La muerte o la cárcel, dos opciones para indígenas que defienden el territorio

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Tegucigalpa.

Por Sandra Rodríguez
A escasos metros de las llamas provocadas por policías y militares que protagonizaron un violento desalojo en Tutule, La Paz, cayó herido de bala el defensor de derechos humanos Víctor Vásquez, quien documentaba con una videocámara la represión.

“Estaba haciendo acompañamiento a los compañeros de la comunidad 09 de julio, junto a otros dos compañeros, al llegar al desvío de Tutule había un retén, logramos identificar a policías y militares, ya cerca de la comunidad había otro retén, por lo que nos pareció que sería peligroso y avanzamos, mientras otras personas que se solidarizaban con los amenazados de desalojo se nos unían”, relató Vásquez, acostado en una camilla de hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado 14 de enero.

Víctor recuerda que entraron por una finca “vimos que había humo, era parte de las bombas que lanzaban los policías”.

Él iba filmando un video, cuando vio que uno de los campesinos quedaba atrapado en un cerco de alambre, para ese momento, unos policías se dirigían a ellos, “yo solo sentí un toque en la pierna y no me acorté, seguí grabando y corriendo, hasta después me vi el pantalón lleno de sangre”, y esa herida lo mantendrá por al menos cuatro meses en reposo y ayudado por compañeros y amigos para poder movilizarse.

Expresó a defensoresenlinea.com, que él siente coraje porque somos personas humildes, crecimos sin conocer el derecho que nos asiste, pero según la formación que vamos adquiriendo, conocemos leyes, normas y convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, porque los habitantes de estas tierras somos indígenas, no hay extranjeros, no hay particulares.

Ley de Municipalidades nos ampara en nuestro derecho a defender el territorio, dijo Víctor, quien es el presidente del Consejo Indígena Lenca del municipio de Simpinula, cercano a Tutule. La lucha la vamos a ganar a conformidad conozcamos y exijamos la aplicación de las leyes, y no de voluntades de autoridades políticas municipales, agregó.

El derecho por el acceso a la tierras, afecta al menos 300 mil familias campesinas en Honduras, registra más de 150 asesinados, 5200 criminalizados, al menos 15 encarcelados, y el departamento de La Paz al centro occidente del país, no es la excepción, incrementando ataques, persecución y asesinatos en los últimos años.

Tenemos fijas dos cosas, la muerte o la cárcel, porque nos estigmatizan en nuestro derecho a poseer la tierra que ancestralmente nos pertenece y con ello el derecho a la vida. El tema lo ven como algo político y se olvidan del valor del ser humano, continuó el defensor.

En el marco de la presentación del informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, hace once meses, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  James Cavallaro, dijo que “nos preocupa particularmente que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia”.

El informe enfatiza que la situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones a sus derechos humanos.

Vásquez, dijo que fue la solidaridad el motivo que le hizo moverse desde Simpinula hasta Tutule, la mañana del 13 de enero, porque somos originarios de estas tierras, y tenemos que defenderla. Asimismo agradeció  al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras,  COFADEH, al Centro Hondureño de Promoción de los Derechos Humanos, CEHPRODEC, que han estado acompañándolo en su recuperación.

El lunes 16, recibió la visita de Omar Gómez,  en representación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por estar pendiente de su caso.

El 13 de enero de 2017, Víctor Vásquez acompañaba a integrantes del Grupo Campesino 9 de Julio, quienes habían sido amenazados con ser desalojados por las autoridades locales. El grupo ocupaba tierras que habían sido privatizadas y vendidas ilegalmente por autoridades locales. Alrededor de las 9 de la mañana, aproximadamente entre 150 y 200 militares y policías llegaron al área y comenzaron a desalojar violentamente a los campesinos usando gas lacrimógeno.

Los indígenas lencas, luchan por la defensa de sus tierras ancestrales, el territorio, la aplicación del Convenio 169 de la OIT que contempla la figura de consulta previa, libre e informada. Muchos de sus integrantes son atacados y por ello son gozan de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la ganadora del Premio 2016 de Front Line Defenders para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo Ana Mirian Romero.

El COFADEH interpuso un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se detuviera el brutal desalojo anunciado para el 6 de enero de 2017, y ejecutado una semana después, en el que salieron cuatro personas heridas, casas quemadas y cosechas destruidas. Después emitió dos documentos con información sobre las nuevas amenazas, y aun se espera respuesta del Poder Judicial.

“Honduras debe proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, y tomar las medidas que sean necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin obstáculos ni riesgos”, indicó, en febrero pasado, el Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.