Cuando defender la tierra es delito

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Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA

Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denunció la persecución de la cual está siendo víctima por parte del aparato estatal y de empresarios privados, que estarían usando artimañas para seguir apropiándose de tierras comunitarias garífunas. La criminalización de la lucha social y sus nuevas estrategias y rostros.

Este martes 5 de septiembre -explica Miranda en un comunicado- se apersonaron en la sede de Ofraneh, situada en la comunidad de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los funcionarios pretendían entregarle un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante autoridades judiciales.

Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.

Recientemente, el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, ha denunciado por difamación y calumnias a la lideresa garífuna y a otras tres activistas de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo.

Miembros de la comunidad  han venido denunciando la compraventa ilegal de tierras comunitarias garífunas, que involucraría a autoridades locales y a empresarios turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen, este último Ceo de Life Vision Developments.

En particular, un nutrido grupo de jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar un terreno que la comunidad había destinado a un proyecto ecoturístico comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA.

La recuperación del terreno llevó a los jóvenes a enfrentar demandas judiciales y, en el caso de Medalime David, hasta la prisión[1].

Libertad de expresión en peligro
Los quieren callar

En julio pasado, siempre en Trujillo, Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, una de las radios comunitarias de la Ofraneh, amenazando con clausurarla.

La organización garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los pueblos indígenas.

Este derecho está plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

La denuncia de todo lo que está aconteciendo en la Bahía de Trujillo ha desencadenado una persecución contra la Ofraneh, sus dirigentes y miembros, asegura la organización hondureña[2].

“Yo no he cometido ningún delito. Sólo defendemos los derechos humanos del pueblo garífuna, de los demás pueblos indígenas y del pueblo hondureño en general”, afirma Miriam Miranda en el comunicado.

“Randy Jorgensen, Patrick Forseth y Conatel se han dado a la tarea de denunciarme y el Estado de judicializarme”, asegura la lideresa garífuna.

Para ella, la persecución está siendo legitimada y apoyada por el actual gobierno “que pretende detener la lucha del pueblo garífuna en defensa de sus derechos históricos, territoriales y culturales”.

“No me queda más que responsabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado contra mi persona e integrantes de la Ofraneh”, concluye el comunicado.

Fuente: Rel-UITA