No se probó su participación en delito que lo imputan, pero lo sentencian a 11 años de reclusión

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Santos Rodríguez Castillo, hermano del encausado José Luis Martínez Castillo

Tegucigalpa.

La oposición a presas hidroeléctricas y la recuperación de tierras en el departamento de La Paz, es la causa para que muchos líderes defensores de los recursos naturales sean criminalizados.

Ya lo ha denunciado a inicio de este año en un informe Global Witness al señalar que Honduras es el país más peligroso para defender el planeta.

En el departamento de La Paz  las poblaciones  indígenas lencas se han puesto en pie de lucha para no permitir la construcción de represas hidroeléctricas, porque estás destruyen los recursos naturales, los que son aprovechados por ellos para el sostenimiento de sus familias.

En el río Lepasale, entre los municipios de La Paz y Santiago de Puringla, específicamente entre los caseríos La Minitas y El Ocotal, se pretendía construir una represa hidroeléctrica sin consultas previas a las comunidades, lo que obligó a la población a oponerse a dicho proyecto.

Esto trajo persecuciones principalmente en los líderes comunales, quienes eran los que encabezaban el movimiento de defensa del río Lapasale y la destrucción del territorio que se haría con esta construcción.

La persecución, amenazas y criminalización no se hicieron esperar contra estos líderes, que pese a eso, no han dejado de luchar por la defensa de sus territorios.

Son decenas de líderes lencas del departamento de La Paz que han sido criminalizados, teniendo que acudir a los tribunales periódicamente a firmar.

A otros, para apartarlos de esta lucha, se les han acusados de otros delitos y se les ha privado de su libertad.

Tal es el caso José Luis Martínez Castillo, quien fue acusado en el 2015 por los delitos de incendio y lesiones en perjuicio de tres personas y sentenciado a 10 años de cárcel en el mes de abril del presente año.

En ese año Martínez Castillo era el presidente del patronato del Caserío Las Minitas, Concepción de Soluteca, La Paz, y era uno de los grandes opositores a la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Lapasale.

En febrero de 2015 ocurrió un incidente en ese caserío, una vivienda tomó fuego parcialmente y Martínez Castillo fue señalado como el responsable de haber incendiado esa casa, donde resultaron con daños Roger Alberto Martínez Chavarría, Yeni Rosibel Martínez Aguilar y Nelis Chavarría, esta última falleció días después del incidente.

El 30 de mayo de 2015 Martínez Castillo fue detenido por la policía preventiva y acusado por los delitos de incendio y lesiones, en perjuicio de las tres personas antes mencionadas. Desde entonces guarda prisión en el Centro Penal de La Paz.

El  juicio contra Martínez Castillo se desarrolló, y el pasado mes de abril la sala del Tribunal de Sentencia de Comayagua, con voto disidente por el juez presidente, lo declaró culpable, sentenciándolo a diez años de reclusión por el delito de incendio y un año por el delito de lesiones.

En el voto disidente, el juez presidente, Claudio Danilo Casco, argumenta que el testimonio de la testigo principal del Ministerio Público no es suficiente para dar como un hecho probado la participación del encausado, ya que no se pudo acreditar la existencia del vehículo que asegura haber visto.

Asimismo señala que “no hay recolección de evidencias en la escena del crimen que vinculen al encausado con el incendio, tal como lo establecen las mismas actas de inspección”.

Más adelante señala en su voto disidente que “no se probó la participación del imputado José Luis Martínez Castillo en el delito de incendio y lesiones de conformidad a los artículos 256, numeral  2, 258, 136 del Código Penal, respectivamente, en relación  con el artículo 32 del Código Penal ni en otro delito”.

Santos Rodríguez Castillo, hermano del  encausado, señaló a defensoresenlinea.com, con la situación de su hermano es por oponerse a una represa hidroeléctrica en la comunidad de Las Minitas y al no poderlo detener en la lucha, aprovecharon que sucedió un incidente en la comunidad y lo acusaron de ser el responsable de ese hecho y los tribunales lo han sentenciado a once años de reclusión.

Indicó que cerca de las tierras donde se pretendía construir la represa están las casas de las familia que lo acusan y que no hallaban como sacarse esa “espina” con él y aprovecharon la ocasión que esa casa se quemara para culparlo de ese delito, por el que ha sido sentenciado, sin haber pruebas contundentes de su participación en dicho hecho.

También señaló que siguen luchando por los recursos naturales porque es de ahí donde sostienen a sus familias, y si nosotros no cuidamos nuestra tierra nadie la cuidará.

Ante la decisión tomada por el Tribunal de sentencia de Comayagua, la defensa de Martínez Castillo ya presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.