Por Marvin Palacios
Reitoca, Francisco Morazán.- En los últimos años el tranquilo y pintoresco municipio de Reitoca se ha visto afectado por la construcción de una represa hidroeléctrica que ambientalistas de la zona, aseguran que opera ilegalmente en territorio indígena lenca.
La propietaria de la represa es la Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA) que obtuvo una concesión del Congreso Nacional (La Gaceta 13 de octubre de 2016) por 50 años para desarrollar el “proyecto hidroeléctrico Río Petacón”, en la aldea La Guadalupe. Se dice que el empresario Jack Arévalo, es su mayor accionista.
También interviene como ejecutora del proyecto, la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V (SERMACO) de la que es dueño el jefe de la bancada del partido Liberal en la cámara legislativa, Elvin Ernesto Santos.
El auge del modelo extractivista que busca apropiarse de los recursos naturales de las comunidades (especialmente de los pueblos más pobres) y que está afectando directamente a comunidades indígenas, comenzó después del golpe de estado de 2009. Dichos proyectos están creando serios problemas en el tejido social.
En reportajes anteriores relacionados al tema y publicados por www.defensoresenlinea.com se ha detectado una “constante” relacionada a la presencia de proyectos hidroeléctricos y el impacto social en las comunidades. Esa constante que se repite revela que los modelos extractivos están causando división, violencia y riesgo.
Es así que se ha hecho manifiesto el peligro que corren líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos, por la presencia de grupos de choque, en algunos casos conformados por activistas políticos, como se denunció en un reportaje sobre el departamento de La Paz, que también es territorio lenca.
Para reforzar esta línea, ocurrió un caso similar en el casco urbano de Reitoca, cuando el grupo de protección del Río Grande de Reitoca que se opone al proyecto hidroeléctrico Río Petacón(como le llama PROGELSA), fue confrontado por hombres armados de machetes y pistolas, el pasado 3 de junio de 2018.
De haberse producido un enfrentamiento, las consecuencias habrían sido lamentables para el pueblo.
De esta acción se señaló como promotor de esos grupos de choque al alcalde municipal Marlon Osorto, que se ha negado a discutir el tema de la represa en varias oportunidades.
Proyectos hidroeléctricos están causando división, violencia y riesgo para los defensores de DDHH
Desde el 14 de enero de este año, el Consejo Indígena Lenca ejerce control territorial en la zona donde se construye la cortina de la represa. Para ello han instalado un campamento de vigilancia muy cerca del proyecto que se localiza a 2 horas del casco urbano de Reitoca, colindando con el municipio de Lepaterique.
Los empleados del proyecto han abandonado la zona, y la empresa tardó un mes en sacar toda la maquinaria. Sin embargo el 30 de enero la empresa contó con el apoyo de policías y militares para tratar de retomar el control. Para ello, los uniformados dispararon bala viva en contra los manifestantes, con el saldo de 2 personas heridas.
Ese 30 de enero, Mirian Sorto fue herida de bala en su pierna izquierda durante el violento desalojo. Después de 4 meses de rehabilitación que incluyó una cirugía en su pierna, se ha recuperado satisfactoriamente.
“Fuimos al campamento como a eso de las 3:00 pm, llegamos y como a eso de las 3:15 me hirieron, y entonces ellos nos decían que nos iban a matar y nos dispararon, eran militares, dispararon bala viva y con bombas lacrimógenas y nos atacaron”, comentó.
Miriam dijo que aunque teme que continúen las agresiones y que la hayan herido los militares, ella se mantiene en la lucha porque “no queremos quedarnos sin río, hay algunos pocos que están a favor de la represa pero, el domingo anterior (3 de junio) que nos tomamos el campo, el alcalde puso auxiliares y pagó a gentes para que llegaran armados con machete, mandó gente con machetes y vino alguien y sacó hasta pistola”.
“La verdad es que somos un solo pueblo y estar en enemistades no se puede, somos un montón de mujeres en el movimiento, a pesar que hay gente que tiene miedo, también hay gente que entrega todo”, manifestó.
El 9 de marzo el Consejo indígena Lenca y el Grupo de Apoyo al Río Grande o Reitoca ofreció una conferencia de prensa en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con el propósito de evidenciar la represión, la deforestación, la contaminación del río, los daños ambientales y las amenazas.
Los denunciantes afirmaron que el proyecto es ilegal porque se violentó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que establece una consulta Libre, Previa e Informada con la comunidad, antes de autorizar la operación de un proyecto.
La hidroeléctrica acusa a los ambientalistas de múltiples amenazas de muerte, robos, saqueos, vandalismo y violaciones a la propiedad privada.
El 15 de marzo, la Promotora de Generación de Energía Limpia (PROGELSA) envió a la coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, una extensa carta en donde le explica que el proyecto hidroeléctrico Petacón, que se construye al borde de los límites de los municipios de Lepaterique y Reitoca opera con “toda legalidad”.
PROGELSA asegura que el avance del proyecto se encuentra en un 70 por ciento y que sus operaciones se vieron afectadas a partir del 15 de enero cuando un grupo de encapuchados armados de machetes se tomaron la calle de acceso al proyecto.
PROGELSA expuso en la carta que los señalamientos vertidos en la conferencia de prensa del COFADEH por parte del Grupo de Apoyo al Río Grande o Reitoca y el Consejo Indígena, son calumniosos contra la empresa.
La empresa aseguró que desde hace 10 años socializó el proyecto con las comunidades de influencia, y que han suscrito convenios de proyección y compensación con las 3 comunidades ubicadas en el área de influencia del municipio de Reitoca y 4 comunidades del municipio de Lepaterique.
PROGELSA afirma que consultó con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y con el Instituto Nacional Agrario acerca del origen indígena de los moradores y moradoras, y que los resultados que obtuvo refieren que muy pocas personas se identifican como indígenas lencas.
En términos legales nosotros siempre hemos tenido la certeza de que es un proyecto completamente ilegal, una invasión al territorio lenca, dijo Joel Antonio Zelaya, residente de Reitoca.
“Estamos definidos como lencas, esta empresa PROGELSA ha invadido el territorio; no es cierto que no seamos lencas, somos lencas y lo decimos orgullosamente”, sostuvo Zelaya.
PROGELSA asegura que en archivos nacionales y de historia se dice que los primeros pobladores de Reitoca fueron emigrantes de San Miguel, El Salvador casi 200 años después del descubrimiento de América.
Y la comunidad de Reitoca atesora un título ancestral certificado por el rey Felipe de Castilla de la corona española que data de 1735.
Por su parte Alejandrino Herrera Euceda presidente del Consejo Indígena Municipal señaló que aquí no ha habido un procedimiento legal, máxime cuando son territorios indígenas, pues ellos lo hicieron ocultar de esa forma para que el pueblo no se diera cuenta y como el pueblo jamás va a estar de acuerdo que se nos explote el único recurso hídrico que nosotros tenemos en la comunidad, esa es la razón de que ellos (PROGELSA) hicieran algunas maniobras con la municipalidad y entraron un poco así como ilegal.
Herrera Euceda ha sido visitado varias veces por personeros de PROGELSA para presionarlo para que firme documentos y comentó que incluso recibió la visita de una funcionaria de gobierno, que le manifestó que su vida estaba en peligro y que existía un millonario fondo de reforestación que los ambientalistas podrían manejar a discreción; a cambio de permitir a la hidroeléctrica que continúe los trabajos.
El presidente del Consejo Indígena Municipal indicó que el proyecto pasó como invisibilizado, “se mencionaba de una represa para unos sistemas de riego, se mencionaba también que venía una empresa a invertir a nuestro municipio, pero no sabíamos de que era una represa hidroeléctrica que nos estaban construyendo y empezamos a darnos cuenta por decires de la gente.
Porque el proyecto se está construyendo en partes de Lepaterique y Reitoca y “entonces ellos trataron de engañarnos y ocultar un poco y esa fue la razón de quedar un poco callados por no saber qué tipo de proyectos estaban construyendo”.
Los ambientalistas han comentado que el ex alcalde Manuel Meza de filiación liberal, maniobró y engañó a la comunidad para otorgar el permiso a la empresa.
Cabe señalar que Manuel Meza que estuvo durante 3 períodos al frente de la municipalidad, fue condenado por los tribunales de justicia a cumplir más de un siglo en prisión, acusado de asesinatos, homicidios y asociación ilícita.
Los pueblos indígenas, están amparados bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estipula la consulta previa, libre e informada sobre todo proyecto que involucre los bienes comunes del territorio que les pertenece ancestralmente.
“Aquí nunca hubo un cabildo abierto para aprobar ese proyecto, nunca hubo una consulta al pueblo, se consultó a otras comunidades que no tienen nada que ver, recuerde que las consultas tienen que ser donde va a impactar el proyecto, nosotros estamos en el casco urbano, pero nunca nos consultaron, y si usted observa el río Grande está aquí a 400 metros del casco urbano y abarca comunidades como Agua Caliente, Santa Cruz, San José, El Rebalse y otras.
“Estamos en contra de este proyecto porque nos han irrespetado”, dijo Joel Antonio Zelaya.
Los pobladores sostienen que la construcción del proyecto dejó amplias extensiones de árboles frutales arrasados, la devastación del cerro Canta Gallo, la contaminación del Río Grande-Reitoca y la muerte de peces, que era una fuente alimenticia para los habitantes.
El pastor evangélico Rodolfo Acosta Martínez dijo que nos unimos a esta lucha porque entendemos que somos los llamados para defender los recursos que nos interesan a todos los seres humanos y máxime a los de Reitoca.
El impacto es fuerte porque de hecho a principios del año pasado el río salía “negro como con aceite y entonces vino Progelsa a tener reuniones con la alcaldía y con nosotros también, entonces los llevamos al río para que verificaran y de hecho verificaron que el impacto era fuerte porque son montones de comunidades que estamos afectadas.
Había peces muertos, se hicieron documentales donde se veían peces muertos y el río que quedó “bien agotado”, bajó el caudal porque ya había retención de agua en la represa, ya no corría el caudal como estaba acostumbrado.
Ahorita en el invierno ha desbordado la cortina, (el río) ha buscado otros lados, pero cuando es verano no corre por la cortina que tendrá algunos 5 metros de altura, comentó.
El cerro quedó devastado y muchos árboles caídos, árboles frutales como el mango y toda clase, se hicieron desastres, comentó el líder religioso.
“Siempre ha habido una oposición, lo único que ahora es una oposición más libre porque todo mundo entiende y aquí en la comunidad ha habido ingenieros que nos han alertado sobre los daños, entonces la gente se ha unido y ha entendido qué es lo que nos conviene, porque nosotros no tenemos ningún beneficio; eso es mentira que dicen que es un desarrollo a la comunidad, ninguna hidroeléctrica tiene un beneficio a la comunidad, de hecho ellos nos van a vender la luz también, así que ningún beneficio”, comentó el pastor evangélico.
En una comunidad tan pequeña como la de Reitoca es fácil identificar a los dirigentes que lideran la lucha contra la represa. Por eso se considera en riesgo los rostros de las personas que más han figurado en notas periodísticas, documentales y reportajes.
Renán Zelaya defensor de derechos humanos de Reitoca ha experimentado en carne propia las amenazas por la lucha emprendida contra el proyecto hidroeléctrico. Recientemente denunció amenazas proferidas por whastapp que le enviara Miguel Angel Osorto Agüero, empleado de confianza de la municipalidad de Reitoca.
“En la alcaldía nos han señalado como líderes del grupo de protección y eso nos ha traído problemas, es lógico que como todo ser humano, uno teme a las amenazas, sea como sea, siempre tiene temor uno”, manifestó.
“…otros miembros del Consejo Indígena hemos sido amenazados, con intentos de sobornos y amenazas a muerte…” Renán Zelaya.
El defensor de derechos humanos expuso que otros miembros del Consejo Indígena hemos sido amenazados, con intentos de sobornos y amenazas a muerte, eso no nos va a detener a nosotros, estamos más firmes de lo que la gente pueda pensar.
Zelaya dijo que al igual que él, otros compañeros y compañeras están en riesgo y mencionó como rostros más visibles a los ambientalistas Wilmer Alonso Herrera, Antonio Zelaya, Douglas Rodas, Rubén Herrera, José Orlando Rodas, Gisela Alejandra Rodas, Avelino Gutiérrez (herido de bala durante el desalojo), Bartolomé García, Magdaleno Flores, Ada Nelly Zelaya Vásquez y el pastor evangélico Rodolfo Acosta, entre otros.
En mi opinión los grupos de choque están comenzando acá, al parecer traen la misma réplica de esos grandes proyectos hidroeléctricos, pero siempre tienen la misma estrategia, los empresarios avorazados, siempre tienen las estrategias de confrontar al pueblo, explicó Zelaya.
Al tiempo que añadió que “ellos tratan de hacer sus grupos de choque y confrontar al mismo pueblo, entonces nosotros no debemos de repetir lo mismo que se está dando en otros lados, tenemos que sentarnos a dialogar, nosotros le hemos dicho al alcalde Marlon Osorto que estamos en la mejor disposición de sentarnos a dialogar y tratar de arreglar estos asuntos”.
Las denuncias de los indígenas lencas de Reitoca han sido interpuestas ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público (MP), Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción- Honduras (MACCIH), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), entre otras.
Los pobladores y pobladoras de Reitoca declararon el 26 de febrero de 2018, que su municipio, es libre de todo tipo de concesiones hidroeléctricas, mineras, parques eólicos y privatización del agua potable y que esperaban que el alcalde Marlon Osorto tome las acciones correspondientes para cumplir el mandato del pueblo.
Unas cien familias de los municipios de Reitoca, Alubarén y La Venta en Francisco Morazán, así como San José y Pespire en Choluteca se han organizado desde el año 2015 para demandar el retiro de la hidroeléctrica.
Testimonios documentados revelan que cuando el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor escuchó el 22 de agosto de 2017, las denuncias de los pobladores, expresó que ya contaban con información que “estos proyectos tenían los mismos vicios, los mismos actos irregulares como el proyecto Agua Zarca”, que desembocó en el asesinato de la dirigenta indígena lenca Bertha Cáceres.
