El caso hondureño

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José María Tojeira, sj (*)

Honduras está mal. Una terrible avalancha de brutalidad se ha desatado contra el pueblo catracho. Se ha procedido a elegir a un candidato presidencial violando la Constitución vigente, que impide la reelección. Además, las elecciones tuvieron momentos sumamente oscuros en el recuento de votos, que indican claramente fraude electoral. La evidencia es lo suficientemente clara como para que el Secretario General de la OEA recomiende repetir las elecciones. Cuando la gente ha protestado en las calles contra el fraude, la represión ha sido brutal y masiva. Especialmente a los jóvenes que protestan se les detiene, se les golpea cuando ya están sometidos, o simplemente se les dispara y se les mata. Algunos testigos cuentan del ingreso de la Policía Militar a su casa y de cómo dispararon a quemarropa, matando a un pariente joven. Desde el día de las elecciones hasta la fecha, sobre todo con la autoría de la Policía Militar, se ha asesinado a cerca de 40 personas.

El gas lacrimógeno es lanzado incluso contra las ventanas de quienes se asoman a contemplar la marcha. Los garrotazos están a la orden del día, sean hombres o mujeres, jóvenes o adultos mayores. A un diputado de Libre, partido de oposición, la Policía militar le ametralló su vehículo, parqueado frente a su casa. Toda la institucionalidad, ya escasa y débil en el respeto a los derechos básicos, se está convirtiendo en una maquinaria represiva contra quienes protestan porque quieren un país de leyes, no una dictadura. Porque, en efecto, Juan Orlando Hernández, arropándose en un lenguaje religioso, populista y grandilocuente, claramente contradictorio con la práctica represiva que promueve, se está convirtiendo en un dictador.

Y como todos los dictadores, acaba siendo protegido, aupado y defendido por los más corruptos entre los políticos y por un capital al que solo le interesan sus beneficios y no la democracia. En abril de 2016, Juan Orlando Hernández se vio obligado a llegar a un acuerdo con la OEA para investigar delitos de corrupción. Las masivas manifestaciones de los hondureños en contra del flagelo llevaron la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La Misión comenzó a trabajar. Cuando llegó a tener bastante cercana la posibilidad de llevar a juicio a un grupo de diputados, claramente involucrados en corrupción, el Partido Nacional incluyó en la Ley del Presupuesto una frase que impedía cualquier procedimiento penal contra funcionarios si antes no pasaban las acusaciones por la investigación y opinión del Tribunal de Cuentas. Un Tribunal, como todas las instituciones estatales, comenzando por la Corte Suprema, controlado por el Partido Nacional.

El Partido Nacional tiene una honda tradición militarista. El dictador que más tiempo ocupó el poder en Honduras, el general Carías Andino, era del Partido Nacional. Andino, Ubico en Guatemala, Somoza en Nicaragua y Hernández Martínez en El Salvador constituyeron una verdadera plaga centroamericana que dejó heridas muy profundas, que nuestros pueblos han tenido que ir superando lentamente. El Partido Nacional sobrevivió aliándose sistemáticamente con los militares en cada golpe de Estado. En la Constitución hondureña de 1982, se impuso la imposibilidad absoluta de repetir mandato presidencial, precisamente para evitar que se repitiera la historia de dictaduras que habían asolado al país durante demasiado tiempo. El golpe de Estado de 2009, en el que participaron también miembros del Partido Liberal, ocasionó tanto el desprestigio de ese partido como su división, con el nacimiento del partido Libre, del entonces derrocado Manuel Zelaya.

Juan Orlando Hernández dice que quiere dialogar. El ideal sería convocar cuanto antes una Asamblea Constituyente que eligiera a un presidente provisional, que fungiría mientras se redacta y aprueba una nueva Constitución. Luego de lo cual se convocarían nuevas elecciones garantizadas internacionalmente. Mientras se llega a la Constituyente, la única prueba de sinceridad de Juan Orlando sería proceder contra la corrupción en el seno de su partido. Si continúa en el poder, habrá que considerarlo, simple y sencillamente, un dictador.

(*) Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, IDHUCA, 1 de febrero 2018.