Tegucigalpa, Honduras.- Una noche y un día, Claudia y Marcial se refugiaron en el monte, huyendo de los ataques de sus vecinos que no les permitieron volver a su casa, acusándolos de ser portadores del Covid-19.
Confinados en una pequeña casa de adobe, por una ventana Sandra les pasa la comida. Pronto cumplirán dos semanas de aislamiento, pero no le ven fin al temor que sufrieron en la comunidad de Cacautare, municipio de Pespire, Choluteca, la noche del sábado 25 abril y el domingo siguiente.
Hasta el momento, sus familiares solo pueden saludar de largo al matrimonio conformado por Claudia Patricia Sánchez de 35 años y Marcial Martínez Sierra de 39, será el próximo lunes 11 de mayo, que se reencuentren con sus pequeños hijos.
La pareja está recibiendo atención sicológica, hay trastorno para dormir porque las pesadillas invaden sus pensamientos, detalló la lideresa comunitaria, Sandra Sánchez, hermana de Dilcia, quien alertó a organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre la situación que enfrentaban desde el domingo 26 de abril, cuando sus parientes estaban desaparecidos.
Buscando oportunidades de empleo, Marcial emigró a la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se dedicó a la venta de guineos verdes en el mercado, pero con la pandemia del Coronavirus en Honduras, ya tenía 20 días sin trabajar, cuando se le presentó la oportunidad de trasladarse a su natal Pespire.
“Pedí jalón” relató el padre de familia, viajando 345 kilómetros de norte a sur.
La familia Sánchez ya había creado un plan de aislamiento, Marcíal estaría guardando “la cuarentena” que son dos semanas sugeridas y monitoreadas por personal autorizado. Su compañera comunicó a la policía su llegada, y pido ayuda para irlo a encontrar al desvío de calle principal.
Al enterarse los vecinos que Marcial venía del epicentro de la pandemia, se opusieron a que la patrulla policial lo llevara a casa. El miedo los obligó a desaparecer “sólo queríamos que llegara la noche para volver a la casa”, expresó Dilcia, mientras volvía a probar comida, el lunes 27, después de ser evaluados por personal médico.
Sandra declaró a Defensores en Línea que, hasta el lunes 4 de mayo, los niños fueron con su abuela a dejar comida a las víctimas de estigma. “Dice mi mamá que fue doloroso para todos, se vieron a la distancia, porque estamos respetando el protocolo, aunque ellos no han mostrado síntomas de ninguna enfermad”, continuó.
Aunque los vecinos en la comunidad de Cacautare, han pedido disculpas por su comportamiento que obligó a la pareja estar por más de 24 horas sin agua ni comida y a la intemperie, siempre hay algunas personas que bajo efectos del alcohol pasan lajeando la casa o vecinos que “hablan mal, tiran indirectas y eso ofende”, denunció Sandra.
El estigma ha afectado a toda la familia, causando desintegración familiar, aislamiento social, miedo e incertidumbre ante la reacción de los vecinos, porque en su momento la misma policía no les pudo ayudar para salvaguardar su vida.
Recordando el día que llegó el personal de salud a ver a su hermana y cuñado, todo fue tan rápido y los agentes policiales afirmaron que “para ellos el tiempo era oro”, pero se miraban más bien apurados por irse.
La familia agradeció el acompañamiento brindado por organizaciones defensoras de derechos humanos como la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que alertó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde el primer momento en que se denunció el hecho.
El COFADEH ha denunciado diferentes hechos de estigma en el marco de la pandemia por Coronavirus, que desde el de marzo hasta hoy, registra 1,771 casos positivos, 16 de ellos en el departamento de Choluteca y 1,264 en Cortés, siendo el epicentro de la pandemia y donde trabajaba Marcial Martínez.
Al igual que Marcial, son innumerables las personas que por motivos laborales o estudiantiles emigran a otras ciudades y la emergencia sanitaria no les permitió regresar a sus comunidades antes que cerraran calles de manera comunitaria o por el toque de queda impuesto bajo Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que suspendió las garantías Constitucionales, emitido el desde el 16 de marzo.
El COFADEH ha documentado casos de trabajadores y trabajadoras que fueron desempleas y no tienen tampoco la facilidad de volver con sus familias o de se les obliga estar en cuarentena en lugares sin las medidas básicas de bioseguridad, aunque sus familias les haya preparado un lugar oportuno.
En el primer informe publicado por el COFADEH a inicios de abril “Crisis de derechos humanos durante la pandemia Covid-19”, recomienda “Garantizar el respeto de las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo, relacionadas con la seguridad y la salud, en todas las modalidades y labores, debe ser prioridad”.
Y de manera urgente que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos organice equipos de monitoreo permanente para garantizar los derechos humanos de la población inmigrante. Y penalice a aquellas personas particulares o autoridades que cometen delitos racistas y xenofóbicos.
Cabe señalar que a Dilcia y Marcial no se les realizó pruebas médicas para saber si eran portadores de Covid-19, solo se les ha monitoreado la sintomatología vía telefónica, afortunadamente han estado sanos a espera que el lunes de les dé el alta.
