Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Tres campesinos asesinados, otro gravemente herido, nuevas amenazas de desalojos masivos y un periodista acosado por denunciar un proyecto de explotación minera, es el alarmante saldo de esta última semana en el Bajo Aguán.
Sobre esta dramática situación, Sirel conversó con Heriberto Alemán, coordinador del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA).
-¿Qué está pasando en el Bajo Aguán?
-Hay un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones campesinas. En menos de una semana han asesinado a los compañeros Gregorio Chávez Aranda, Jacobo López Erazo, José Luís Dubón Díaz e hirieron de gravedad a Francis Bueso, todos ellos miembros o simpatizantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Hay fuertes denuncias de persecución y hostigamiento del ejército y la policía contra la población de la comunidad Panamá, donde vivía Gregorio Chávez. La están acusando de invadir fincas, de estar robando y están criminalizando la protesta. La gente está hastiada de tanta represión. Exige justicia y responsabiliza del asesinato a los guardias privados del terrateniente Miguel Facussé.
Además, nos informaron que una Corte de Apelaciones habría emitido un fallo, totalmente ilegal, que revierte la sentencia con la que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán posesionó al Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) de tres fincas, y desalojó a los terratenientes que las usurparon hace más de 18 años.
-¿Hay un relación directa entre esta histórica sentencia y esta nueva oleada represiva?
-Creemos que sí porque sienta un precedente. El golpe para los terratenientes ha sido duro y estas acciones represivas apuntan a desestabilizar al movimiento campesino y deslegitimar la lucha que estamos llevando adelante. No quieren ceder ni una pulgada más de tierra y están dispuestos a hacer lo que sea para lograr sus objetivos.
-¿Cómo están viviendo las familias campesinas este momento?
-La población está viviendo en constante zozobra y se siente amenazada por la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y los guardias privados de los terratenientes. De igual manera, las familias del MARCA viven una situación emocional muy difícil, porque se sienten bajo la amenaza de un nuevo desalojo violento.
-Y ahora hasta quieren impulsar la minería en la zona…
-Es otro elemento que va a generar más tensión y conflicto. Ya están tratando de dividir a la gente de la comunidad de Abiscinia, en la zona montañosa de Colón, para que acepten el proyecto minero. No descartamos que la fuerte presencia militar en el Bajo Aguán sirva también para proteger a estos intereses.
Además, denunciamos las amenazas que ha sufrido el periodista David Corea, coordinador del noticiero La Verdad de Radio Stereo Linda, por haber alertado la población sobre los riesgos que conlleva ese proyecto. Ante esta situación nos estamos organizando para contrarrestar la explotación minera en el Bajo Aguán.
-¿Qué es lo que está exigiendo el OPIDHA?
-Vamos a acompañar la lucha de las organizaciones campesinas y demandamos al Estado que proceda a la desmilitarización de la zona, que cese la represión, que se haga justicia y que se castiguen los asesinos. Además, pedimos que se busque una solución integral al problema de la falta de acceso a la tierra, que es el origen del conflicto agrario.
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