ZEDES, proyectos extractivistas, persecución y criminalización amenazan a pueblos originarios

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Tegucigalpa.

Por Marvin Palacios
El Informe preliminar de la Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Honduras Delegation 2016, destaca en su informe preliminar presentado a la prensa en esta capital,  que las inversiones turísticas, las ciudades modelo, los proyectos extractivos y la criminalización de liderazgos, amenazan a los pueblos originarios de Honduras.

Del 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó la visita a Honduras de la delegación de la Red Solidaria Independiente Europea “Honduras Delegation”. La Red se formó un
año después del golpe de Estado de 2009.

Esta es  la  quinta misión europea que se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.

La misión estuvo en la zona central y norte del país, visitando alrededor de 18 diferentes organizaciones, como Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS y COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras), entre otras,  para conocer la coyuntura  político social actual y los desafíos que enfrentan.

En el transcurso del viaje los delegados internacionales se  reunieron en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), comunidades Tolupanes del departamento de Yoro coordinadas con el Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia  (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y comunidades lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el departamento de Intibucá.

En nuestra visita hemos identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción de espacios para los actores de articulación político social, dijo Andrés Schmidt a www.defensoresenlinea.com

Schmid explicó que los casos más emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo, son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital Canadiense), la instalación de una refinería de petróleo en territorios garífunas y la implementación de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”. El impacto directo que causan estos proyectos es la usurpación de las tierras comunales del pueblo garífuna, que significa el desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades.

Luego en el departamento de Yoro, las comunidades tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por empresas madereras y la extracción clandestina de yacimientos de antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.

Por otra parte el defensor de derechos humanos alemán comentó que la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo Energéticos S. A.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia de las comunidades de Rio Blanco.

El proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica).

También participa la compañía Voith-Hydro, empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, que entregará las turbinas al proyecto.

La misión afirma que la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se está impulsando sin una consulta previa, libre e informada, como lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que  ha roto el tejido social de las comunidades, he incrementando los niveles de violencia por parte de la policía, militares, seguridad privada y sicarios.

Las comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra los defensores y sus familias, destaca el informe.

Varios lencas como el líder indígena Tomas García (2013) y la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas (COPINH) Berta Cáceres (2016) fueron asesinados. La mayoría de estos actos han quedado impunes.

Representantes de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de los Derechos Humanos”, destaca el informe dado a conocer a los medios de comunicación.

Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus oficinas, atentados directos y torturas.

Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de comunicación y declaraciones de funcionarios del Gobierno han sido participes de campañas de difamación contra organizaciones e individuos.

Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y garífunas que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y transparente, subraya la publicación.

Compartimos su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo, espacios creativos y abiertos.

La Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Honduras Delegation 2016, al estado de Honduras demanda lo siguiente:

• La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a su reconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las comunidades indígenas y Garífunas.

• Parar la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.

• Cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.

• Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (2015).

• No aprobar el Articulo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales.

• Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato.

Además exigimos a los organismos internacionales:

• Detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente e ignoran convenios internacionales.

• Cuestionar la cooperación internacional en favor de una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.

• No financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un sistema de justicia altamente controvertido.

• Crear espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña.