Las detenciones y malos tratos de manifestantes se están empleando como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto, y son un elemento disuasorio para quienes contemplan la posibilidad de echarse a la calle para mostrar pacíficamente su descontento con la agitación política que vive el país, señala un informe de Amnistía Internacional publicado este miércoles.
Las fotos y los testimonios fueron recogidos por una delegación de Amnistía Internacional que se entrevistó con muchas de las 75 personas detenidas en la Jefatura Metropolitana nº 3 de Tegucigalpa, después de que la policía, respaldada por el ejército, disolviera el 30 de julio una manifestación pacífica.
La mayoría de los detenidos sufría lesiones a consecuencia de los golpes propinados por la policía con porras y de las piedras y otros objetos que les arrojaron. Cuando los detuvieron, no les dijeron a dónde los llevaban, por qué motivo los detenían o cuáles eran los cargos en su contra. Todos quedaron en libertad al cabo de unas horas.
“Las detenciones arbitrarias en masa y los malos tratos a manifestantes son hoy día motivo de honda y creciente preocupación en Honduras”, ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
“Las detenciones y malos tratos de manifestantes se están empleando como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto, y son un elemento disuasorio para quienes contemplan la posibilidad de echarse a la calle para mostrar pacíficamente su descontento con la agitación política que vive el país”, ha declarado Esther Major.
Entre los detenidos el 30 de julio se encontraban 10 estudiantes. A todos ellos, la policía los golpeó con porras en la espalda, los brazos y la parte posterior de las piernas. Uno dijo: “La policía tiraba piedras, nos acorralaron, nos tiraron al piso bocabajo y nos golpearon. Robaron las cámaras, nos golpearon si levantábamos las cabezas, nos golpearon cuando subimos a los carros de la policía”.
Varias de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que, durante la manifestación, los policías no llevaban identificaciones visibles. Según afirmaban, algunos policías les dijeron: “no nos miren, hijos de puta”. Otros llevaban el rostro tapado con un pañuelo.
F.M., maestro de 52 años detenido también el 30 de julio, dijo a Amnistía Internacional: “nosotros veníamos pacíficamente. De repente, la policía venía, y yo empecé de correr. Me agarraron y me gritaron: ‘¿Por qué apoyan al gobierno de Zelaya?’. Me golpearon. No me han informado la razón por la cual estoy detenido”.
“El uso de fuerza excesiva y de detenciones arbitrarias en masa como política para reprimir la disidencia sólo sirve para inflamar aún más las tensiones, y provoca violaciones graves de derechos humanos”, ha manifestado Esther Major. “La fuerza sólo debe utilizarse en las circunstancias más extremas, y desde luego no como método para impedir el derecho legítimo de la población a manifestarse pacíficamente”.
Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acoso y la intimidación a que se somete a quienes defienden los derechos humanos, y observa con inquietud los límites impuestos a la libertad de expresión y el número de ataques contra periodistas, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y materiales, y agresiones físicas contra periodistas y operadores de cámaras que informan de los sucesos.
Fuera de Tegucigalpa, se cree que la situación de los derechos humanos es igual o incluso más grave. Los controles a lo largo de las carreteras principales de Honduras están ahora al cargo de militares y policías que, a menudo, retrasan o impiden la entrada de las organizaciones de derechos humanos a las zonas en las que, según los informes, se están cometiendo violaciones de estos derechos. Lea informe completo.
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