, por ejemplo, el Estado debe realizar un acto de responsabilidad internacional por desaparición de personas, crear un fondo comunitario de beneficio colectivo y reintegrar las costas del juicio.
En Punta Piedra, igualmente, crear un fondo comunitario y medidas reglamentarias de proyectos mineros, que no menoscaben el poder de la consulta previa e informada del pueblo negro.
“Lo toral en todo esto es restituir los territorios ancestrales, devolver las extensiones invadidas (por las empresas abusivas) y defender el patrimonio cultural garífuna”, dijo el procurador Díaz Galeas.
La Comisión es presidida por la cancillería y la procuraduría de la República, y está consciente de todos los puntos resolutivos de las sentencias ligados al derecho a la tierra y el territorio, la cultura, la libertad de expresión, la vida, los títulos, los dominios, los daños causados por ocupación ilegal, además de servicios de educación, salud e infraestructura.
Del lado del Instituto de Antropología e Historia, el reto del Estado es asegurar la defensa del patrimonio cultural, los rasgos diferenciados, saberes y espiritualidades, en tanto que del lado del Instituto de la Propiedad es devolver la soberanía del pueblo sobre su territorio robado.
El rezago histórico que sufren las 48 comunidades garífunas es evidente durante sus 227 años aquí, pero ha sido en las últimas dos décadas que los grandes consorcios de millonarios locales se sumaron al cambio climático, a las violencias del crimen organizado y a la corrupción de los gobiernos locales, para desplazar con represión a sus pobladores.
No ha sido suficiente la resistencia negra, el poder de su lengua materna y su espiritualidad, para lograr el respeto de sus derechos humanos. Ni se ha considerado su condición de pueblo pacífico, alegre y trabajador, al contrario, con saña y racismo sistémico ha sido víctima de asesinatos, tortura y desapariciones por una élite fascista.
Y ese menosprecio, discriminación y racismo no es tolerable. Es reprochable. Sólo queda rectificar ejemplarmente. Buenas noches.
