“Honduras frente a la Corte Interamericana: Avances y desafíos”

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Tegucgigalpa.

Para conversar, profundizar y debatir sobre el incumplimiento del estado hondureño sobre las sentencias emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Co-IDH), en su contra, el 13 de septiembre se realizará en Tegucigalpa el foro “Honduras frente a la Corte Interamericana: Avances y desafíos”.

La Co-IDH ha dictado once sentencias sobre el Estado de Honduras en las que se le encontró responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de las víctimas, siendo el primer Estado en recibir una sentencia por este órgano internacional de justicia en el año de 1988.

Los casos en los que Honduras ha sido sentenciado están, Velásquez Rodríguez (1988), Saúl Godinez Cruz (1989); Juan Humberto Sánchez (2003); López Álvarez (2006); Servellón García y otros (2006); Kawas Fernández (2009); Pacheco Teruel (2012); Luna López (2013); López Lone y otros (2015); Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros (2015) y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros (2015).

La impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de los hechos denunciados, debido a la falta de la vigilancia que deben ejercer las instituciones del sector justicia, es el común denominador de todas las sentencias.

La Vida, integridad personal y libertad personal son los derechos violados por el estado hondureño en la mayoría de los casos. También fue encontrado culpable el estado hondureño al no permitirle a las víctimas Libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derechos políticos, derecho a la propiedad colectiva, derecho a la consulta e identidad cultural, entre otros.

Las sentencias en su mayoría de los casos condenan la negligencia de las autoridades nacionales, obliga al Estado a asumir su responsabilidad, a pedir perdón, a investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, indemnización compensatoria para sus familiares y publicación de la parte resolutiva de las sentencias en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional. En algunos casos, el organismo internacional de justicia ordena al Estado hondureño a cumplir con otras obligaciones específicas de acuerdo al caso sentenciado.

Desde 1988, cuando se dio la primera sentencia contra Honduras, esta arrastra una serie de procesos que en los distintos casos se unen en un triste hilo conductor, como lo es la impunidad.

Las víctimas en estos casos han sido defensores (as) de derechos humanos, mujeres, ambientalistas, jóvenes, grupos étnicos, privados de libertad y por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre 1979 a 1993.

El Estado hondureño en los once casos tenía un plazo determinado para cumplir varios de los puntos tras la sentencia, las víctimas y los familiares tienen años esperando una reparación integral, y, además, las autoridades gubernamentales se ha desatendido de los mismos, pese a que estas acciones repercuten en su imagen a nivel internacional.

Con su actuar, el Estado da a entender darle poca importancia a una acción judicial internacional o no acepta las disposiciones de la Corte,  ya que en varias ocasiones ha cuestionado la competencia de ésta.

En una entrevista concedida a defensoresenlinea.com por el investigador y especialistas en caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Joaquín Mejía, explicó que las sentencias internacionales no nos van a venir a resolver los problemas, a cambiar por decreto la realidad del país. Son una herramienta más que debemos utilizar a lo interno para hacer incidencia, exigir y obligar al Estado a que cumpla con sus compromisos, no solo internacional sino constitucional de respeto y garantía de los derechos.

Para supervisar el cumplimiento efectivo de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Honduras, hace dos años se conformó la Mesa de Seguimiento, la que está conformada por 9 organizaciones.

Estas organizaciones son Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT),  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes han sido los representantes legales de las víctimas ante la Co-IDH.

Este 13 de septiembre en el salón Maya del hotel Honduras Maya, de 9 a 12 del mediodía, la Mesa de Seguimiento realizará un foro donde se va a conversar, profundizar y debatir sobre el incumplimiento del estado hondureño sobre las sentencias emitida por la Co-IDH, donde participaran como expositores juristas nacionales y extranjeros.

Participaran el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, la representante de la OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo y la señora Gabriela Pacheco, coordinadora de la Unidad de Supervisión de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como con la representación de organizaciones litigantes y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Reseña casos

1. Caso Velásquez Rodríguez (Sentencia 29 de julio de 1998)
Manfredo Velásquez Rodríguez fue un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que fue detenido y desparecido el 12 de septiembre de 1981 por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los tribunales no se realizaron las investigaciones necesarias para encontrarlo y sancionar a los responsables.

2. Caso Godínez Cruz (Sentencia 20 de enero de 1999)
Saúl Godínez Cruz fue un dirigente magisterial que fue detenido y desparecido el 22 de julio de 1982 por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los tribunales no realizaron las investigaciones necesarias para encontrarlo y sancionar a los responsables.

3. Caso Juan Humberto Sánchez (Sentencia 7 de junio de 2003)
Juan Humberto Sánchez fue detenido ilegalmente en su casa de habitación la noche del 11 de julio de 1992 y ejecutado arbitrariamente por militares. Su cadáver fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del río Negro y los recursos para investigar los hechos y sancionar a los responsables han resultado inefectivos.

4. Caso López Álvarez (Sentencia 1 de febrero de 2006)
Alfredo López Álvarez es un dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras que fue detenido arbitrariamente por policías el 27 de abril de 1997 y privado de su libertad durante 6 años y 4 meses, tiempo durante el cual fue sometido a condiciones de detención insalubres y de hacinamiento, y se le violentó el debido proceso. El 29 de mayo de 2003 la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria dictada por el tribunal inferior el 13 de enero de 2003.

5. Caso Servellón García y otros (Sentencia 21 de septiembre de 2006)
El 15 de septiembre de 1995 agentes policiales detuvieron arbitrariamente a los niños Marco Antonio Servellón García y Rony Alexis Betancourth Vásquez, y a los jóvenes Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, quienes fueron golpeados y posteriormente asesinados. Dos días después sus cadáveres fueron encontrados en diferentes lugares de Tegucigalpa. Las autoridades no realizaron investigaciones efectivas para investigar y sancionar a los responsables.

6. Caso Kawas Fernández (Sentencia 3 de abril de 2009)
Blanca Jeannette Kawas Fernández fue una destacada defensora ambientalista asesinada en Tela el 6 de febrero de 1995. Las autoridades no realizaron investigaciones con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

7. Caso Pacheco Teruel (Sentencia 27 de abril de 2012)
El 17 de mayo de 2004 murieron 107 personas privadas de libertad en un incendio en el centro penal de San Pedro Sula, quienes se encontraban en condiciones de detención inadecuadas debido a la falta de atención médica, a una alimentación deficiente, a los graves problemas de hacinamiento, entre otros. Las autoridades no realizaron diligencias efectivas para sancionar a los responsables.

8. Caso Luna López (Sentencia 10 de octubre de 2013)
Carlos Luna López fue un destacada defensor ambientalista y regidor municipal asesinado en Catacamas el 18 de mayo de 1998. Las autoridades cometieron una serie de irregularidades en los procesos penales abiertos contra los autores materiales e intelectuales, generando una impunidad parcial.

9. Caso López Lone y otros (Sentencia 5 de octubre de 2015)
En el marco del golpe de Estado de 2009, la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado fueron sometidos a procesos disciplinarios por sus acciones de defensa de la democracia y el Estado de derecho, y como consecuencia fueron destituidos y separados ilegalmente del Poder Judicial.

10. Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros (Sentencia 8 de octubre de 2015)
El Estado incumplió su compromiso de sanear el territorio de la comunidad ocupado por terceros y no actuó con la debida diligencia para tutelar dicho territorio o arribar a una solución definitiva. El Estado tampoco deslindó claramente las zonas que supuestamente se encontrarían ocupadas por terceros, a fin de prever y resolver los problemas de la ocupación progresiva, a través de medidas destinadas a garantizar el uso y goce del territorio previo a su titulación. Esto provocó que la Comunidad de Punta Piedra pudiera tener garantizado el uso y goce efectivo de su propiedad colectiva.

11. Caso comunidad garífuna triunfo de la cruz y sus miembros (Sentencia 8 de octubre de 2015)
Desde el año 1950 el Estado de Honduras comenzó a otorgar títulos de propiedad sobre la tierra en favor de la Comunidad Triunfo de la Cruz y sus miembros. Sin embargo, se suscitaron distintas problemáticas en torno a su territorio, ya que se amplió el radio urbano del municipio de Tela en 1989 que abarcaba parte del territorio garífuna, se vendió a una empresa privada de turismo y a terceros parte del territorio de la comunidad, se creó el área protegida “Parque Nacional Punta Izopo” en parte de dicho territorio tradicional y se aprobaron otros proyectos turísticos en el mismo. Ante las acciones de oposición de la comunidad, cuatro de sus miembros fueron amenazados y asesinados.