Las autoridades hondureñas deben determinar urgentemente el paradero de un dirigente comunitario secuestrado, y deben llevar a sus captores ante la justicia. Así lo ha manifestado este 11 de octubre Amnistía Internacional, mientras la familia y las amistades del dirigente secuestrado siguen pidiendo su liberación.
El 30 de agosto, dos hombres armados no identificados y con el rostro cubierto por pasamontañas obligaron a José Reynaldo Cruz Palma, de 49 años, a apearse de un minibús en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Lo esposaron y se lo llevaron en una camioneta. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.
Su esposa viajaba con él en ese momento y presenció el secuestro.
“Hasta ahora no ha habido noticias, no hemos recibido ninguna respuesta, ni del Estado ni de nadie más”, ha dicho a Amnistía Internacional la esposa de José Reynaldo Cruz Palma, que ha pedido que no se revele su nombre.
“Se lo llevaron vivo. Lo queremos de vuelta vivo. Los captores de mi esposo han quedado impunes. Temo por mi familia, y por nuestra vida.”
Los miembros de la comunidad del barrio donde vive Cruz Palma y sus familiares han pedido públicamente su liberación organizando marchas en San Pedro Sula y en la capital, Tegucigalpa, el mes pasado.
Se desconoce quién está detrás de su secuestro, pero su familia ha dicho que no se ha pedido rescate, y sospechan que la policía pueda estar implicada.
Cruz Palma ha denunciado abiertamente los abusos policiales contra jóvenes en la zona. Cuando, en un acto público celebrado el 27 de agosto, expresó su preocupación por los abusos policiales, un policía allí presente le dijo: “Vos te debés callar porque te consideramos jefe de la mara”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el 30 de septiembre a las autoridades hondureñas que emprendieran acciones inmediatas para averiguar el paradero de Cruz Palma y protegerlo, y para investigar las circunstancias en torno a su secuestro.
La Comisión dio a Honduras cinco días para presentar un informe.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha emprendido ninguna acción respecto a las recomendaciones de la Comisión.
“Nos preocupa enormemente que, transcurrido más de un mes desde que José Reynaldo Cruz Palma fue secuestrado, las autoridades hondureñas no han tomado medidas concretas para encontrarlo y para llevar a los responsables ante la justicia”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“El convertir a los activistas comunitarios en blanco de secuestros o amenazas demuestra un desprecio flagrante de los derechos humanos, y las autoridades deben mandar un mensaje enérgico de que esto no se tolerará.”
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