Choluteca, Honduras.- Estaba en su casa de habitación la noche del 19 de diciembre, cuando fue víctima de un allanamiento ejecutado por agentes de investigación que portaban-supuestamente- una orden de captura contra su compañera de hogar, Aleyda Xiomara Huete, quien no estaba presente, y lo encarcelaron a él.
La semana anterior un equipo de defensoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), visitó el centro penal de Choluteca, al sur del país, donde se les permitió conversar con el privado de libertad Antonio Felipe Esquivel, de 45 años.
El acceso fue sin mayor complicación, tras informar a elementos militares y de la Policía Penitenciaria, la intención de visitar a Esquivel. Luego llamaron al hombre de estatura alta, piel trigueña, contextura media, quien habla en voz baja y segura. Vestía camiseta, calzoneta de mezclilla, gorra y sandalias.
Es un privado de libertad entre casi 1050 hombres y mujeres hacinadas en un edificio con capacidad para 600 personas, según dato ofrecido por una guardia de la penitenciaria, ubicada a cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad.
Fui acusado por tener bombas comerciales (cebollas) y así lo determinó el fiscal, comentó Esquivel, quien ha trabajado como jefe de seguridad en una finca camaronera en el municipio de Marcovia. En la empresa cada año dan por terminado el contrato laboral, y se queda a espera de ser llamado entre enero y febrero. Es por eso que, en los días del allanamiento estaba en la casa, aclaró.
También comentó sobre su experiencia con el uso de armas, las cuales nunca ha usado para atentar contra la vida humana, así mismo su esposa, reconocida lideresa del grupo de oposición es incapaz de cometer actos por los que se le imputan y ahora debe salvaguardar su vida.
“No hay razón por la que me tengan aquí” afirmó, convencido que es una persecución política montada contra quienes alzan su voz contra Juan Hernández, ilegal presidente de Honduras.
“Todo mundo tiene derecho a protestar, pero aquí se pelea contra el gobierno”, Antonio Felipe Esquivel, preso en Choluteca.
Agregó que es difícil estar en prisión, ya que no está acostumbrado a la cárcel y porque es inocente de los cargos que se le imputan. Compartió que hay casos similares donde los acusados por tener mayor cantidad de bombas comerciales (cuetes/pólvora), y se defienden en libertad.
Según versiones de familiares de los perseguidos políticos, el jueves 19 de diciembre, los agentes llevaban una orden de captura contra Aleyda Xiomara Huete, quien es conocida como una de las abanderadas en la lucha del movimiento “Bastión del Sur”, que desde el fraude electoral del 2017, no ha dejado de protestar hasta sacar al dictador, los miércoles y sábados en Choluteca.
El allanamiento fue de conocimiento público a través de medios de comunicación, como una orden emitida desde el Juzgado de Letras de los Penal de la Sección Judicial de Choluteca, vinculándolo al supuesto atentado que afectó el rostro de un joven que trabajaba la villa navideña, de carácter gubernamental.
“El Ministerio Público hizo un allanamiento a la señora Aleyda Xiomara Huete en la ciudad de Choluteca, ya que se está sospechando que es la autora intelectual de lo que sucedió el 11 de diciembre”, informó el portavoz del ente fiscal, Yuri Mora. Publicación en diario La Tribuna.
El Comité por la liberación de los presos políticos en Honduras, registra más de 174 criminalizados y presos por manifestarse contra la dictadura desde el 26 de noviembre del 2017, cuando se Hernández se apoderó de la presidencia mediante un fraude electoral.
El COFADEH, organización que representa legalmente y acompaña psicológicamente a víctimas de encarcelamiento y persecución política, en su informe “Criminalización” recomienda al Estado que debe abstenerse de usar las medidas cautelares de prisión preventiva contra manifestantes que ejercen su derecho a expresión reunión y asociación en las protestas político-sociales.
En los próximos días se ha convocado a audiencias en los casos contra Rommel Herrera Portillo (interno en un hospital psiquiátrico como medida sustitutiva a la prisión) y Raúl Álvarez quien se defiende en libertad, ambos estuvieron prisioneros en la cárcel de máxima tortura (seguridad) “La Tolva”, Morocelí, El Paraíso. Así mismo, Antonio Felipe Esquivel, espera audiencia para buscar justicia y defenderse en libertad.
