Los estudiantes sí conocen su papel en la lucha por defender la UNAH

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Tegucigalpa.

Por Sandra Rodríguez
Hoy se cumple dos meses desde que miles de estudiantes universitarios iniciaron una serie de protestas que van desde tomas de edificios, movilizaciones fuere y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH,  asambleas informativas, jornadas culturales, murales, cubrirse el rostro, pronunciamientos, conferencias de prensa, explotación de la redes sociales y muchas cosas más, para exigir un diálogo abierto y participativo a las autoridades que rectora Julieta Castellanos donde se trataría el tema de las normas académicas en vías a la privatización de la educación, lo que les dejó la cancelación del periodo de clases y  75 compañeros en los Tribunales de Justicia.

Ante la criminalización, surgió una nueva petición “no a la criminalización de la protesta social” haciendo ver más lejano el diálogo, porque la rectora nunca se sentó a escucharlos. Sin embargo se nombró una comisión de diálogo, que poco interés mostraba en la reuniones con los líderes del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, cabe mencionar que otros no podían estar porque se les aplicó medidas sustitutivas a la prisión, de no asistir a la UNAH, mientras esté el conflicto.

No se avanzará al diálogo, sin los 75 compañeros y compañeras ausentes, pues hay criminalizados que no han estado presentes en las protestas sociales, por lo que se ha visto acciones de parte del sistema judicial que actúan a veces sin conocer cuál es su rol, simplemente criminalizado a los defensores de la educación pública en Honduras.

En  un acuerdo firmado entre autoridades de la UNAH y el MEU, el pasado 20 de julio, para avanzar al dialogo, se trató el tema de suspender las acciones penales contra todos los estudiantes, pero aquí se debe aplicar un desistimiento claro a los criminalizados, y no proponer después una conciliación donde la desventaja la llevan los jóvenes.

Enredos

Se ha tratado se enredar a la población con respecto a lo que sucede en la UNAH, como parte de la estigmatización contra  los estudiantes a quienes la Fiscalía acusa por hacer uso del derecho a la protesta social, como si fuera una manifestaciones ilícitas  (la manifestación ilícita es cuando hay violencia y se comprueba la potación de armas), pero si ha habido personas dañadas son los estudiantes cuando se ejecutan los desalojos violentos de parte de cuerpos policiales antimotines y guardias de seguridad privada.

En el caso de usurpación, ellos no quiere adueñarse de los edificios de la UNAH, institución que es un bien público a la que toda la población tiene acceso, los acusan de daños, y las autoridades universitarias no han acreditado los hechos, mientras que la sedición no cabe porque los estudiantes no están actuando contra la forma de gobierno, así que no existen delitos, sino ejerciendo el uso de un derecho constitucional enmarcado en la Libertad de Expresión.

El punto segundo del acuerdo manifiesta que “Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios”.

Karol Cárdenas procuradora del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, nos comenta sobre el papel que ha desempeñado las autoridades de la Universidad, quienes no han querido cumplir con el acuerdo, el cual ha dejado abierta la manera de extinción de acción penal, ya que según las leyes hasta por causa de muerte se puede extinguir, por lo que se están agarrando ese vacío aplicando el artículo 45 del Código Procesal Penal referente a una “Conciliación”, y eso sería aceptar  el hecho, como lo han propuestos en algunas audiencias que se han dejado para “homologación”.

La conciliación es entre ambas partes pero es condicionado hacia el estudiante, dando  ventaja a la víctima que es la UNAH, expone la abogada Cárdenas, y parte de la condición es dar un término prudente para ver si el imputado cumple o no el acuerdo, por lo que el estudiante estaría siendo vigilado.

Los representantes de la UNAH, debían presentar el arreglo judicial no como una conciliación, expresando que han llegado a un arreglo, y que quieren que lo respeten solicitando ahí mismo el desistimiento de la denuncia y que el Ministerio Público, MP, desista la de la acción penal, entonces el Juez de Garantía podría decretar sobreseimiento definitivo, explicó la defensora. Pero la forma en que se ha venido implementando presentan mucho estira y encoge de parte de las autoridades universitarias, el MP no tiene bien claro que es lo que está haciendo.

Para el caso, en Comayagua sucedió que el fiscal dijo que hasta el momento de la Audiencia Inicial contra seis estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro, CURC, que representa el COFADEH, tenía conocimiento del Escrito presentando por la UNAH, al grado que si no se tiene claro en el proceso legal, los mismos estudiantes prefieren irse a audiencia inicial en lugar de una conciliación.

El Ministerio Público está siguiendo directrices de parte de las autoridades de la UNAH, alegan desconocimiento de los acuerdos entre las partes, pero eso no es válido porque la Ley habla de hechos notorios, no necesita probar algo cuando ha sido de conocimiento público la crisis en la UNAH, es así que el órgano investigativo no actúa sino le dan luz verde, continuó Cárdenas.

Con los jueces sucede lo mismo, nadie quiere resolver, nadie quiere atender las audacias que tiene que ver con los estudiantes criminalizados, incluso un juez dijo que le sorprendía que esas audiencia aun nos se resolvieran ni en periodo de vacaciones, hubo quien dijo los enviaría a prisión.

Agregó, aquí los estudiantes sí tienen claro lo que desean, no le temen a los procesos penales, incluso están muy interesados en conocer las figuras penales, y aceptar únicamente los desistimientos. Pero este no es el punto principal en la lucha emprendida exponiéndolo todo, sino que se traten las normas académicas, la no criminalización a la protestas social y la desmilitarización de la UNAH, la criminalización es un hecho que se dio en el proceso por lo tanto se debe extinguir para dar paso a un diálogo que se ha iniciado con la instalación de la Mesa Mediadora de Diálogo.

Estas acciones que se han alargado por dos meses, marcan un precedente en la lucha estudiantil hondureña, es sorprendente escuchar su convicción cuando manifiestan “esto no nos va a parar, nos van a criminalizar, pero no nos van a  parar” “empezamos juntos y vamos a terminar juntos” “lo hacemos por los futuros estudiantes”, agrega Cárdenas.

Hoy se dio sobreseimiento definitivo a 25 estudiantes de la Ciudad Universitaria en dos audiencias. El  COFADEH representa a 11 criminalizados que se presentarán en ante los juzgados el jueves en Comayagua y el viernes en Tegucigalpa, después de que se propusieron las citas convocándolos a una homologación, ya que las autoridades de la UNAH no habían aplicado el acuerdo antes mencionado, a lo que los miembros de la Mesa Mediadora (dos por cada parte) dijeron que se estaba irrespetando el pacto, así mismo el MEU dio hasta plazo hasta hoy para aplicarse, sino tomarían acciones.

No hay calidad dicen criminalizados

Los criminalizados, en su mayoría de excelencia académica,  también tienen su visión de lo que ha sucedido no desde hace dos meses, sino desde el año 2011 cuando inició la lucha estudiantil contra la privatización de la UNAH.

Dayana Castillo, quien desde hace un año debió salir del país huyendo de la persecución de las autoridades de la UNAH, mantiene orden de captura desde el 6 de junio pasado, fecha por la cual estaba graduándose de una técnico en administración en Costa Rica, opina que “queda muy claro el hostigamiento de parte de las autoridades universitarias hacia mí porque aun sabiendo que estoy largo me giraron esa orden que hasta ahora pueda que me la quiten mediante ese acuerdo”

“Es obvio una unión por parte de MP y la UNAH, pues se prestan para eso… Queda reflejado como este ente del estado también persigue a los defensores de DDHH, mientras que el papel del estudiante ha sido el más importante pues son los que han puesto las pautas para que esto se termine ya”

Cesario Padilla, egresado de la carrera de periodismo y defensor de derechos humanos, quien hoy recibió su carta de libertad, pero mantiene un proceso desde el 2015, manifiesta que esto “es la muestra de cómo los actores con poder en este país y el Ministerio Publico se confabulan para criminalizar el accionar del movimiento social, en este caso de las juventudes en la UNAH.  Una cuestión sin prescindentes, más de 70 casos que con la firma del acuerdo se espera un retroceso en esta política contra el sector estudiantil”.

“Y pues con la firma del acuerdo, se sientan las bases para generar ese espacio de cogobierno universitario, en donde el estudiante obtiene- obtenemos un gran triunfo que no se veía desde que inició este proceso de IV reforma. Y bajo la sombra del legado de nuestro “Eduardo Becerra Lanza” y los muchos y muchas que cayeron en defensa de la educación pública.

Fausto Cálix, presidente de la asociación de derecho y con los cargos de sedición, daños y usurpación, considera que hay una dilatación temporal innecesaria, ya que en su audiencia, la Fiscal del MP dijo que no se había percatado que había un acuerdo previo en torno a la criminalización de los estudiantes, vamos a estar tranquilos hasta que se suspendan los procesos judiciales. La audiencia de homologación no debería de tardarse, por lo que en la audiencia próxima debe darse la suspensión definitiva. Las autoridades deben saber que el delito de sedición no cabe en los hechos que los y las estudiantes han realizado en el marco de la protesta social para defender la educación pública.

“El papel de los estudiantes es de cooperar, pues sino los mismos criminalizados no se presentaran ante en los juzgados competentes. Queremos creer que no haya mala fe en las autoridades. Hasta que se cumplan los puntos del acuerdo.”

Emmy Jiménez, quien fue capturada dentro de la UNAH y detenida pro 36 horas para investigación, expresa que “somos el resultado de la represión y el autoritarismo que existe dentro de nuestra Universidad, el papel del Poder Judicial veo que es más para aquellos que pueden comprar  la justicia y que tienen un poder social, económico y político. La represión de los 80’s cambio de modalidad a la criminalización de la protesta”.

“Esto ha afectado a mi familia en lo que es estrés y preocupación, en mi persona no cambia nada, siempre tengo mi sentir de lucha firme y a pesar de la represión y hostigamiento por parte de las autoridades no me desmoviliza de la lucha estudiantil. Ahorita las autoridades están haciendo lo mismo, firman el acuerdo y están suspendiendo las audiencias para ver si no obtienen lo que quieren en el diálogo apretar jurídicamente”. Hoy Emmy recibió su carta de libertad definitiva.

Génesis Fabiola Chávez, estudiante de Administración Aduanera, a sus veinte años enfrenta una acusación legal “eso me tiene preocupada, yo he sido dañada porque al igual que mis compañeros no hemos cometidos actos de terrorismo, no sé de dónde sacaron nuestros nombres, porque muchos de los acusados no han estado en las protestas sociales”.

“Ser requerida como delincuente, ha afectado mi salud y estado de ánimo, debo ir a consulta médica porque no me siento bien, y todo esto es desde el pasado 1 de julio cuando me enteré que había una orden de captura en mi contra, no concilio el sueño, apenas logro dormir un par de horas por la noche, poco a poco la angustia se ha desvanecido porque nuestra abogada Karol Cárdenas nos ha representado muy bien”.

Daniel Moya, también representado por el COFADEH afirma que “ante la conciliación preferimos agotar el proceso y demostrar en audiencia inicial que no se ha cometido delito, la situación de los compañeros que van a homologación sigue siendo la misma desde antes del acuerdo”.

“No hay una claridad en cuanto al tema y como lo están tratando las entidades responsables de impartir justicia. Es sorprendente que el mismo Juzgado haya manifestado que desconocía el contenido del acuerdo.  Los procesos no tienen la misma etapa, la UNAH insiste en la conciliación y no es válida porque sería reconocer que nosotros cometimos delito, y nosotros no somos delincuentes. Seguimos exigiendo que cese la persecución contra los y las estudiantes. Por una cuestión procesal no se puede poner en duda la disposición de parte de las autoridades”.

Rudbel Barahona ha participado en el grupo de trabajo del acuerdo en vía a entablar una mesa mediadora de diálogo, y ayer su audiencia se suspendió porque el director del CURC, Óscar Meza, les fue a proponer una conciliación, y eso no es negociable afirmó.

“Nuestra lucha es firme, exigimos educación de calidad, mejoras en la infraestructura de la Universidad, y no vamos a ceder porque hay más compañeros luchando, estaremos atentos a que se cumpla cada uno de los acuerdos y confiamos en el acompañamiento que nos da el COFADEH, así que seguiremos a las instancias necesarias porque no somos responsables de lo que se nos acusa”.

Por su parte, la Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva ha manifestado que la institución defensora de los DDHH continuará dando acompañamiento al proceso que han iniciado los y las estudiantes, y siempre que ellos lo soliciten estará presente. Mientras se evacuan las siguientes audiencias se velará para que se cumplan los puntos del acuerdo firmado el 20 de julio, y lo que dará paso a que más de 90 mil personas reanuden sus clases en la UNAH.