Los que amenazan al pueblo indígena de La Paz, son los mismos que en los 70 y 80 servían de “orejas” a policías y militares

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Tegucigalpa.

Por Sandra Rodríguez
Con el empoderamiento que tiene de sus derechos, al tener un gobierno municipal indígena, la situación del pueblo Lenca sería diferente, pues hay leyes que los asisten y convenios internacionales que los avalan, sin embargo solo llegan “ladinos” que velan por sus intereses personales, así lo describió Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH.

El pueblo Lenca, una de las ocho etnias originarias de Honduras, ha demostrado su capacidad de decidir a través de consultas populares sobre los proyectos de desarrollo que se pretenden instalar en sus comunidades, los cuales no representan beneficios locales, sino para quienes las patrocinan.

La problemática que enfrenta la comunidad indígena Lenca del departamento de La Paz, al centro occidente de Honduras, es por la construcción de represas hidroeléctricas que explotan los recursos naturales del pueblo, y no son previamente consultados como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, violentando así sus derechos humanos.

El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación.

En cuanto a la consulta previa, se refiere a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan.

Y debido a que la región es rica en recursos naturales y atrae numerosas inversiones, uno de los objetivos del Convenio es propiciar reglas claras para llevar a cabo proyectos en cooperación con los pueblos indígenas que impliquen un desarrollo inclusivo y de este modo prevenga eventuales conflictos.

Pero no es fácil enfrentarse a los que tienen el poder, a los políticos que avalan los proyectos de los inversionistas, ni a quienes les rinden pleitesía. Para el caso, después del 10 de julio pasado, cuando en San Elena, se realizó una consulta libre y previa con el tema de la instalación una represa hidroeléctrica y el reordenamiento territorial o catastro que está realizando el alcalde Víctor Ventura, han sucedido varios incidentes que atacan a la población indígena Lenca en Santa Elena la Paz, denunció Gómez.

En esa consulta, el pueblo afirmó su posición de rechazo a proyectos que obstruyen sus bienes comunes y que se ejecutan de manera forzada. Esta consulta se vuelve una orden para la corporación municipal y demás autoridades, pero ocurre lo contrario, porque el alcalde Ventura continúa con sus planes, desconociendo la voluntad del pueblo y violentando el derecho indígena, expresó el líder indígena.

Y es que al ver la voluntad de la gente para expresarse a través de consultas, los que se sienten afectados buscan maneras de atacar a los voceros de MILPAH, como sucedió el 14 de julio, cuando en horas de la tarde Martín Gómez fue enfrentado por Hernán Ventura Osorio, activista del partido político en el gobierno, quien era acompañado por su hermano Fausto Ventura Osorio, un pastor evangélico, explicó la víctima.

Hernán lo increpó diciendo “vos sos uno de los que andas armando grupos para hacer consultas y para que nos quiten las tierras” a lo que Gómez respondió “no te preocupes que esas cosas son normales y las puede hacer cualquiera, en cualquier parte del país”.

El hombre se le acercó en dos ocasiones le manifestó que, lo que hacía “le iba a costar la vida”. Martin le dijo que “eso no era así, y que si poseía documentos de la tierra y se sentía ofendido, que se presentara a la Fiscalía a interponer la denuncia pues es su derecho al respeto de su integridad”.

Sin duda, al momento el defensor indígena sintió miedo, porque las amenazas vienen “de la misma gente que en los años 70 y 80 fueron las orejas del ejército y la policía; y son los autores de muchos crímenes de desapariciones, torturas, asesinatos y represiones en ese momento en la zona” afirmó Gómez.

Porque ellos se sentían con todo el poder de dominar a los indígenas en el pueblo. Ahora que ellos van perdiendo ese control, creen que van a seguir haciendo lo mismo, pero ya no lo pueden hacer, afirmó.

Los pueblos de La Paz, al igual que el resto del occidente fueron ultrajados por fuerzas represoras armadas en décadas anteriores, y al no aplicarse la justicia debida, los perpetradores continuaron bajo el manto de la impunidad, con sus acciones de dominación y explotación.

“Pese a los sentimientos que se juntan cuando uno se siente atacado, no le quise violentar sus derechos –agresor- , no lo golpeé, tampoco lo herí, porque yo andaba con mi machete de trabajo, pero ante todo soy un defensor de ddhh e indígenas, y eso me hace una persona que respeta a los demás y por lo tanto los demás también me expresan respeto”, declaró Martín.

Continuó relatando que “nunca le quité la mirada, así me apresuré a la casa de un conocido y me resguardé, él se quedó haciendo una llamada y dijo que iban a tener una reunión de emergencia en la casa de René porque iban hacer una operación por la noche. De todos lo que escuché, no puedo afirmar de que se trataba, pero si lo tomé como una amenaza contra mi vida”.

Entonces, en lugar de huir de su casa, la comunidad llegó a donde vive Martín y al menos 100 personas se quedaron acompañándolo toda la noche. Y es que, no es la primera vez que los dirigentes de MILPAH reciben amenazas, aunque muchas veces no se han concretado, tampoco se pueden confiar.

En enero del 2015, asesinaron a Francisco Martínez, dirigente de MILPAH, a quien le dejaron varias marcas en el cuerpo, lo que impactó a la comunidad. En la actualidad se teme por personas que corren el riesgo de ser atacados por hacer denuncias públicas como Felipe Benítez, coordinador de MILPAH, Roberto Gómez de la comunidad de Azacualpa, y la familia de Martín.

Azacualpa, El Potrero, Opalaca, Sonuare, Tapouman, son parte de las comunidades donde hay indígenas lencas organizados, por lo que la solidaridad es mutua, y aunque no hay hechos concretos, continúan las amenazas por parte de las mismas personas, así que se han interpuesto las denuncias ante las autoridades competentes.

Martin Gómez y otras personas de MILPAH gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aunque las mismas no son aplicadas correctamente, la noche del incidente la policía se hizo presente a su casa, porque se enteraron de los ataques mediantes las denuncias públicas; pero no mantienen una comunicación con los líderes indígenas en riesgo por su labor de defensoría, aclaró el dirigente.

La inversión debería ser directamente al pueblo

Tenemos claro que toda la familia Ventura, en Santa Elena, desde el alcalde Victor Ventura, que abogan en favor de los proyectos hidroeléctricos y catastro están en nuestra contra. Nunca comparten con nosotros y aunque no nos hablen o persigan directamente, sabemos que no son confiables porque ya los conocemos, agregó.

“Las amenazas también vienen de parte de los funcionarios públicos, empresarios nacionales e internacionales, con interés en los programas de desarrollo sin consultar al pueblo. Ellos creen que nosotros estamos contra el desarrollo, pero es que es desarrollo para la bolsa de ellos, no es para la población”.

De hechos los programas sociales gubernamentales, como la “bolsa solidaria” no llega completa a la comunidad, pues de una bolsa de alimentos valorada en unos 300 lempiras (us $ 13.50), se reparte a tres personas diferentes y son activistas del Partido Nacional, que es el del gobierno, por lo que la ayuda social no llega a las comunidades, ancianos, discapacitados e indígenas.

Pero al hablar de la inversión en las represas hidroeléctricas, el monto asciende a unos 300 millones de lempiras, en el municipio de Marcala hay una pequeña empresa generadora de energía que inició funciones con un monto de 132 millones de lempiras, y no se le consultó al pueblo, explicó el miembro de MILPAH.

“Si el gobierno pensara diferente y quisiera mejorar la situación de vida de los y las indígenas lencas, con esos 300 millones de lempiras podría invertir en proyectos locales, pues la energía que de allí se produzca será para venderá fuera de nuestro pueblo y las ganancias adquiridas con para empresarios nacionales y extranjeros”.

En la comunidad hay que solventar problemas de seguridad alimentaria, respeto a los DDHH, respeto a los derechos indígenas, programas de desarrollo para adultos mayores, discapacitados, jefas de familia.

También se requiere proyectos de agua potable, educación de calidad, vivienda y salud (Los niños y adultos siguen muriendo por falta de atención médica oportuna, ya que con nuevas enfermedades tampoco hay defensas para combatir virus como el chikungunya o el zika.)

Antes del 2009 cuando se dio el golpe de Estado, había pobreza, pero ahora hay extrema pobreza, y si se habla de justicia, las cárceles están llenas de indígenas que no deben nada y para agravar la situación no están sentenciados, continuó en sus declaraciones.

La formación de la independencia

Ante este panorama, la población indígena de La Paz, se ha formado en materia de derechos humanos, conocen las leyes e instrumentos que los asisten para defender sus bienes. Por eso es que el pueblo empieza a decir que quiere ser consultado y tener poder de decidir sobre los que se hará en las comunidades.

Hay pueblos que ya no esperan una bolsa solidaria, sino que ellos mismos producen sus alimentos, no esperan que la persona se enferme para llevarlo al hospital, sino que previenen cualquier eventualidad con ayudas comunitarias, así mismo no van a pedir un ataúd al alcalde cuando hay un deceso en la familia, sino que entre los vecinos los fabrican, todo eso es parte del empoderamiento recibido a través del conocimiento sobre el marco jurídico el cual debe ser nuestra doctrina y aplicarla.

El empoderamiento está saliendo del mismo pueblo Lenca, si bien, no se está respetando la voluntad del pueblo y las leyes que los avalan, están sentando precedentes del inconformismo de los y las indígenas que se oponen al saqueo de los bienes comunes.

Seguiremos interponiendo denuncias formales contra proyectos hidroeléctricos y haremos más consultas abiertas, donde el pueblo manifieste su voluntad de tener o no proyectos que afectan el territorio, como lo que sucede en San José, donde se está construyendo otro proyecto aparte del que la diputada Gladys Aurora López construyó hace varios años y que está en vigencia, pero que está en un juicio del cual esperamos tener una sentencia para que sea destruido pues no se respetó el procedimiento debido, afirmó Martin Gómez Vásquez.

Al tener un gobierno indígena, sería interesante –expresó- pues con el empoderamiento del pueblo, al llegar un alcalde de la comunidad podría aplicar ese derecho y buscar la cooperación internacional, el problema es que tenemos alcaldes ladinos, la familia Ventura es de El Salvador y hace algunos años llegaron acaparando tierras, asesinado e intimidando a indígenas para apropiarse de sus bienes. Y si la gente les cree es porque compran conciencias, llegando a ser una argolla de poder bajo la bandera política del Partido Nacional.

La población indígena formada en derechos humanos, cuando ya decidimos que queremos ser consultados es porque tenemos capacitación, formación y conocimiento en derecho indígena, y ya no esperamos que nos resuelvan, sino que nosotros mismos hacemos las cosas.

Y aunque hayan amenazas, la decisión de las comunidades indígenas Lencas continuarán firmes, pues no permitirán que continúen los abusos ni el derramamiento de sangre de sus compañeros que fueron asesinados por defender sus derechos, como sucedió con la lideresa indígena Berta Cáceres Flores, el pasado 2 de agosto en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá. Asimismo el 2015 al menos 20 indígenas de La Paz fueron ejecutados y sus muertes están en la impunidad.