Tegucigalpa, Honduras. – ¡Increíble 11 años ya! Es la expresión entre las víctimas de lesa humanidad que el 12 de agosto de 2009 fueron detenidas, torturadas y llevadas a una cárcel clandestina donde funcionaba el Escuadro COBRAS, comandado por Elder Madrid Guerra.
Pero lo que les parece increíble no es tanto los 11 años de sobrevivencia, sino la impunidad en todo este tiempo, donde han sido no solo víctimas, sino acusados de victimarios, procesados, hasta hace lograron su carta de sobreseimiento definitivo donde se les acusaba de atentar contra el Estado de Honduras, entre otros delitos que se les imputó cuando participaban en una movilización contra el Golpe de Estado.
José Natividad Pérez Lorenzo, (La Paz) “Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
De Comayagua, La Paz, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán son originarios los y las manifestantes entre ellos maestras, luchadores sociales, campesinos, obreros, indígenas y estudiantes, también comunicadores sociales que daban cobertura al violento desalojo, y transeúntes. No se respetó a nadie, entre los torturados había adultos mayores y menores de edad.
26 personas fueron detenidas (dos mujeres, dos personas menores de edad y 22 hombres), Alba Leticia Ochoa, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera, José Natividad Pérez Lorenzo, Gerardo Arturo Flores, Emerson Rosikler Barahona, Daniel Cárcamo Sánchez, Magdaleno Lazo Pineda, Allan Samuel Cruz, Rosario Vásquez y Oslin Daniel George Cantillano.
Además, José Lino Ávila, Justo Pastor Mondragón, Óscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña, Darwin Isaac Amaya, Sergio Raúl Jerezano, Wilmer Orlando López, Santos René Herrera, Mario Rodrigo Ardón, Florentino Izaguirre, Lisandro Gómez, Oscar Manuel Murillo, Darwin Said Hernández, y Milko Durán Céspedes (de nacionalidad colombiana y venezolana) que se encontraba haciendo turismo en Honduras.
A los hombres se les obligó a permanecer acostados en el piso, boca abajo, sin zapatos y sin camisa, mientras eran golpeados con puntapiés y “toletazos” por los policías y militares; las mujeres fueron golpeadas por miembros de la policía femenina, relata el informe “La voz más autorizada es la de las víctimas”, publicado en 2013 por la Comisión de Verdad.
Mabel López, (Choluteca) desde aquel 12 de agosto del 2009, la vida me cambió, se siente temor, e incluso impotencia al ver policías y militares que, en lugar de proteger a la población, más bien los agreden.
COFADEH presentó la documentación requerida para lograr su libertad en audiencia de presentación, pero algunos de los compañeros que no eran de la capital, permanecieron varios días privados de libertad.
La vida les cambió, no solo fue el estigma del momento, sino la pérdida de empleo, golpes y afectaciones emocionales. El tener que ir a los juzgados a firmar libros de imputados generaba gastos económicos y la larga búsqueda de una justicia que aún no llega.
Las víctimas eran –según el sistema judicial- los victimarios, y por eso fueron sometidos a medidas sustitutivas a la prisión desde hace 11 años.
En ese entonces, COFADEH presentó un video en el que se observaba que una agente de la policía femenina daba puñetazos a Alba Ochoa mientras otras dos la empujaban y obligaban a permanecer tirada en el piso, con la cabeza hacia abajo. El Juez de garantías al observar el video resolvió «el video demuestra que la señora Alba Ochoa si andaba en la manifestación», ignorando deliberadamente las violaciones a derechos humanos que habían sido objeto.
Hasta mayo de 2019, la jueza número 14, Sonia Hortensia Salgado, otorgó carta de Libertad Definitiva a primeros presos políticos del golpe de Estado del 2009. Pero fue bajo la figura de “extinción o prescripción de la pena” por los delitos de robo, sedición y manifestación ilícita, detalló ese día la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia de COFADEH.
Por de vejámenes, abuso de autoridad, tortura y detención ilegal, las víctimas y COFADEH que coordina Berta Oliva, iniciaron el proceso legal contra los agentes policiales que los atacaron, logrando identificar a los ahora policías en retiro José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos (única en servicio), representados por abogados privados quienes propusieron una posible conciliación.
Justo Pastor Maradiaga, (Comayagua), me detuvieron porque le dije a los policías que dejaran de golpear a un niño, entonces me trataron mal y lo empezaron a golpear, uniéndome al grupo seguimos no buscando justicia.
Para el 2103, se cerraba el caso en favor de los policías implicados, declarándolos inocentes. El COFADEH y las víctimas en su afán verdad y justicia no permitieron que el caso quedara impune, por lo que, al agotar el procedimiento interno, quedaba el internacional.
Pero en el 2018, las víctimas acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como su representante legal, fueron notificadas que el Juzgado revocaba la libertad definitiva, y los agentes policiales volverían al banquillo de los acusados.
Este caso es una muestra que, el sistema judicial actúa diligentemente hasta bajando los delitos de los violadores de los derechos humanos, que sólo serán juzgados por vejámenes. Mientras que, para las víctimas impone delitos o dilata la impartición de justicia, ha manifestado Oliva.
En las audiencias para acordar el juicio oral y público contra los agresores, sus defensas legales quienes propusieron una conciliación. “Casi una década siendo sometidos por el sistema judicial, pensamos que pedir conciliación es otra de las estrategias para dilatar el proceso en este sistema corrupto e impune”, declaró a Defensores en Línea, la documentalista Alba Ochoa.
El 28 de junio de 2009, el Poder Ejecutivo fue usurpado por el liberal Roberto Micheletti Baín y las Fuerzas Armadas, cuando fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.
El pueblo agarró como su escudo de lucha el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras que expresa: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Alba Ochoa (Tegucigalpa), es un proceso largo, donde lo que buscan es cansarlos, pero no lo van a lograr, no es fácil estar recordando todo lo que vivieron, pero es parte de este camino, en el que, cuando se enfrenta a los policías acusados, sin uniformes, armas, ni toletes, “no pueden sostener la mirada”.
Las víctimas del Golpe de Estado son incontables, la Comisión de Verdad, en su informe “La voz más autorizada es la de las víctimas” recopiló 1,966 testimonios junto a organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas COFADEH, e insta a investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales identificados en el documento.
Once años esperando justicia, el grupo de sobrevivientes no se cansan ante el tardado sistema de justicia, que aún no da fecha para el juicio oral y público contra tres hombres y dos mujeres, que abusaron se su uniforme policial para torturar, golpear y prácticamente secuestrar a 26 personas encerradas en celdas del escuadrón COBRAS sin atención medica ni demás asistencia, la noche entre el 12 y 13 de agosto de 2009.
