The Hill. Rep. Jan Schakowsky (D-Ill.).
Hace diez años, el 28 de junio 2009, un general entrenado en la Escuela de las Américas de las Fuerzas Armadas de los Estado Unidos, llego con tropas a la casa del presidente de Honduras, Manuel Zelaya y lo forzó, a punto de armas, abordo un avión con destino a Costa Rica. Un presidente interino fue nombrado por la oposición política quien rápidamente fue legitimado por los Estado Unidos.
Los Estados Unidos ha continuado apoyando administraciones sucesivas en Honduras, a pesar de elecciones marcados por fraude, compra de votos y asesinatos. Los Estados Unidos envía ayuda a las fuerzas armadas y la policía de Honduras aun cuando estas fuerzas de seguridad han recibido órdenes de golpear y disparar sobre manifestantes no-violentas y hay informes creíbles de la formación de escuadrones de la muerte para asesinar periodistas y ciudadanos trabajando para el cambio social. Una de estas ciudadanas fue la activista para el medio ambiente, Berta Cáceres. No hay justicia por los responsables de estos crimines.
Los diez años de golpe de estado han resultado en más pobreza, la privatización de bienes sociales que asegura que servicios básicos están fuera del alcance de los pobres, violencia de carteles de drogas y fuerzas de seguridad estatales en contra de los ciudadanos de Honduras, violaciones de derechos humanos y cívicos, corrupción y un aumento dramático de migración de refugiados huyendo del país, muchos hacia los Estados Unidos. Casi 70 % de los Hondureños viven en pobreza y Honduras ahora tiene la mayor tasa de inequidad en distribución de riqueza en América Latina. Un narco-gobierno ha sido consolidado alrededor del Presidente Juan Orlando Hernández, quien nombro un jefe nacional de la policía y un jefe de seguridad nacional, vinculados con carteles. El Presidente y su hermana han sido investigados por la Agencia de Control de Drogas de los EEUU por tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero, y su hermano y otros oficiales involucrados en el golpe de estado han sido encarcelados en los EEUU donde esperan juicio por los mismos cargos. Y aun así, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para la administración de Hernández, continúa.
Desde Abril, protestas masivas y continuas por parte de doctores, enfermeras y maestros en contra de la privatización de los servicios de educación y salud han sido realizados en Honduras. El Presidente Hernández ordenó sus fuerzas de seguridad a atacar los protestantes; algunos han rehusado hacerlo. ¿Y los Estados Unidos quiere seguir apoyando un líder como este?
Bajo estas circunstancias, es vergonzoso que nuestro gobierno sigue enviando asistencia a este gobierno ilegitimo y corrupto en Honduras. En particular, la asistencia en materia de seguridad sirve para empoderar un presidente dictatorial quien abusa el poder y hace cómplice nuestro país en los abusos de derechos humanos de su régimen. Ya es tiempo que mis colegas en la Cámara de Representantes co-auspician la propuesta de ley H.R. 1945, la ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, lo cual suspendería la asistencia de los Estados Unidos para la fuerzas armadas y la policía de Honduras hasta que se establece que han cesado sus violaciones de los derechos humanos y la impunidad por los crímenes que han cometido.
Schakowsky representa el Distrito 9 del estado de Illinois y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
