Decisiones arbitrarias cercenan territorios ancestrales en La Paz

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Río Chinacla

Tegucigalpa.

Por Marvin Palacios
Los Consejos Indígenas Lencas del municipio de Santa María la Paz y San Pedro de Tutule, en las comunidades Aupa, La Trinidad y Río Negro, en el departamento de La Paz, alertan sobre decisiones arbitrarias adoptadas por el actual gobierno que cercenan territorios, amenazan los recursos naturales y colocan en bandeja de plata; los bienes comunes a través del otorgamiento de concesiones a empresas nacionales e internacionales.

Existe una resolución de la Secretaría de Gobernación y Justicia en donde se entregan los territorios y recursos naturales a discreción de las municipalidades, que pueden y de hecho, ya lo están haciendo, para poner a disposición de empresas nacionales e internacionales, vía concesiones, los bienes comunes de la naturaleza.

“Condenamos y repudiamos la resolución emitida por el  Ministerio de Gobernación y Justicia sobre la entrega del territorio de las zonas altas de las comunidades Aupa, La Trinidad y río Negro que son productoras de agua y zonas de reserva de Santa María y que Gobernación y Justicia le entrega a Tutule, La Paz”, sostiene la denuncia pública de la cual ya tiene conocimiento la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural.

“Exigimos al alcalde Gabino Argueta Gálvez y sus demás regidores de Santa María que explique si ha sido aceptados estos convenios de compromisos con la municipalidad de Tutule, ya que este territorio donde está ubicado, tiene título ancestral del año 1885, con personería jurídica, firmado por el presidente Luis Bográn”.

Miembros del Consejo Indígena Lencas del municipio de Santa María la Paz y San Pedro de Tutule
Miembros del Consejo Indígena Lencas de los municipios de Santa María y San Pedro de Tutule en La Paz

“Solicitamos a la Corporación Municipal de Santa María, presentar una solicitud de anulación del fallo del Ministerio de Gobernación y Justicia para que quede claro a la población en el derecho que tenemos”, manifestaron las comunidades en la denuncia pública.

Por otra parte los consejos indígenas lencas afirman que dichos concesionamientos se otorgan sin consultar a las comunidades violando su derecho a la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169 sobre pueblos tribales.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de las Etnias, las comunidades indígenas sostienen que el alcalde de Santa María no ha querido resolver esta problemática por temor a lo que puedan manifestar las autoridades de la municipalidad de Tutule.

Líderes indígenas lencas de las comunidades de Santa María La Paz y Río Negro han manifestado que están unidas por la defensa del agua y los bienes comunes de la naturaleza y denuncian a la presidenta del partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López por los daños que está causando la represa hidroeléctrica ubicada construida en “El Aguacatal” municipio de San José y parte de Santa María, La Paz.

La denuncia a la que tuvo acceso el periódico digital: www.defensoresenlínea.com señala en uno de sus párrafos que: “..ahora quieren sacar agua del Río Negro, que atraviesa el municipio de Santa María, para conectar el afluente hacia la represa que ya está en funcionamiento…”

“Estos proyectos son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos y la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que el mal llamado desarrollo solo favorece a diversas empresas de producción que privilegian la obtención y acumulación de riqueza de una oligarquía que a través de 714 proyectos extractivos; desprecia la vida de nuestros pueblos y comunidades”, sostiene la denuncia.

Las comunidades indígenas consideran que este tipo de proyectos hidroeléctricos y extractivos está acelerando el fenómeno del cambio climático  poniendo en riesgo la sobrevivencia de las personas, animales y vegetación, además ponen en peligro la seguridad alimentaria.

También generan inestabilidad social e inseguridad en las comunidades, y colocan en una situación de riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos.

“Denunciamos los delitos de abuso de autoridad, violación a los derechos humanos por no realizar cabildos abiertos y por no hacer la consulta previa, libre e informada, la usurpación del territorio de las comunidades indígenas, violación al Convenio 169 sobre los derechos ancestrales”, establece la denuncia expuesta por las comunidades de Santa María La Paz y San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz.