Tegucigalpa, Honduras.- A once meses de este año, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra el asesinato de nueve personas relacionadas a los medios de comunicación en el país. Los casos permanecen en la impunidad.
El impacto contra la libertad de expresión y libertad de prensa que ha cobrado la vida de periodistas y comunicadores sociales en los departamentos de Valle, Santa Bárbara, Copán, Gracias a Dios, Olancho y Cortés, en este último, ayer sepultaron los restos de José Arita, asesinado la noche del lunes 25 de noviembre, tras culminar su programa de televisión “La hora de la verdad” en canal 12 de Puerto Visión.
-En ese mismo canal, laboraba Santiago Carvajal, un comunicador social y miembro de la diversidad sexual, que conducía el programa “La galaxia de Santi”. Fue atacado a disparos el viernes 05 de julio y falleció al siguiente día en el hospital “Mario Catarino Rivas” de San Pedro Sula-.
En el caso de Arita, se difundió en medios locales que recién salía de presentar su programa y tras detenerse a realizar una compra, fue atacado a balazos por desconocidos, quienes huyeron en un vehículo turismo, entre la segunda y tercera calle de la ciudad ubicada en la costa norte del país.
En su último programa, denunció ser excluido de algunas conferencias de prensa. “Es raro que inviten a Arita o ‘La Hora de la Verdad’ y lo digo públicamente al alcalde, a las instituciones públicas y privadas que no sé cuál es el temor que tienen que yo vaya a una conferencia de prensa”, detalla una alerta emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Según el portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvin Guzmán, las investigaciones del crimen van por buen camino, en base a declaraciones e inspecciones en cámaras municipales, privadas y del 911 (policía). Este caso se da en el uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodísticos, donde más de 80 personas trabajadoras de la comunicación has sido asesinadas.
Los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.
En 2017 no se registró ningún asesinato en este ámbito, pero el 2019 ya contabiliza a ocho hombres y una mujer, cuyas voces fueron silenciadas, justo en el país que desde 2015 tiene una Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia; y un Mecanismo Nacional de Protección que a veces desestima las peticiones de periodistas denunciantes de riesgos.
Otra formar de callar a la prensa, desde las instancias gubernamentales, es mediante leyes mordazas que se contemplan en el supuesto nuevo Código Penal que está en periodo de Vacatio Legis, y entraría en vigencia hasta mayo del 2020, pese a la oposición que este no sea aprobado, como es la exigencia de la Convergencia Contra el Continuismos (CCC), de la cual forma parte del COFADEH.
La prensa hondureña en el mundo
El informe de 2019 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), coloca a Honduras entre las naciones con peores condiciones para ejercer la libertad de prensa, ubicándolo en la posición 146 de 180 países. Siendo el tercero más peligroso en el continente; y el Centro América los supera a todos, pese a no estar en un conflicto bélico armado.
Por su parte, la organización C-Libre ha emitido (hasta el asesinato de Arita) 117 alertas por violaciones a la libertad de expresión, que van desde ataques por parte de las fuerzas represoras del régimen de Juan Hernández contra la prensa que da cobertura a protestas sociales, y asesinatos –sin investigar- en el peor de los casos.
Según monitoreo a través de medios de comunicación y en otras ocasiones de manera directa con familiares de las víctimas, el COFADEH hasta la fecha ha registrado los siguientes casos de asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales:
1.- José Arita, fue asesinado en Puerto Cortés el 25 de noviembre. Laboraba en el canal 12 de Puerto Visión.
- Johana Alvarado, una joven de 25 años, fue asesinada en Catacamas, Olancho, el jueves 21 de noviembre. Fue presentadora de noticias deportivas en el canal 45 de televisión local.
- Buenaventura Calderón Ramírez, 73 años, fue asesinado en Puerto Lempira, Gracias a Dios, el 31 de octubre. Iba acompañado de su esposa que falleció momentos después. Era comunicador social en la radio Católica, coordinador departamental del partido Libertad y Refundación (LIBRE), amante de su tierra, defensor del territorio y de su lengua materna miskita. Fue referente para el COFADEH en temas de Memoria Histórica.
- Jorge Alberto Rivas, 33 años, un joven disc-jockey (DJ), asesinado una discoteca, en Amapala, Valle.
- Kerin Francisco Cerna Hernández, 29 años, asesinado el viernes 11 de octubre en la ciudad de Ruinas, Copán. Era presentador de un programa de videos musicales en CableMar TV, animador y cantante.
- Edgar Joel Aguilar, ultimado el sábado 31 de agosto, en Nueva Arcadia, Copán. Era corresponsal de noticias de Canal 6 a nivel nacional, y presentador de noticias de CableMar TV, en la ciudad de La Entrada.
- Melvin Odil Tinoco, 46 años, ejecutado el 25 de agosto en Concepción Sur, Santa Bárbara. Era propietario de la radioemisora cristiana “Bendición” 101.9 f.m. y líder de una iglesia evangélica.
- Santiago Carvajal, murió el sábado 6 de julio luego de ser atacado a balazos en Puerto Cortés, Cortés. El comunicador social dirigía la revista de corte crítico La Galaxia de Santi, en canal 12, Puerto Visión.
- Gabriel Hernández, 54 años, asesinado el domingo 17 de marzo en Nacaome, Valle. Dirigía el programa “Hablando con el Pueblo” en Valle TV.
Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:
- Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
- Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
- Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
Fuente: OEA
