EL DESAFÍO DE 2017

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Hoy asistimos al penúltimo plantón de 2016 en nuestra condición de víctimas de la desaparición forzada, que es responsabilidad jurídica y política imprescriptible del Partido Nacional y el Partido Liberal, junto a las Fuerzas Armadas de los Álvarez, Hernández, Pachecos y Discuas, financiados por la CIA y el Pentágono de Estados Unidos.

Avanzamos a la fecha 30 de noviembre, que es la conmemoración de 34 años de existencia de esta organización de madres, hij@s y parientes de personas vícitimas de detención arbitraria, ocultamiento, torturas, desaparición permanente, y asesinato.

Hoy como en 1982 andamos aquí en esta plaza buscando la verdad y la justicia, sin odio ni venganza, pero con firmeza inclaudivable. Y ellos, los responsables, lo saben. Los sepultureros, los ejecutores y quienes daban las órdenes de matar, y hasta quienes benedecían a las víctimas, lo saben.

Hace 20 años dijimos que si la estructura corrupta de rojos y azules no era capaz de sancionar penalmente a los criminales de los años 80, la impunidad pariría nuevas violencias en Honduras. Y así fue. Así es.

Por eso, las bestias que sacaban uñas a los cautivos ascendieron a la condición de analistas en la tv; el primer comandante de la muerte a categoría de beato católico de la arqidiócesis; el otro licenciado siguió con cargos en la Policía y otros hasta inscritos en planillas del bipartidismo. O barones de la cocaína.

Esa impunidad se transformó en crimen organizado y en narcotráfico total, abrazando como hiedra a las viejas instituciones del Estado, hasta convertirlo en un tronco podrido e inútil para la ciudadanía, que hoy sufre pobreza general, desasociego y emigración.

Así llegamos a 2016 a convertirnos en la Honduras Intervenida por la OEA, la ONU y las agencias de inteligencia y cortes federales de Estados Unidos, quienes dirigen ahora las operaciones de seguridad interior, defensa y justicia penal de este viejo árbol podrido que es Honduras, por culpa de los delincuentes de los años 80s y sus descendientes más jóvenes.

El COFADEH no rehusa a trabajar con la MACCIH, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Unión Europea y el sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Operadores de Justicia, forman parte de las redes criminales de alta peligrosidad para la población. Y es imposible coordinar acciones de defensa y promoción con quienes violan los derechos humanos.

No queremos asistir, sin embargo, a la conformación de un protectorado que ahogue la visión y las propuestas del pueblo, como ocurre en Puerto Rico o en Haití; queremos recuperar a la Honduras de los hondureños trabajadores, honestos y dignos, no de los mafiosos delincuentes del presente.

Es tremendamente triste haber llegado a esta situación, y es más triste asistir lamentablemente a un nuevo proceso electoral sin la comprensión de los liderazgos políticos respecto de esta realidad.

Llegamos al final de 2016 finaliza con una pena terrible para la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos del país, con destacadas dirigentes indígenas y líderes campesinos asesinados, liderazgos juveniles criminalizados y expulsados de sus entornos, con formadores de opinión pública exiliados y comunidades enteras forzadas al desplazamiento físico por narco mineros y bancos nacionales e internacionales inversionistas de energía sucia.

En perspectiva para 2017, la extradición de funcionarios públicos narcotraficantes y corruptos – incluyendo jefes policiales, jefes militares, políticos del bipartidismo y empresarios católicos y evangélicos – podría ser un mecanismo de balance de poder; lo ilógico es que sea dirigido sólo por el Departamento de Estado de EEUU.

El juzgamiento de los criminales hondureños debe ser, también, un mecanismo sometido al sistema penal universal por crímenes de guerra, y dar paso de inmediato a la conformación de una coalición social y política interna que tome la conducción transitoria del Estado, previo a su reconstitución constitucional. Y en este proceso se reclama la participación de la comunidad internacional respetuosa del Derecho, no de los equipos de campaña de republicanos y demócratas.

Si el vacío que va produciendo la intervención internacional es llenada con un proceso político pro continuista de lo mismo, no tendremos la oportunidad de reconstruir nada como sociedad. Y la confrontación de esa propuesta violenta desde el Estado contra la propuesta democratizadora desde abajo, nos conducirá a mayor violencia contra la gente. Y ni Clinton ni Trump podrían detenerla.

En coherencia, desde esta plaza ofrecemos nuestras manos otra vez para la recuperación de la Patria.

De los hechos y d elos hechores, ni olvido ni perdón.
4 de noviembre de 2016