Tegucigalpa, Honduras. – Este 12 de agosto marca 12 años en una incansable lucha en búsqueda de justicia para los primeros presos políticos del Golpe de Estado, ejecutado el 28 de junio de 2009.
Es un grupo de 26 hombres y mujeres que fueron capturados y torturados en el centro de Tegucigalpa, al terminar una movilización pacífica contra el golpe de Estado. Agentes policiales los llevaron al cuartel del comando especial “COBRAS”, dirigido por el Policía Elder Madrid Guerra, siendo esta una cárcel ilegal, donde continuó el maltrato para después judicializarlos.
En este caso, Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), declaró que “lo que se ha venido dando en todo este proceso, ratifica los altos niveles de impunidad y el control que tiene el Sistema de Justicia en las víctimas que hacen acciones de manifestación pública”.
La detención ilegal y brutal tortura que fueron víctimas los compañeros y compañeras, el 12 de agosto de 2009, es una demostración del Estado en cuanto a su irresponsabilidad y su poco o nada de interés en sancionar en tiempo y forma a los responsables, porque hay algo que se dice y reza muy bien “justicia tardía no es justicia”, agregó Oliva.
El COFADEH acompaña a este grupo de sobrevivientes desde el primer día que fueron capturados y los representa legalmente desde que fueron criminalizados y posteriormente en la búsqueda de reparación y justicia, acusando seis agentes policiales por las violaciones de lesa humanidad, aunque el autor intelectual falleció en 2018, siendo arropado por la impunidad judicial que lo sobreseyó de sus delitos.
“Y miré todo lo que ha pasado en este tiempo, uno de los principales señalados como responsables de la detención arbitraria y el martirio ideológico que sufrieron los compañeros, ya está muerto, el señor Elder Madrid, que en esa época del 2009 fue visto cometiendo varias violaciones a los derechos humanos”, agregó Berta Oliva.
En este proceso que está a espera de juicio Oral y Público, en una ocasión el juez a cargo le preguntó a las víctimas ¿Para qué quieren una condena? Tras fallar la audiencia de conciliación en favor de José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos (única en servicio en 2018).
Oliva agregó “de qué sirve que el Tribunal encuentre responsables a los que están nombrados en como victimarios, sí ya no pueden ni siquiera pagar por ese crimen, ya no existen ni el resto de los que lo acompañaban, por que se nombró a una Comisión de Investigación Depuradora de la Policía, y depuran a los que les estorban. Es posible que ya ni conozcamos el paradero de estos elementos que estuvieron involucradas en el tema”.
Además, se demuestra en estos 12 años la total inacción del Sistema de Justicia, los operadores de Justicia han demostrado y han ratificado una vez más que ellos están a favor de los victimarios y nunca se colocan a favor de las víctimas. Cabe señalar que los policías acusados apenas tienen medidas sustitutivas a la prisión, algunos hasta salen del país.
Cuando se les acusó por agresiones, torturas y abuso de autoridad, los ejecutores judiciales se fueron encargando de dejar únicamente el delito de vejámenes, o sea el mas leve. “Todo eso es lo que se da durante el proceso, por un lado, a los victimarios les bajan los cargos y las responsabilidades que se les imputan, casi que los exoneran de responsabilidad”, lamentó Oliva.
Pero, “si le damos vuelta la tortilla” usted va y acompaña legalmente a una víctima de ellos mismos, por hacer actos de manifestación pública, les ponen cargos que ya en los juicios no se los puede sustentar; y aunque no los puedan sustentar, siempre los condenan a prisión o lo más grave, es que están utilizando ahora es permitirles -según ellos- que se defiendan en libertad, pero con unas prohibiciones tan enormes como dejarlos fuera de sus comunidad y eso es gravísimo, es expatriarlos de su tierra, despojarlos de sus hogares.
Berta Oliva, considera que ese es un mensaje horrible y el Sistema de Justicia está obligado a enviar señales de moral, ética e independencia, lo que hasta ahora nos ha mandado es la parcialidad absoluta y que haya sido las columnas columna vertebral para que la dictadura se consolide.
Daños irreparables
Para Mabel López, es imposible olvidar que hoy conmemoran el 12 aniversario que del día en que fueron víctimas de vejámenes, torturas y daños psicológicos junto a 25 compañeros, después de desalojo violento por parte de la policía contra los manifestantes opositores al Golpe de Estado.
“Seguimos siendo víctimas todos los hondureños porque todos fuimos afectados con el rompimiento del orden constitucional en el 2009, todos estamos denunciando la injusticia, porque como vivimos, no podemos llamar de otra manera a un Sistema de Justicia que solo está a favor de los de ‘cuello blanco’ y los que violentan los derechos humanos, a esa justicia no tenemos acceso los ciudadanos comunes de este país justica”, agregó la profesora Mabel, quien vive en Choluteca.
“Justicia tardía ya no es justicia” expresó la profesora, coincidiendo el dicho con Berta Oliva.
“Pero aun así, exigimos que se castigue a los agresores, a los policías y oficiales que comandaban ese operativo en el que fuimos víctimas tantos compañeros, recuerden que desde Isy Obed Murillo que fue la primera víctima del Golpe de Estado, se dieron muchas muertes y siguen muriendo personas por la inseguridad. Muchas personas seguimos siendo prisioneras, víctimas de este sistema que ya no se soporta en el país”.
“Hasta que salga esta narco-dictadura podríamos ver una luz en el camino, este régimen entregó la Empresa de Energía Honduras (EEH) está en quiebra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ponen en práctica las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que son ‘estaditos’ dentro del Estado de Honduras y están vendiendo la soberanía del país, por eso debemos sacar esta narco-dictadura”, concluyó Mabel López, quien en esta docena de años ha seguido siendo víctima de ataques policiales.
Víctimas sin justicia
Las víctimas fueron acusados de victimarios, procesados, y solo nueve años después lograron su carta de Libertad Definitiva firmada por la jueza número 14, Sonia Hortensia Salgado, pero fue bajo la figura de “extinción o prescripción de la pena” por los delitos de robo, sedición y manifestación ilícita, detalló la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia de COFADEH.
José Natividad Pérez Lorenzo, (La Paz) “Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
De Comayagua, La Paz, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán son originarios los y las manifestantes entre ellos maestras, luchadores sociales, campesinos, obreros, indígenas y estudiantes, también comunicadores sociales que daban cobertura al violento desalojo, y transeúntes. No se respetó a nadie, entre los torturados había adultos mayores y menores de edad.
Fueron dos mujeres, dos personas menores de edad y 22 hombres: Alba Leticia Ochoa, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera, José Natividad Pérez Lorenzo, Gerardo Arturo Flores, Emerson Rosikler Barahona, Daniel Cárcamo Sánchez, Magdaleno Lazo Pineda, Allan Samuel Cruz, Rosario Vásquez y Oslin Daniel George Cantillano.
Además, José Lino Ávila, Justo Pastor Mondragón, Óscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña, Darwin Isaac Amaya, Sergio Raúl Jerezano, Wilmer Orlando López, Santos René Herrera, Mario Rodrigo Ardón, Florentino Izaguirre, Lisandro Gómez, Oscar Manuel Murillo, Darwin Said Hernández, y Milko Durán Céspedes (de nacionalidad colombiana y venezolana) que se encontraba haciendo turismo en Honduras.
A los hombres se les obligó a permanecer acostados en el piso, boca abajo, sin zapatos y sin camisa, mientras eran golpeados con puntapiés y “toletazos” por los policías y militares; las mujeres fueron golpeadas por miembros de la policía femenina, relata el informe “La voz más autorizada es la de las víctimas”, publicado en 2013 por la Comisión de Verdad.
COFADEH presentó la documentación requerida para lograr su libertad en audiencia de presentación, pero algunos de los compañeros que no eran de la capital, permanecieron varios días privados de libertad.
Cargan sobre ellos el estigma del momento, la pérdida de empleo, golpes y afectaciones emocionales. El tener que ir a los juzgados a firmar libros de imputados generaba gastos económicos y la larga búsqueda de una justicia que aún no llega.
En ese entonces, COFADEH presentó un video en el que se observaba que una agente de la policía femenina daba puñetazos a Alba Ochoa mientras otras dos la empujaban y obligaban a permanecer tirada en el piso, con la cabeza hacia abajo. El Juez de garantías al observar el video resolvió “el video demuestra que la señora Alba Ochoa si andaba en la manifestación”, ignorando deliberadamente las violaciones a derechos humanos que habían sido objeto.
Justo Pastor Maradiaga, (Comayagua), me detuvieron porque le dije a los policías que dejaran de golpear a un niño, entonces me trataron mal y lo empezaron a golpear, uniéndome al grupo seguimos no buscando justicia.
Para el 2103, se cerraba el caso en favor de los policías implicados, declarándolos inocentes. COFADEH y las víctimas en su afán verdad y justicia no permitieron que el caso quedara impune, por lo que, al agotar el procedimiento interno, quedaba el internacional.
Pero en el 2018, las víctimas acompañadas y COFADEH, como su representante legal, fueron notificadas que el Juzgado revocaba la libertad definitiva, y los agentes policiales volverían al banquillo de los acusados.
Con la pandemia por el COVID-19 este juicio sigue en espera de un espacio en la agenda judicial, así como los cientos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos desde el 28 de junio de 2009, cuando el Poder Ejecutivo fue usurpado por el liberal Roberto Micheletti Baín y las Fuerzas Armadas, al deponer al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.
El pueblo agarró como su escudo de lucha el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras que expresa: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Las víctimas del Golpe de Estado son incontables, la Comisión de Verdad, en su informe “La voz más autorizada es la de las víctimas” recopiló 1,966 testimonios junto a organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas COFADEH, e insta a investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales identificados en el documento.
