Militares, no los necesitamos en la calle pues somos un pueblo campesino y de paz

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En el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras, en estos días se recuerda que hace tres años tres, la población fue encarcelada dentro de su territorio, al declarase toques de queda y total resguardo militar y policial permanente a lo largo de cuarenta días.

En julio de 2009, “esto parecía cárcel”, no podíamos salir ni siquiera al patio, recordó una vecina del municipio de El Paraíso.

Para esos días, personas de todo el país se aglutinaron en el oriente hondureño, por donde se esperaba el ingreso del destituido presidente José Manuel Zelaya, que estaba en Nicaragua.

La región fue totalmente militarizada, no se permitía el paso a nadie, era un salvajismo total, era una zona de guerra contra un pueblo que luchaba por el retorno del orden constitucional de Honduras, comentó a defensoresenlinea.com, Oliver Valladares, un sobreviviente de los ataques militares el 24 de junio del 2009, en el desvío a Alauca, El Paraíso.

“Fue espantoso lo que vivimos, nunca antes visto, mientras el pueblo despertaba tras el Golpe de Estado, la policía y militares también estaban despertando al mal, eran más groseros, toscos y brutales, no saben cómo tratar a los seres humanos, no tienen esa educación”.

Desde entonces, los cuerpos represores del país, fueron levantando perfiles de las y los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, para perseguirlos, hostigarlos y reprimirlos y en algunos casos, estos daños extenderlos a sus familiares.

Es por eso que Valladares, debió salir del país, entre enero del 2010 y junio del 2011, dispuesto a continuar con la lucha por la refundación de Honduras.

Para Valladares, antes era muy difícil recordar lo que había sufrido en manos de los militares, sin contener las lágrimas, “ahora aunque ya lo converse, no dejo se sentir tristeza, pues hay algo dentro de mi corazón que trae indignación, a la vez siento patriotismo y eso me impulsa a participar en esta lucha”, manifestó.

Recuerdo que era como la una de la tarde, cuando en el cruce que conduce a Alauca y la frontera Las Manos, los militares en combinación con la policía, empezaron a lanzar gases lacrimógenos para que los manifestantes desistiéramos de la lucha.

Decomisaron mi automóvil que era la unidad de sonido, rompieron los vidrios y tirotearon las llantas, mientras la agresión contra la población era imparable, y gracias a la presencia de los medios de comunicación nacional e internacional que documentaban los hechos, es que pararon un instante los atropellos contra la resistencia.

De hecho esta imagen la tengo porque que unos amigos la sacaron de la edición digital del Diario La Tribuna, donde se recriminaba nuestra acción en defensa de la patria, ahí me perfilaron como delincuente y no como víctima. Luego esta noticia, la bloquearon, pues ya no se puede encontrar en el medio electrónico.

Valladares nos narró que “fui golpeado en la cabeza, posteriormente, perdí el conocimiento, y tuve problemas auditivos y para caminar con normalidad, por los golpes que recibí en la columna, pero eso no me impidió continuar en las manifestaciones, pese a que ya era reconocido por los militares y policías”.

Estuve un día interno en un hospital de Danlí, pero por seguridad me fui de ahí, ya que apenas unas horas antes habían encontrado el cadáver con fuertes señales de tortura del compañero y héroe de la resistencia, Pedro Magdiel Muñoz, quien fue capturado en el mismo lugar que yo fui reprimido.

Según el informe 2009 (año del Golpe de Estado) del Comité por la Libre Expresión C- Libre, la mayoría de las agresiones en general, tras el 28 de junio, corresponden a sectores identificados como simpatizantes del Gobierno de Facto en un 88% de los casos, opositores al mismo en un 11% y el restante sin postura política identificada con relación a los sucesos del 28/6.

No necesitamos a los militares ni policías en la calle

Valladares, quien es muy conocido en la zona oriental por su actividad, en el FNRP, considera que la militarización es una invasión extranjera, que está sembrando el miedo, el terror y la inseguridad, pues “nos quieren intimidar, ya que ven que somos un pueblo que ha levantado la cabeza y que no permitiremos que nos pisoteen nuestros derechos humanos”.

Los militares están jugando un papel que no les corresponde, están en la las calles como si fueran policías, con la diferencia que está más armados, pero quiero que sepan que no son necesarios, pues somos un pueblo campesino de paz, noble, sencillo y tolerante, expresó Valladares.

“Hemos demostrado nuestra solidaridad con nosotros mismos, nuestra lucha y compañerismo hace ver que Honduras no necesita esa actitud militar y policial agresiva”.

Días después del golpe de Estado del 2009, en el departamento de El Paraíso, era parte del panorama, las tanquetas, jeeps y militares fuertemente armados, quienes iban y venían de un lugar a otro, como en una cacería de brujas, para intimidar, torturar y hasta asesinas a los y las compatriotas que se enfrentaron la régimen de facto.

Es por eso que “los paraiseños” en esta semana conmemoran esa lucha de resistencia, tres años de haber enfrentado su cuerpo e ideología contra armas militares, que no sólo dejaron torturas, sino muertes y enfermedades.

Valladares, considera que “es una falta de respeto como la policía trata a la población y es una violación a la humanidad que los militares se sumen a esa actitud, pues son muy arrogantes e intimidantes, sobre todo cuando la gente desconoce las leyes y sus derechos humanos”.

Es por eso que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADEH, está formando a campesinos y campesinas, entre ellos Oliver Valladares, en materia de Derechos Humanos, para que con los conocimientos que adquieran, sepan defenderse ya hacerse respetar ante la invasión militar y presencia policial que aún los ataca, sobre todo cuando quieren acceder a tierras para vivir y trabajar.

Militarismo es una respuesta del Imperio a nuestra lucha

El reposicionamiento del militarismo en Honduras y América Latina es una respuesta del imperialismo a los avances liberadores de los pueblos de nuestra América, ha manifestado la estudiosa en este tema, Rina Bertaccini, de Argentina.

Agregó que, se ha visto que en el golpe de Estado en Honduras, las fuerzas militares y policiales actuaron como un brazo armado de la oligarquía contra el pueblo hondureño que ha dejado más de cien personas muertas.

La remilitarización de Honduras, se ha ejecutado a través del paquete de leyes regresivas en materia de derechos civiles y políticos que aplica el Congreso Nacional, entre ellas la Ley de Convivencia Ciudadana, Ley Anti terrorista, aumento del tiempo de detención administrativa de 24 a 48 horas, y la Ley de Escucha telefónicas.

A finales de noviembre pasado, el Congreso Nacional hondureño reformó el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones policiales, excepto en investigación. A partir de la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial La Gaceta, los militares pueden patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito, entre otras funciones.

El ciudadano Wilfredo Yánez padre del niño Hebed Haziel, que murió acribillado por efectivos militares que controlaban un retén en la salida a Villa Vieja el pasado 27 de mayo, interpuso con el acompañamiento del COFADEH, un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto que otorga facultades exclusivas de la policía a las Fuerzas Armadas.

El recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional se interpuso el pasado viernes 29 de junio en contra del decreto número 223-2011 aprobado por el Congreso Nacional el 21 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 32685 del 3 de diciembre de 2011.

El COFADEH sostiene que el cuerpo castrense no puede hacer acciones invasivas de los espacios estrictamente civiles y que la Policía Nacional es el órgano uniformado encargado de mantener el orden interior del país y la seguridad pública.

Además el recurso presenta un análisis del artículo 274 de la Constitución en donde se establecen las funciones específicas que deben desarrollar las Fuerzas Armadas.

Por último el escrito contiene las recomendaciones que sobre estos casos brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que establece que los militares no pueden ejercer las funciones de seguridad pública en las naciones, porque su entrenamiento no está acorde con las responsabilidades de la seguridad pública.

Para la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, la militarización es un retroceso, pues hemos vuelto a los viejos tiempos pero con más descaro, por eso es necesario señalar que el militarismo lo que nos trae es sangre y muerte.

A pesar de esas consecuencias, se ha mandado al ejército a las calles y eso es la peor agresión que se hace al pueblo en estos momentos tan críticos que vive el país, en años pasados había militarización, sin embargo los avances que hicimos se echaron por la borda.

Expertos califican estas acciones como enmarcadas dentro del “Plan de Colombianización” de la región centroamericana, un proyecto político del Departamento de Estado de Estados Unidos en contubernio con las oligarquías regionales para detener los avances de las fuerzas progresistas en el continente americano.

Además el recurso presenta un análisis del artículo 274 de la Constitución en donde se establecen las funciones específicas que deben desarrollar las Fuerzas Armadas.