Consulta indígena expone más violaciones a los derechos del pueblo Lenca

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Tegucigalpa.

Por Sandra Rodríguez
Después de una consulta indígena realizada en el municipio Santa Elena, La Paz, la población se ve más empoderada de sus derechos; pese a que los resultados no son vinculantes, las autoridades locales saben que hay desacuerdo por la implementación de proyectos que pueden dañar los bienes comunes.

Felipe Benítez, coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH,  denunció que después de la consulta realizada el pasado 10 de julio hubo persecución contra varios dirigentes indígenas entre ellos Martin Gómez y Rogelio Pérez.

Recientemente se ha denunciado acoso contra Víctor Vásquez y Ana Iris Romero, acreedora del premio mundial “defensores en riesgo “otorgado por Front Line Defender, en Irlanda, en junio pasado.

Cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en noviembre del 2015 otorgó medidas cautelares a más de 12 dirigentes del MILPAH, sin embargo los acosos y amenazas  continúan, debido a que los defensores de los bienes comunes se enfrentan a las autoridades municipales y locales que pretenden adueñarse de sus bienes, incumpliendo con ello el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos Indígenas y Tribales a la consulta previa y al respeto de su territorio.

Y es que la población indígena está haciendo escuchar su voz y voluntad a las autoridades locales,  ejerciendo su derecho a la Consulta. Que el alcalde y los empresarios sepan que no están de acuerdo con que se concesionen los ríos o hagan mediciones arbitrarias en terrenos ancestrales.

Felipe Benítez
Felipe Benítez

Los resultados de la consulta es que 92% de los participantes están en desacuerdo con un Catastro municipal y el 82% en contra de las represas hidroeléctricas, se dio a conocer en el foro “El derecho de los pueblos a decidir sobre los bienes naturales” donde diferentes actores compartieron su experiencia previo, durante y después de la actividad, acompañados de del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.

“Todos esos contratos son amañados, por eso el gobierno tiene miedo de consultar al pueblo, previo a la consulta, en la alcaldía se hacían muchas reuniones y se le decía a la gente que no participara, se pusieron a  repartir cemento, techos, bolsas solidarias, incluso hubo alianzas con la parroquia de Santa Elena, hasta el cura ha prohibido a los feligreses que formen parte de MILPAH”, expuso Benítez.

Honduras y Guatemala son los países que tienen mayores conflictos en temas de defensa de bienes comunes, por lo que si no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, esto causa un proceso de involución que aumenta los niveles de violencia, manifestó José Luís Espinoza, representante de CEHPRODEC.

Entre 2002 y 2014 hay más de un centenar de activistas ambientales asesinados, fueron personas que dieron su vida por la defensa de los bienes comunes y el territorio, el cual está concesionado en más del 35%, de los 112,492 kilómetros cuadrados que mide Honduras.

Muchos de los proyectos tienen vínculos con el gobierno, expresó Alexis Linares, representante de la Agencia Católica Irlandesa Para El Desarrollo (TROCAIRE), y aunque hay indicios de tener buena voluntad, existe la falta de un pleno reconocimiento sobre la tierra, territorio y bienes ancestrales.

Indígenas víctimas de su propia riqueza

Cuando se menciona la palabra desarrollo, es como quitarle el derecho a los pueblos indígena, es igual que extractivismo, criminalizar, ser víctimas de su propia riqueza, porque por eso los atacan, al oponerse a esos proyectos que afectan sus bienes comunes, hay que aprender al “buen vivir” porque los y las indígenas no solo defienden sus derechismo, sino que beneficia a toso el país, expuso Wilfredo Méndez, director del Centro de Promoción e Investigación de Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH.

Por lo tanto es absurdo que la sub secretaria de DDHH no se active, hay un Ministerio Público, MP, que no se sabe si actúa como parte acusadora o una institución que responde a los intereses de la ciudadanía, incluso el mismo representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, fue defensor de las industrias extractivistas del país, agregó.

Aseveró que  hay una disposición en la defensa de los derechos humanos, donde son criminalizados los defensores, los desaparecen cuando se les da la gana como lo han hecho con Mirian Miranda (coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH), en los extremos son asesinados como sucedió con  Berta Cáceres (coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH), el pasado 2 de marzo en su casa de habitación, en La Esperanza, Intibucá.

Por lo tanto hay que hacer propuestas conjuntas como un derecho colectivo, hay que hacer valer el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1994, vigentes desde 1995 y a 20 años no se respeta, expuso Méndez.

Agregó que el tema religioso no deber ser para excluir a nadie de los templos y crear mayor pobreza y miseria, el verdadero cristiano es el que sigue en la lucha, por lo que el pueblo indígena es la verdadera resistencia en el país, y debemos seguir el ejemplo de nuestros mártires.

Por lo tanto hay que replantear el enfoque de la lucha en derechos humanos, los defensores que estamos en pie de lucha, junto a nuestra gente, no podemos convertir en pie de tropiezo; un hombre o mujer que se llama defensora de derechos humanos no puede llamarse defensora sino enarbola la defensa de lo más sagrado de nuestros pueblos, finalizó Menéndez.

Al foro, asistió el diputado del Partido Anticorrupción, PAC, David Reyes, el parlamentario dijo que del año 2009 a la fecha se ha trabajado en la Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca y las sonadas “Ciudades Modelos” o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que son atentatorias para los derechos de los pueblos, también la instalación de plantas solares, las cuales no han sido consultadas con la población, porque existe una comisión especial en el Congreso Nacional y no la comisión que se establece.

“Lamentablemente somos minoría, el pacto entre los diputados del Partido Liberal y el Partido Nacional nos ha hecho mucho daño”, agregó al referirse a anteproyectos de ley que afectan directamente a las poblaciones indígenas y campesinas.

“Incluso, en cuanto a la socialización de proyectos de ley que tienen que ver con el tema de concesiones, en consulta con uno de sus compañeros de bancada informan con 15 minutos antes de someterlo a discusión y ni siquiera la conocen. No existe tiempo suficiente para conocerla y no podemos discutirla con amplitud en el pleno”.

Actualmente en el Congreso Nacional existen dos proyectos de Ley de Consulta Previa; uno elaborado desde el Estado, denominado “Ley Indígena” con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es rechazado por los pueblos organizados en sus respectivas organizaciones defensoras del territorio y la contraparte elaborada por el Observatorio delos Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), presentada en el pleno del legislativo el año anterior.

Después de toda esta lucha y manifestación de empoderamiento de las leyes que avalan a los pueblos indígenas, la comunidad lamenta que sigan las violaciones a sus derechos, la exclusión de los integrantes del MILPAH, la persecución contra sus líderes y lideresas y que afecten también a sus familias.

Para el 15 de septiembre, día que se celebra según el calendario cívico, las fiestas patria por la firma de los pliegues de independencia en 1821, a los y las estudiantes del colegio “15 de septiembre” de Santa Elena, La Paz, se les obliga ir a cantar el Himno Nacional frente a la municipalidad y sus autoridades, estación no es del buen ver de los padres y madres de familia, entre ellos Felipe Benítez, coordinador general del MILPAH.

“Y es que no es así que se hace patria”, expresó el líder indígena Lenca, quien al oponerse a ir rendir “pleitesía” al alcalde municipal Víctor ventura, tendrá que pagar una multa monetaria de cien lempiras, lo que también considera una violación a sus derechos, además que en la iglesia desprecian a las mujeres que tienen conocimientos curativos ancestrales, por lo que la marginación viene de los político, social y religioso.