LOS DESAFÍOS DEL PAÍS INTERVENIDO

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El viernes anterior, las víctimas de la desaparición forzada asistieron a su penúltimo plantón de 2016 en la plaza La Merced, en el viejo centro de Tegucigalpa.

Entre sus mantas con rostros de 34 años, el Cofadeh repitió que los responsables de la desaparición forzada son personas del Partido Nacional, el Partido Liberal, las Fuerzas Armadas de los Álvarez, Hernández, Pachecos y Discuas, y el gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado entregado en la plaza al lado del Congreso, las madres, hijas y parientes de más de 200 vícitimas de torturas y asesinatos, informaron que el próximo 30 de este mes de noviembre arriban a 34 años de existencia, reclamando verdad y justicia.

“Sin odio ni venganza, pero con firmeza inclaudivable – dice el texto – le decimos a los sepultureros y a sus jefes que daban las órdenes de matar, que no podemos olvidar sus crimines ni a quienes benedecían a sus víctimas”.

En el corazón del documento, el cofadeh recuerda que hace 20 años esta organización advirtió que si la estructura corrupta del país no era capaz de sancionar penalmente a los criminales de los años 80, entonces la impunidad habría de multiplicar las violencias en Honduras. Y así fue. Y así es.

Por esa impunidad que arrastra el país en los últimos 30 años es que los torturadores ascendieron a la condición de analistas en la televisión y el primer comandante de la muerte subió a categoría de beato católico en la arqidiócesis, dice el comunicado, refiriéndose al general Discua Elvir.

La impunidad es la que permite en el país que otros licenciados del batallón 3-16 desempeñen cargos en la Polcía Nacional, en el Ejército, en los partidos políticos, en los carteles del narcotráfico y hasta dentro de las iglesias.

El Comité de vícitimas de la desaparición señala en su texto de plantón que esta impunidad del pasado es ahora el vivo crimen organizado, que abraza como hiedra a las viejas instituciones del Estado, hasta convertirlo en un tronco podrido e inútil para la ciudadanía.

El cofadeh volvió a señalar el viernes que en 2016 Honduras se convirtió oficialmente en País Intervenido por la OEA, la ONU y las agencias de inteligencia y cortes federales de Estados Unidos, que dirigen las operaciones de seguridad interior, defensa y justicia penal. Y todo eso es por culpa de los delincuentes de los años 80s y sus descendientes más jóvenes que no fueron sancionados.

En la parte final de su texto público, el COFADEH admite que colabora con la MACCIH, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Unión Europea y el sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Operadores de Justicia, forman parte de las redes criminales de alta peligrosidad en el país.

Es imposible coordinar acciones de defensa y promoción con quienes violan los derechos humanos, dice la organización, que conmemora 34 años a finales de noviembre.

El Comité aclara, sin embargo, que la obligada cooperación con la intervención externa no debe conducir a la conformación de un protectorado que ahogue la visión y las propuestas del pueblo, como ocurre en Puerto Rico o en Haití. “Queremos recuperar a la Honduras de los hondureños trabajadores, honestos y dignos, no la de los mafiosos delincuentes del presente que no nos representa”, dice el texto.

En la parte final del documento, la organización humanitaria observa que es triste la llegada de un nuevo proceso electoral sin la comprensión de la tremenda realidad por los liderazgos políticos participantes.

Llegamos al final de 2016 con una pena terrible para la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos del país, con destacadas dirigentes indígenas y líderes campesinos asesinados, liderazgos juveniles criminalizados y expulsados de sus entornos, dice el texto.

Además, termina el año con formadores de opinión pública exiliados y comunidades enteras forzadas al desplazamiento físico por narco mineros y bancos nacionales e internacionales inversionistas de energía sucia.

En perspectiva para 2017, el Cofadeh mira venir la extradición de funcionarios públicos narcotraficantes y corruptos – incluyendo jefes policiales, jefes militares, políticos del bipartidismo y empresarios católicos y evangélicos – pero se pregunta si ese mecanismo de balance de poder será dirigido sólo por el Departamento de Estado de EEUU.

En consecuencia, la organización propone que el juzgamiento de los criminales hondureños sea hecho, también, en el sistema penal universal por crímenes de guerra, y dar paso de inmediato a la conformación de una coalición social y política interna que tome la conducción transitoria del Estado.

En este punto, el comunicado del cofadeh reclama la participación de la comunidad internacional respetuosa del Derecho, pero rechaza el protagonismo de los equipos de campaña de los republicanos y demócratas en el tema Honduras.

Si el vacío que va produciendo la intervención internacional es llenada con un proceso político pro continuista, no tendremos la oportunidad de reconstruir nada como sociedad, advierte el Comité, y previene que podría conducirnos a mayor violencia contra la gente.

En coherencia, desde la plaza la Merced, la organización ofreció sus manos otra vez para la recuperación de la Patria.