Tegucigalpa.
Más de 80 congresistas demócratas de Estados Unidos instaron el martes 26 de junio al Departamento de Estado para que tome medidas contra la ola de violencia que sufre la comunidad lésbico, gay y transexual (LGTB) en Honduras.
La exhortación fue dirigida a la Secretaria de Estado Hilary Clinton y en ella, los representantes de la cámara legislativa estadounidense, expresaron su preocupación sobre el incremento de la violencia del colectivo homosexual, bisexual y transexual en el país centroamericano.
Según los legisladores, que citan a organizaciones de derechos humanos en Honduras, 70 hondureños de dicho colectivo han sido asesinados desde junio de 2009.
“Muchos de estos casos no han sido investigados y siguen sin ser resueltos”, aseguran en la misiva. El hecho de que estos crímenes siguen ocurriendo con impunidad nos llevan a preguntar si el gobierno de Honduras tiene la voluntad o la habilidad de llevar a los perpetradores a la justicia”, agregan.
Entre estos casos destaca el de Walter Trochez, el cual permanece sin resolverse desde 2009, y el del líder de la comunidad hondureña LGTB, Erick Martínez Ávila, quien fue golpeado y estrangulado hasta su muerte el mes pasado.
“Dado el nivel de apoyo y ayuda financiera por parte de Estados Unidos al gobierno de Honduras es importantísimo que aseguremos la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía, especialmente la de los grupos más vulnerables, como la comunidad LGTB”, afirman.
Por ello, urgen a Clinton a “responder rápidamente” para que se pueda “medir la eficacia del gobierno de Honduras en lograr justicia a los LGBT asesinados”, señala la misiva.
Mientras tanto el pasado 9 de marzo de este año, en otra carta enviada a la propia Secretaria de Estado Hilary Clinton, 94 congresistas demandaron la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras por el creciente número de violaciones a derechos humanos registradas en este país.
“Por este medio solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, expresó tajantemente la misiva de los congresistas demócratas.
En la carta se señaló que de acuerdo con las operaciones extranjeras, se exige al Departamento de Estado certificar que el gobierno de Honduras “está investigando y procesando bajo el marco de la justicia civil, de acuerdo con la legislación hondureña e internacional, a los efectivos militares y policiales que con verosimilitud son acusados de haber violado los derechos humanos, y que los militares y la policía de Honduras están prestando colaboración a las autoridades judiciales civiles en relación con tales casos".
Los congresistas estadounidenses consideraron que existen numerosas acusaciones adicionales que dan cuenta de la participación policial y militar en amenazas, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual analizó 20 casos emblemáticos de derechos humanos resultando en muerte que tuvieron lugar entre el golpe de estado de junio de 2009 y la asunción del gobierno por parte de Lobo, determinó que más de las tres cuartas partes de tales hechos se pueden atribuir al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército o la policía, o a asesinatos a manos de agentes estatales. La sobrecogedora mayoría de tales crímenes permanece impune.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacer cumplir en forma enérgica la ley Leahy incluida en la ley de cooperación externa y la ley sobre financiación para la defensa. Al respecto “solicitamos información específica acerca de los esfuerzos realizados por la Embajada de los Estados Unidos para aplicar las disposiciones Leahy en relación con los abusos que según se denuncia fueron cometidos por efectivos policiales y militares en el Bajo Aguán, incluso con referencia al Batallón 15 y a las diversas unidades policiales y militares que han intervenido en la Operación Xatruch II”.
Copias de la carta enviada a la Secretaria de Estado Hilary Clinton fueron remitidas también a la embajadora de Estados Unidos en Honduras Lisa Kubiske,María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales,Roberta Jacobson, Secretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,Michael H. Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Frank Mora, Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Restrepo, Director Ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo Nacional de Seguridad Kathleen FitzPatrick, Subsecretaria Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo y al Senador Patrick Leahy, Presidente, Subcomisión de Operaciones Extranjeras del Senado.
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