Con aprobación de reformas penales toda expresión de la ciudadanía podría ser criminalizada

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Tegucigalpa.

Por Marvin Palacios
En conferencia de prensa desarrollada en esta capital,  la Articulación  611,  integrada por más de 30 organizaciones del movimiento social hondureño, rechazó hoy la aprobación por parte del Congreso Nacional del paquete de reformas penales introducidas en el poder legislativo por parte del presidente Juan Orlando Hernández el pasado 4 de enero de 2017.

Los diputadas y diputados del Congreso Nacional se aprestan a aprobar este martes 21 de febrero el paquete de reformas penales, que ha sido cuestionada fuertemente por organizaciones de derechos humanos y otros sectores, porque consideran que vulneran garantías constitucionales y ponen en regresión los derechos humanos en Honduras.

Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), dijo que las organizaciones de derechos humanos han estado preocupadas porque estas reformas en realidad obedecen a un paquete de reformas a la seguridad pública que se han venido gestando desde el año 2010.

Desde ese tiempo se han venido observando una serie de reformas y una serie de leyes que están restringiendo los derechos humanos. “Nos preocupa principalmente cuando se aprobó la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, donde muchas organizaciones pueden ser atacadas por dicha ley, pero ahora este paquete de reformas también incluyen reformas al Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Inteligencia Nacional, la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicación , Centros Penitenciarios, Ley especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Recompensas, entre otras ”.

Toda esta serie de leyes también contribuyen a afianzar el autoritarismo en el país, o sea que toda expresión de la ciudadanía podría ser criminalizada, advirtió Agurcia.

De hecho existen en Honduras más de 3 mil 600 personas criminalizadas y dentro de este grupo hay defensoras y defensores de derechos humanos, defensores estudiantiles y defensores de la tierra, entre otros, destacó la procuradora de derechos humanos.

Por su parte el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora,  instó a la ciudadanía a no acostumbrase a las restricciones a las libertades públicas, “porque creo que lo que está en juego,  son las libertades que se han ido construyendo con sangre.

El paquete de reformas que se ha mencionado;  son parte de las restricciones a las libertades públicas y si no luchamos por ellas en este momento, las consecuencias posteriores van a ser demasiado graves”, advirtió.

Tenemos una institucionalidad de protección de las garantías individuales como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde no nos van a permitir resultados favorables, sobre todo que la CSJ se ha pronunciado favorablemente a este tipo de reformas, sostuvo el director de C-LIBRE.

“Está en juego el retroceso aún mayor a estas libertades públicas, entonces aquí no debemos caer en el juego del que habla el gobierno, de poner en el centro de discusión a las víctimas, o sea, sabemos que las víctimas tienen los derechos establecidos en la Constitución de la República, aquí  el juego es la concentración de poder, dejamos de hablar de la reelección para hablar de estas reformas; es necesario decir que todo esto vaya a garantizar que el estado hondureño a través de las personas que están al frente de la institucionalidad pública, tengan herramientas para seguir limitando las libertades públicas de todos y de todas”, afirmó Tábora.

Las reformas penales como cortina de humo

Para la Articulación 611, la presión estatal para aprobar reformas al Código Penal no es más que un instrumento propagandístico dirigido a “movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral, siendo inconsistente introducir reformas al Código Penal vigente, al mismo tiempo que se tramita un nuevo Código Penal que de aprobarse, derogaría las reformas anteriores”.

“Consideramos que este proceso está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota el país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas, lo que ha llevado a Honduras a figurar como el séptimo país del mundo con mayores niveles de impunidad, según el índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de Puebla (México)”, señala la nota de prensa distribuida a los medios por Articulación 611.

Preocupa a la Articulación 611 que se le ha presentado a la ciudadanía las reformas como una solución para atacar con dureza a la delincuencia organizada, las pandillas juveniles y las maras, al ampliar el concepto del delito de extorsión o la tipificación del delito de terrorismo.

“Sin embargo estas propuestas representan una actitud demagógica del Poder Ejecutivo , ya que el principal problema a la hora de enfrentar a estos grupos no es la falta de instrumentos legales, sino la incapacidad de las instituciones de hacer realidad la justicia penal y las necesidades de seguridad que demanda la ciudadanía”, subraya el comunicado de prensa.

Otra preocupación de las organizaciones es la inclusión de varios cambios normativos que promueven la impunidad de los agentes de las fuerzas represoras del Estado, tal como la reforma que habilita que los policías y militares acusados de delitos cumplan las medidas cautelares que se les impongan durante el proceso penal, dentro de la institución a la que pertenecen, en lugar de  pasar a disposición del sistema penitenciario; medida que de aplicarse favorecerá el aumento de la cultura de la impunidad, que ya existe al interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, advierten las organizaciones aglutinadas en el Artículo 611.

“Por último, queremos llamar la atención sobre el hecho que estas reformas penales, seguramente traerán como consecuencia, la criminalización de la protesta social, especialmente con la nueva tipificación del terrorismo que se pretende aprobar , de igual modo significarían un duro golpe a los otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”, sostiene el comunicado.