En el día internacional de las mujeres rurales exigimos un alto a la criminalización

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Tegucigalpa.

El 15 de Octubre fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Mujeres Rurales reconociendo la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

En Honduras 2 millones de mujeres viven en el área rural de las cuales 1.3 millones afrontan condiciones de pobreza, producto de las desigualdades y la brecha de género en el acceso a la tierra, asistencia técnica y crediticia para producir alimentos. El 86% de las mujeres rurales no poseen títulos de tierras. Sumado a esto, las mujeres rurales son discriminadas y perseguidas por el sistema de justicia: más de 1,700 mujeres campesinas se encuentran judicializadas a nivel nacional, y otras asesinadas cuyo único delito ha sido exigir su legítimo derecho a la tierra y defender los bienes naturales de sus comunidades.

Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías de los países en vías de desarrollo, ya que participan en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, proporciona alimentos, agua para sus familias y participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños/as, los ancianos y los enfermos.

La Via Campesina, el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) y las Mesoamericanas En Resistencia Por Una Vida Digna-Honduras (MER-H), junto a otros  sectores expresaron que Honduras es el país más vulnerable del mundo y el más afectado por el cambio climático en los últimos 20 años, por lo que demandan al gobierno soluciones puntuales a cada una de las problemáticas arriba citadas.

Las mujeres denunciaron  que otra modalidad de discriminación y violencia contra las mujeres del campo hondureño, es la falta de  voluntad política del gobierno de Honduras para operativizar la Ley CREDIMUJER aprobada en el Congreso Nacional en septiembre 2015, para que las mujeres del campo tengan acceso de los recursos productivos y mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido Wendy Cruz, representante de la campaña manifestó «aprobaron la Ley, pero aun seguimos esperando la promesa del presidente Juan Orlando Hernández en asignar recursos a la Ley para  implementarla»,.

Asimismo, denunciamos que a más de 19 meses de total impunidad en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres las mujeres exigen que la investigación se profundice hasta acusar y presentar ante los tribunales, a los autores intelectuales del asesinato de la compañera Cáceres, asimismo el castigo para los responsables del crimen de Margarita Murillo asesinada en agosto del 2014.

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha sido enfático al mencionar que “El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y la pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos/as y a las sociedades un futuro mejor”. Sin embargo, las políticas de Estado siguen discriminando y manteniendo invisibles a las mujeres rurales en Honduras.

Las mujeres rurales demandan al Gobierno de Honduras cese a la persecución, criminalización y asesinatos selectivos a defensoras de la vida, la tierra y el territorio, es urgente una estrategia de gestión integral para la producción de alimentos con enfoque de género.
 
SI LAS MUJERES NO TIENEN ACCESO A BIENES PRODUCTIVOS,
No hay desarrollo productivo en el Campo.