Detención arbitraria de líder indígena en La Paz confirma discriminación y racismo judicial

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La víctima es Carlos Eduardo López, indígena lenca de 35 años miembro de la Empresa Asociativa 09 de julio en Las Huertas, San Pedro de Tutule, La Paz, secuestrado por la Policía Nacional a las 5:00 de la mañana de este viernes en su propia casa de habitación.

El supuesto dueño, además del sistema judicial racista, es el supuesto terrateniente ladino Carlos Arriaga, cuñado del vice alcalde Hernán Guevara, quien manipula policías, jueces y militares del sector para atacar a las bases de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia este hecho violento ejecutado en presencia de la esposa y las dos hijas menores de edad de la víctima, quien fue trasladado a la cabecera departamental ante un juez inquisidor que decide su suerte este mismo día.

La captura de López fue ejecutada en hora inhábil en un territorio recuperado para la agricultura hace 7 años, donde las fuerzas represivas junto a jueces y fiscales afines al Partido Nacional han hecho 26 desalojos violentos, obedeciendo órdenes de Arriaga.

En nombre de la “propiedad privada” Arriaga hipotecó el predio de 34.5 manzanas con el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) y ahora en el marco del conflicto exige 3.5 millones de lempiras; el valor catastral de la tierra es inferior a 900 mil lempiras.

En el contexto de este hecho sobresale que el 13 de enero de 2017, el presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, La Paz, Víctor Vásquez, fue herido de bala en su rodilla derecha, mientras filmaba un desalojo de sus hermanos campesinos.

La dirigencia indígena de la CNTC en Tutule teme nuevas órdenes de captura o de secuestro contra más socios de la empresa campesina 09 de Julio. Ante estos hechos, conociendo el énfasis racista en cada acción ejecutada por el sistema judicial-policial de la zona, hacemos un llamado general a exigir el respeto a la vida de los imputados y a defender su derecho a la tierra para alimentar sus vidas y la de sus familias.

En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a la tierra.

De los hechos y hechores, ni olvido ni perdón
Cofadeh
Tegucigalpa, M.D.C, 28 de abril de 2017