Tegucigalpa.- Hoy 15 de noviembre de 2024, se cumplen 14 años de la masacre conocida como “El Tumbador”, donde cinco campesinos fueron asesinados por guardias de seguridad, junto con elementos policiales y militares, quienes les tendieron una emboscada, masacrándolos cuando se disponían a trabajar la tierra como lo hacían todos los días.
El brutal hecho ocurrió en la finca El Tumbador de la comunidad Guadalupe Carney, en el municipio de Trujillo departamento de Colón, en el caribe de Honduras, el 15 de noviembre de 2010.
En el feroz ataque murieron los campesinos Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), y otros más resultaron heridos.
Este viernes 15 de noviembre se cumple un aniversario más de ese abominable hecho, que involucra a la seguridad del estado (militares y policías) y a agentes privados de seguridad, al servicio de los terratenientes de la zona.
De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes de ese ataque, los campesinos se encontraban trabajado la tierra, fueron atacados por guardias de seguridad y por elementos militares, enviados por la corporación Dinant, propiedad del extinto empresario Miguel Facussé Barjum.
A falta de justicia en Honduras, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2018, para que se diera a conocer el caso de los campesinos, ya que en su propio país no se hizo justicia.
El caso fue presentado a esa instancia por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras (ASFC).
La Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, señaló que todo lo que se generó y se dio en el marco del golpe militar de Estado, en el marco de todo lo que son las garantías que los y las ciudadanas tenemos, estamos demandando y esperando justicia.
“Lo lamentable con el caso de El Tumbador es que, del momento mismo, prácticamente que sucedieron los hechos, que fue algo que consternó al movimiento campesino, a los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente del departamento de Colón y al pueblo hondureño en general, se iniciaron diferentes acciones en procura de demanda de justicia a nivel nacional”.
Añadió que “lo de El Tumbador nos quedó clarísima la política de terror que cada mes y cada año se iba consolidando desde el golpe del 2009”.
Señaló que la consolidación de esa brutalidad que se originó y que se generó en todo en todo el país, iba teniendo resultados como ese, mujeres violadas sexualmente; hombres torturados, detenidos, asesinados, hijos ya sin padre que no pudieron ni siquiera conocer a sus padres y todo un desastre emocional, podríamos llamarlo en el entorno de la familia y el entorno de la comunidad, porque se trataba de sembrar el terror.
“Nosotras en ese tiempo, que estábamos trabajando directamente en el en el Aguán, y al tener la información, decidimos acompañar a la familia y acompañarla desde todo punto de vista”.
Añadió que la actitud asumida por los entes operadores de justicia, especialmente por el Ministerio Público, que se apersonaba a los lugares, no para recoger evidencia de los hechos ocurridos en los lugares, sino para borrar las evidencias.
“Se convirtió, y cada vez nosotros íbamos viendo y teníamos razón para denunciarlo y decirlo, que el Ministerio Público, a nivel nacional, se convertía en una lavandería de los hechos, para librar de responsabilidad a los actores, a los ejecutores y trasladar esa responsabilidad a las víctimas o a los demandantes de justicia”, señaló.
La coordinadora general del COFADEH expresó que ese fue el patrón que se quedó claro en la mayoría de los casos, pero especialmente tenemos con mayor conciencia con El Tumbador.
“Miramos que la reclamación de justicia en el país estaba muy lejos de llegar, y que, al contrario, podrían resultar responsables los familiares y las víctimas que los victimarios. Por eso, colocamos nuestra preocupación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, como ocurre, el primer lugar es ante la Comisión Interamericana”.
Dijo que “los resultados de una denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva su tiempo y que no es a corto plazo, pero que al final de cuentas, casi siempre se termina dándole la razón a las a las víctimas”.
Añadió que lamentablemente ya algunas de las mujeres que quedaron con sus hijos tiernos, una de las esposas de uno de los mártires de El Tumbador, tenía ni siquiera un mes de haber parido, de haber dado a luz.
Sostuvo que esa madre fue sujeta de persecución de todo el terrorismo que desde el estado se promovía, y que hace quizá unos ocho días falleció, donde la carga de criar ya hijos en orfandad, en soledad y con terror, no fue fácil.
María Concepción Membreño, esposa de Teodoro Acosta, una de las víctimas de ese hecho fatídico, fue quien hace 10 días partió de este mundo con la esperanza de justicia.
Concepción al momento que ocurrieron los hechos tenía tan solo días de haber dado a luz a un niño, que nunca conoció a su padre y que el resto de sus hijos menores también tuvieron que crecer sin esa figura.
Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes tienen la esperanza que ahora que el caso ha sido llevado al ámbito internacional, se haga justicia.
Al cumplirse 14 años de este hecho, los familiares de las víctimas y las sobrevientas, siguen exigiendo justicia, ya que no ha sido fácil, porque es un proceso tardado, por el grado de impunidad que impera en el país. Han dejado en claro que no descansarán hasta que se logre reivindicar la memoria de las víctimas.
El Cofadeh desde que conoció del hecho criminal le ha dado apoyo a las familias, quienes ha tenido que salir adelante con sus hijos con muchas dificultades, ya que algunos y algunas, debido a lo sucedido, desarrollaron enfermedades que les dificulta trabajar, pero, pese a eso, no se han rendido para salir adelante.
