Persecución y criminalización son una constante en contra de indígenas lencas en La Paz

La OACNUDH destacó que de acuerdo a los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable

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Los desalojos han sido violentos y producto de ello varios campesinos resultaron heridos de bala y de golpes contundentes

Tegucigalpa.

Por Marvin Palacios
Nueves campesinos indígenas lencas del departamento de La Paz están siendo criminalizados por la Fiscalía al pretender agenciarse un pedazo de tierra para la sobrevivencia de sus familias.

Son 9 familias aglutinadas en la base campesina 9 de julio, pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), sobre quienes pesan el estigma y la criminalización en un país, donde los procesos de reforma agraria se han estancado.

La Base campesina 9 de Julio ha enfrentado 28 desalojos violentos desde que se asentó en un predio situado en la zona conocida como Las Huertas, en San Pedro de Tutule, La Paz.

En el desalojo forzoso ejecutado el 13 de enero de este año, las fuerzas de seguridad portaron armas de fuego y usaron bombas lacrimógenas, incluso hora y media después de que se había logrado el control y la dispersión de los campesinos, según hechos verificados por dos Oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que estuvieron presentes en el lugar.

Producto de ese brutal desalojo resultó herido de bala en una de sus piernas el dirigente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Víctor Vásquez que llegó de la comunidad de Sinpinula, en el municipio de Santa María,  para registrar en video las violaciones de derechos humanos.

desalojo tutule2Asimismo resultó  con heridas en una de sus manos,  David Mendoza López, cuando una bomba lacrimógena  disparada por agentes policiales, impactó en su humanidad.

Cabe resaltar que en otro brutal desalojo protagonizado por las fuerzas de seguridad del Estado el 11 de mayo de 2016, Johnny Alfredo Mejía y Edwin Murillo, resultaron heridos de bala y Nadia Sarai Palomo, quien estaba embarazada, abortó a su criatura, producto de la inhalación de los gases lacrimógenos y los nervios de los cuales fue presa, a raíz de la represión.

La OACNUDH destacó que de acuerdo a los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable, previo a un estudio del impacto del desalojo y reubicación y tras agotar los recursos judiciales oportunos. La Oficina ha constatado que el Juzgado de Letras de La Paz tenía conocimiento de un recurso de amparo pendiente de resolverse, lo que dejaba en suspenso la ejecución del desalojo.

Asimismo, destacamos que los desalojos forzosos no implican necesariamente el uso de la fuerza y que únicamente se empleará apegándose a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, recordando que las armas de fuego y el uso de gases lacrimógenos no deben utilizarse en desalojos forzosos.

El Secretario de Asuntos Legales en la regional de la CNTC en La Paz, Fabricio Velásquez dijo que “nosotros por parte de la 9 de julio tenemos órdenes de captura y la situación es que nos sentimos atemorizados y todo porque la represión y la persecución es constante, porque para hacer cualquier diligencia tenemos que usar estrategias, porque ya no podemos ser tan visibles debido a la persecución”.

“…Cuando nosotros entramos ahí, las tierras estaban ociosas, ahora esas tierras tienen otro panorama…”

Velásquez indicó que las autoridades los han tomado como terroristas, los persiguen, los ligan al crimen organizado, “cuando en lo único que trabaja la organización es en la recuperación de tierras”.

Pese a que la policía asegura que los efectivos no utilizan armas de fuego durante los desalojos. En el desalojo ejecutadovel 11 de mayo de 2016, uno de los campesinos fue herido en su pierna derecha por una bala calibre 9 mm; cuya pistola es de uso oficial.
Pese a que la policía asegura que los efectivos no utilizan armas de fuego durante los desalojos. En el desalojo ejecutado el 11 de mayo de 2016, uno de los campesinos fue herido en su pierna derecha por una bala calibre 9 mm; cuya pistola es de uso oficial.

La recuperación de tierras que hizo la base campesina 9 de Julio en el lugar conocido como Las Huertas, municipio de San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz, se produjo en el año 2010.

“Cuando nosotros entramos ahí, las tierras estaban ociosas, ahora esas tierras tienen otro panorama por el trabajo de nosotros e incluso por esa razón, es que el señor terrateniente (Carlos Benjamín Arriaga) se ha querido adueñar más ahora de las tierras antes del 2010 y dice que esos trabajos son de él, cuando el trabajo de las tierras ha sido de nosotros”, aseguró el dirigente de la CNTC.

Son 9 familias que durante 7 años se han dedicado a la siembra de café, huertas y en las temporadas apropiadas, siembran  granos básicos como maíz y frijoles.

Según los campesinos indígenas,  autoridades locales y terratenientes estarían confabulados con los operadores de justicia para perseguir y criminalizar a las comunidades.

El pasado 4 de mayo de 2017,  el Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) estuvo como observador en la audiencia inicial contra el campesino indígena lenca Carlos Geovanny López Calix que estuvo el 13 de enero de este año, durante el violento desalojo ejecutado por policías y militares contra la comunidad campesina 9 de julio.

En Audiencia Inicial, el Juez de Letras de lo Penal del departamento de La Paz, Hugo López,  resolvió otorgar sobreseimiento provisional por el delito de amenazas y decretó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión,  por el delito de atentado contra la seguridad interna del estado, en la causa que se sigue contra el campesino indígena lenca, Carlos Jeovanny López Cálix.

La pena por dicho delito va de 2 a 4 años de reclusión y una multa de 30 a 60 mil lempiras. El Código Penal señala que serán acusados de atentado contra la seguridad del estado aquellas personas que al participar en manifestaciones ilícitas,  realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas.

Al campesino  Carlos Jeovanny López Cálix,  que inicialmente estaba acusado de usurpación de tierras, al ser capturado y trasladado a los juzgados de La Paz, la Fiscalía amplió requerimiento fiscal acusándolo también de  atentar contra la seguridad del estado, desarmar a un oficial de las Fuerzas Armadas, proferir amenazas a muerte y golpear a 6 policías.

López Cálix  que estuvo en prisión durante 10 días dijo a www.defefensoresenlinea.com que  “todavía estoy enjuiciado por eso y no sé cómo voy a salir en la otra audiencia, se me complica ir a firmar a los juzgados de La Paz, porque pierdo el día de trabajo, el pasaje y los riesgos que uno corre en el camino, porque tengo miedo de que me vayan a hacer algo”.

Aparte de López Cálix,  8 campesinos que son miembros de la comunidad  9 de julio, enfrentan órdenes de captura por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio del terrateniente Carlos Benjamín Arriaga, quien reside en Comayagua.  El COFADEH ha asumido la representación legal de los campesinos indígenas lencas que están siendo perseguidos y criminalizados por participar en la recuperación de tierras.