Para los defensores de la tierra, la libertad no se negocia

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Abel Perez y Santos Hernández, fueron condenados por el Tribunal de Choluteca

Tegucigalpa.

Por Sandra Rodríguez
Más de 100 días en prisión, es el tiempo que estuvieron los defensores por el derecho a la tierra Abel Pérez y Santos Hernández en la cárcel de Nacaome, Valle, al sur de Honduras, en un proceso que se les acusa de usurpación, daños y  amenazas contra Jorge Luis Cassis Leiva, supuesto dueño de las tierras que ellos utilizaron como parqueo provisional en la comunidad de Playa Blanca, durante la Semana Santa del 2015.

También está acusado Tomás Cruz, a los tres campesinos se les dictó medidas sustitutivas a la prisión de ir a firmar cada quince días al juzgado de Amapala, no acercarse al lugar en litigio, no acercarse al denunciante y no salir del país, desde hace un año.

Por falta de recursos económicos, Pérez y Hernández no asistieron en el tiempo  correspondiente a firmar, pues hay que pagar un viaje en lancha hasta la Isla del Tigre, donde está el Juzgado, fue así que tras una audiencia de revisión de medidas, el pasado 17 de mayo, la jueza  Iris Amanda Hernández, determinó enviarlos a la prisión de Nacaome.

Unas semanas después las representantes legales de parte de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Denia Castillo; y del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas, solicitaron una audiencia de revisión de medidas ante la injusta impuesta por la Jueza.

Esa debía ser hasta pasados tres meses, por lo que ayer fueron dejados en libertad provisional, con las medidas que tenían desde el inicio del proceso penal.

Los delitos que se les imputan no son de gravedad, por lo que estar tres meses en la cárcel fue desproporcionado, pues la jueza pudo haber decretado ampliación de medidas, siendo la prisión preventiva la excepción a la regla. Además el delito de usurpación subsume a los otros dos, pero a los campesinos se les persigue por los tres delitos, explicó Cárdenas.

Ahora se quedará a la espera del juicio oral y público, estipulado para el próximo 5 de octubre, en el que se va a demostrar que los defensores no han pretendido quedarse con el terreno que desde siempre se ha considerado como un lugar de paso y parqueo para las personas que van a la playa.

Para Abel y Santos, estar fuera de prisión es volver a disfrutar de la naturaleza, del verde de los paisajes, pues allá solo los rodeaba el color gris del cemento de las paredes. A excepción de cuando se agachaban al nivel del suelo, donde está un pequeño agujero de un desagüe, al inicio veíamos a otros privados de libertad hacer lo mismo, es que es la única forma de ver la naturaleza, era una milpa que siembran los compañeros a punto de cumplir condena.

Se ha perdido la noción del tiempo, los defensores sólo sabían el 19  de agosto cumplían tres meses en el encierro.  “Ayer nos dieron libertada condicional, aún no hemos llegado a la casa, pero pronto podré abrazar a mis hijos”, expresó Abel, quien es además miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).

Estar en prisión es una experiencia que ni en sueños pensaron vivir, la vida de un privado de libertad es difícil, sobre todo para las personas que no reciben ninguna visita, “gracias a Dios nosotros desde el inicio recibíamos visitas de parte de los y las amigas de las organizaciones que nos apoyaron y de nuestra familia”, continuó Abel.

Agregó que “para tratar de que pase el tiempo hay que buscar a hacer algo, porque si uno se duerme, al despertarse cree que es otro día, y apenas pasaron dos horas”.

Estas son cosas que pasan, nos da fortaleza para continuar la lucha, sería largo que no valió la pena, fueron más de 100 días sin luchar, por lo que se debe recuperar el tiempo perdido.
Voy a continuar defendiendo los derechos humanos, defendiendo nuestro territorio y el  futuro de nuestros hijos, porque nosotros ya estamos  en la lucha y vamos a seguir.

Abel, envió un mensaje de ánimo y fortaleza a los demás campesinos que están en prisión, que no pierdan la esperanza y sigamos haciendo una lucha conjunta con las organizaciones sociales que están cerca y con todas que se pueda hacer articulación, porque la liberación de nosotros fue gracias a las organizaciones de afuera. Porque dentro de la prisión uno se siente impotente, desde la cárcel no se puede hacer mucho, sino confiar en las personas que nos apoyan.

Por su parte Santos Hernández, agradeció todo el apoyo recibido desde el COFADEH y ADEPZA, el hecho de estar pendientes de su familia, su hijo de cinco años, y  también reafirma que la lucha va a continuar, más cuando viven casi cercados por muros construidos por los terratenientes en Playa Blanca.

El caso fue conocido en el mundo

La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, expresó que “este es un caso de estigmatización y criminalización de defensores de ddhh en el sur, creíamos que por ese motivo la liberación de Abel y Santos sería más difícil, pues son defensores reconocidos Abel es miembro activo de la REDEHSUR y ambos de ADEPZA”.

Por ese motivo trabajamos conjuntamente en la mejor estrategia  para incidir desde la parte legal que revisaba constantemente el caso desde los jueces y fiscales. Ayer no los entregaron con medidas sustitutivas, pero están fuera de prisión.

El caso se tomó como prioridad desde sus compañeros en la REDEHSUR y ADEPZA, y lo colocamos en un nivel de alto debate con entidades nacionales e internacional tales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Era someterse a los campesinos al capricho y antojo del terrateniente y quienes tienen el poder. Vamos a seguir derrotando con la verdad la injusticia.

Vemos una estrategia planificada porque por los delitos que se les imputan son menores y les aplican medidas más fuertes, ellos no están desafiando el sistema con el incumplimiento de medidas, sino que no tenían los medios económicos suficientes. Ellos no querían desafiar a la autoridad, pues quien va a querer ir a una cárcel, aún más con el sistema penitenciario que tenemos en el país.

Ahora hay que trabajar en la estrategia de este caso y los demás que se llevan en el sur del país, una zona que se pretende para una ciudad de desarrollo, sometimiento, crueldad y expulsión, encaminada a oprimir más a las mayorías que es el pueblo hondureño.

Pedro Canales, presidente de la ADEPZA, expuso que la situación de la libertad provisional es favorable, pero hay que esperar a que en el juicio del 5 de octubre la libertad sea definitiva, ya que la verdad está de parte de los y las campesinas, por lo tanto los jueces tienen que ser imparciales.

Don Faustino Pérez, es el padre de Abel, desde el 2002 está en la lucha por la liberación de la tierras en Zacate Grande, por lo que su apoyo es incondicional para su hijo, a grado que está a cargo de sus nietos, especialmente en estos tres meses muy difíciles, sin contar con la presencia de su hijo.

Es lamentable que estas injusticias se den en nuestra tierra, expresó Danilo Corrales, miembro de la REDEHSUR, quien está procesado pro usurpación de tierras desde el 2008, tiene medidas sustitutivas a la prisión junto a 36 compañeros y compañeras.

En muchas ocasiones llegan representantes de los terratenientes a ofrecerles cosas o condicionar sus acciones para que no sigan con el proceso de defensa de tierras, a cambio les ofrecen quitarles las acusaciones penales, pero afirman los y las defensoras de la tierra, que la libertad no es negociable.

“hemos vivido lo peor, estar en prisión, así que vamos a seguir en la lucha”, puntualizó Santos Hernández, quien hoy ha vuelto a su casa, preso desde el 19 de mayo pasado.

En Honduras hay más de ocho mil campesinos enfrentan procesos judiciales por la defensa de sus territorios, al menos 12 están en prisión a nivel nacional y más de 150 han muerto por el  conflicto agrario, específicamente en el Bajo Aguán.  Cabe mencionar que más de 300 mil familia lías campesinas no tienen acceso a la tierra.

En el caso de la Península de Zacate Grande, las familias habitan esas tierras al sur de Honduras, desde hace unos 200 años, pero los gobernantes desde inicios del año 1900, daban predios como obsequios a particulares, y así cada vez aparecen nuevos dueños, despojando al pueblo originario.