Demanda contra el Estado de Honduras por asesinato de comunicador social

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Por Sandra Rodríguez

Tegucigalpa.- A seis años del asesinato del comunicador social Nery Geremías Orellana, de la radio Joconguera en Candelaria, al sur de Lempira, el caso sigue en la impunidad, por lo que se ha demandado al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Orellana fue asesinado el 14 de julio del 2011, en su comunidad se le tenía mucha estima y respeto, porque denunciaba hechos de corrupción que sucedían en la zona. Su único hijo de un año de edad, también quedó sin madre, pues la joven que era maestra falleció un año después.

El joven, además era corresponsal de Radio Progreso, emisora del el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), que dirige el presbítero Ismael Moreno.

Durante el golpe de estado, el comunicador social mantuvo una posición crítica frente al golpe de Estado del año 2009 y realizó serios señalamientos sobre deficiencias en los servicios de salud pública administrados por la Mancomunidad de Mocalempa y dio cobertura a los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua de Desarrollo Integral (COCEPRADIL), denunció esta mañana el ERIC-SJ.

IMG_20170711_103956El ERIC-SJ y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), en representación de los familiares de la víctima, demandaron al Estado de Honduras ante la CIDH para que se esclarezca la verdad sobre el asesinato de Nery Geremías Orellana.

Además, requieren que se identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales, repare las consecuencias morales y materiales de su muerte, y adopte medidas para evitar la repetición de hechos como éste.

En otras palabras, lo que se busca es que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales para prevenir violaciones a derechos humanos e investigar diligentemente para evitar la impunidad, denunció Joaquín Mejía, miembro del equipo investigador del ERIC-SJ.

El día del asesinato, Nery Geremías, fue asesinado cuando viajaba en motocicleta hacia la radio Joconguera e interceptado por desconocidos que le dispararon en la cabeza. Luego lo trasladaron con vida al hospital de Sensuntepeque, El Salvador, pero falleció horas después.

Este caso, forma parte de las 70 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, que han sido asesinadas en el período 2001-2017. De estos el 91 por ciento está en la impunidad, por lo que el Estado de Honduras debe tomar medidas de prevención, declaró Mejía.

En su momento un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), también hizo pública la denuncia del asesinato de Orellana, así como los abusos de autoridad y demás violaciones a los derechos humanos sucedidos en esa región de Lempira. Posteriormente conoció parte de la realidad que viven las mujeres en Candelaria, Erandique, Gualcince y Piraera, donde hay poco acceso al sistema de justicia y medios de denuncia ciudadana.

El ERIC-SJ ha presentado denuncias ante la CIDH, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), a cuyas sentencias da seguimiento por las cláusulas incumplidas, en conjunto con otras organizaciones que representa casos de violaciones a derechos humanos.

Ante la preocupación por el irrespeto a dichas disposiciones, el en julio del año 2015 se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Co-IDH, integrada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT),  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).