El Salvador juzga a los militares de una de las mayores matanzas de su guerra civil

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Forenses recuperan en 1992 los restos de al menos 50 niños asesinados en El Mozote AP

San Salvador

Tras 27 años de artimañas jurídicas y de denegación de justicia y verdad, el 29 y 30 de marzo pasado, los familiares de las víctimas, sobrevivientes y defensores de los derechos humanos en El Salvador lograron una victoria sin precedentes: sentar en el banquillo a quienes planificaron la masacre de El Mozote, en la que fueron asesinados más de mil campesinos indefensos.

El juicio busca encausar también a quienes implementaron “el terrorismo de Estado” durante la guerra civil (1980-1992), aseveró el abogado querellante de las víctimas David Morales.

La masacre que ejecutada entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, se conoció gracias a dos diarios estadounidenses, The Washington Post y The New York Times, casi dos meses después de aquel año.

David Morales, ex-Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (del 2013 al 2016) y en la actualidad abogado de una asociación cívica, es uno de los querellantes en el proceso, en representación de las víctimas.

Los encausados podrían ser responsables también de masacres como la de El Calabozo y Río Sum pul, en las que fallecieron centenares de campesinos, considerados “suministradores logísticos de la guerrilla.

Por primera vez estos militares están sentados en el banquillo de los acusados escuchando los crímenes de lesa humanidad de los que se les acusa. Entre ellos están el exministro de Defensa, general Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor, general Rafael Flores Lima y el exjefe del Batallón Atlacatl, coronel Natividad Cáceres, que fue el comandante que dirigió la operación. Todos ellos oficiales retirados.

Se les ha visto callados y nerviosos; no han emitido declaraciones porque sus propios abogados se lo han recomendado, pese al acoso de la prensa nacional e internacional.

Uno de los ausentes durante el juicio será el fallecido coronel Domingo Monterrosa, uno de los principales ejecutores de la masacre. Monterrosa murió en la guerra durante una trampa que la guerrilla le tendió en el norte de Morazán al creer que había capturado los equipos de Radio Venceremos, en octubre de 1984. Sin embargo, los equipos capturados llevaban explosivos que los guerrilleros hicieron estallar en pleno vuelo del helicóptero en el que se conducían Monterrosa y otros importantes oficiales.

“Esperamos que la Fuerza Armada actual, los mandos, y el propio gobierno de la exguerrillla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cambien su posición y colabore proporcionando los archivos militares. Los altos mandos tienen una tesis de una supuesta destrucción de dichos archivos, pero eso en todo caso debería ser investigado por la Fiscalía, que la vemos actualmente con un rol más activo”, afirmó el abogado Morales, quien apunta que no sabe cuánto tiempo dará este proceso penal.

 La anulación de la Amnistía de 1983

Después de promulgada la Amnistía de 1993, tras la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas (ONU) que reveló muchos de los horrores de la guerra, cometidos por guerrilleros y militares, se había congelado cualquier posibilidad de investigar y de hacer diligencias sobre la autoría de los participantes de la matanza de El Mozote.

Aquel acto de barbarie, fue comparada en su día por la prensa internacional como la que el ejército estadounidense cometió contra la rural de My Lai, en Vietnam. Sobe la masacre salvadoreña, los informes señalan que: Por “defectos” en la investigación, no se sabe la cifra exacta de asesinados, pero se estima que debió estar entre 347 y 504.

Morales, sin embargo sostiene que en El Mozote los soldados violaron niñas y mujeres; asesinaron embarazadas y a bebés con pocos años de vida hasta llegar aproximadamente a los 1.000 fallecidos.

En el informe de la Comisión de la Verdad, dirigido por el expresidente colombiano Belisario Betancourt, se narra, por ejemplo, que los menores de edad fueron asesinados y después conducidos sus cuerpos a una construcción detrás de la Iglesia que se conocía como convento. Se trató de borrar el crimen masivo de los infantes con lanzallamas.

“A raíz de la sentencia que anula la Amnistía General en 2016, se pudo reabrir el caso lo que ha permitido sentar en el banquillo a los militares que estaban al mando, así como los oficiales del batallón Atlacatl, que planificaron y llevaron a cabo la ejecución de civiles campesinos”, recalcó Morales.

La guerra civil salvadoreña dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Un millón más de salvadoreños se refugió en Estados Unidos y países vecinos. La Amnistía vigente hasta el año pasado impedía juzgar las atrocidades que cometieron guerrilleros y militares incluido el magnicidio del ahora beato Monseñor Oscar Romero, y los seis sacerdotes jesuitas en  1989. La previsión es que a partir de ahora, uno y otro bando en conflicto inicien una serie de reclamos en busca de la verdad.