No hay que olvidar que la falta de investigación y castigo a quienes cometen delitos no es el fruto de la incapacidad, la carencia de medios o la negligencia inexcusable.
En Honduras esa impunidad es algo peor, algo horriblemente amenazante, es la complicidad del Estado con los victimarios, porque generalmente el Estado es el victimario. Y no se investiga a sí mismo por regla general.
El último escándalo revelado en el Congreso Nacional ilustra la enorme máquina de impunidad que es el estado Hondureño.
El espíritu de la reforma penal propuesta por Oswaldo Ramos Soto, de reconocida trayectoria en la tramitación de salvoconductos al estercolero nacional, era permitirle legalmente a los ricos pagar por sentencias debajo de cinco años en al menos 40 tipos de delitos. Una despenalización masiva, como una piñata enorme.
Como sabemos, siempre ha sido así. Cuando los magistrados y las juezas no arreglan los tipos penales en los tribunales a favor de los imputados con penas accesorias o pago de fianzas, entonces los lavadores de dinero, narcotraficantes, corruptos y delincuentes similares de toda laya pagan a los diputados para que cambien las leyes a su favor.
En el último escándalo participaron 77 de 79 diputados en su aprobación. Por eso Marvin Ponce, de la UD, denunció que el Congreso es una mafia, o que en su interior opera la mafia, o que las leyes son decididas por la mafia. Para qué decir más? Dicho está.
De modo que, eso de haber derogado -- por el estupor nacional -- el negocio mafioso de la despenalización a favor de los ricos, no le hace siquiera cosquillas al sistema nacional de impunidad.
Por ejemplo, el Ministerio Público – otro depósito de las mafias -- construye impunidad al acusar a dos oficiales de policía por dejar en libertad a los asesinos de Alejandro Castellanos y Carlos Pineda en octubre del año pasado, pero no imputa a quienes tramaron, orientaron y consintieron ese crimen desde la cúpula mafiosa de la Policía de ese momento.
Las propias madres de los universitarios tuvieron que aparecer de inmediato ante esa acción, reclamando con absoluta razón ¿dónde están los que orientaron y dirigieron el crimen desde sus teléfonos móviles y vehículos polarizados todo terreno? ¿Por qué nos los acusan a ellos?
Y en este mismo escenario brutal de impunidad Pompeyo Bonilla, ordenado por Lobo Sosa, construye esta política feroz del Estado Hondureño al despedir a policías de escala básica sin informarle a la población de quiénes se trata, y sin someterlos a la justicia por sus crímenes.
Y algo aún peor, al permitir que esos oficiales mafiosos con rangos de comisionados, comisarios y otros términos de estirpe chafístico, estén todos amontonados en un depósito que llaman oficina de análisis, cobrando sus salarios campantes, como si el pueblo no supiera que reciben ingresos paralelos del crimen organizado y de sus negocios montados al amparo de sus charreteras.
Eso es impunidad! ¡Y qué decir de la tragedia continua en los centros penales bajo control comercial de la policía que formó Danilo Orellana, el exterminador al servicio de Ricardo Maduro!
Los casos pueden ser enumerados por millares, hasta confirmar que este problema es la madre y el padre de las violaciones a los derechos humanos del pasado, presente y futuro, si no paramos como sociedad semejante barbarie. Semejante monstruo, herencia del autoritarismo militar, de la corrupción pública y privada, engendro de violencia mortal.
El Cofadeh ha insistido en señalar siempre que la impunidad es verdaderamente la política de Estado del golpismo que debe ser desmontada, porque ningún hecho contra la vida, la libertad, el medio ambiente o los derechos económicos, sociales y culturales, ocurren sin relacionarse con ese animal.
Hoy nuestro llamado es a refundar el sistema judicial, con igual énfasis en los tribunales como en la fiscalía, la policía y el ejército, ahora convertido en custodio de calles y plazas públicas.
Refundar no como consigna nueva de viejos políticos, sino como reclamo auténticamente popular, que comparte además la comunidad internacional más consciente del planeta.
Hay que parar las mafias cobardes y canallas que asaltaron lo público, y someterlas a nuevas leyes.
Editorial Voces contra El Olvido 21 de abril de 2012
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