Washington.
Mientras el Estado llegó desgastado con argumentos reiterativos sobre el despido los jueces y la magistrada , en la audiencia ante la Comisión Interamericana, CIDH, que tuvo lugar este lunes 27 de marzo en Washington, los afectados cargaron una gran maleta repleta de pruebas sobre las irregularidades cometidas por el Poder Judicial, al cesantearlos ilegalmente el 05 de mayo de 2010.
A la audiencia llegaron la ex magistrada Tirza Flores y los jueces Guillermo Lòpez Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha. Marcia Aguiluz y Alejandra Nuño por el Centro por la Justicia y el erechos Internacional, CEJIL.
El Estado llevò una extensa delegación acompañada por Leonidas Rosa Bautista, embajador de Honduras a nte la Organizaciòn de Estados Americanos, OEA, quien se sentò atrás de los oradores, la magistrada Reina Solòrzano, Coordinadora de la Carrera Judicial, Marìa Luìsa Ramos y la Procuradora General de la Repùblica, Ethel Deras.
El 18 de enero de este año la Asociaciòn de Jueces por la Democracia, AJD, y el Centro por la Justicia y el derechos Internacional, CEJIL, solicitaron una audiencia de fondo ante Santiago A. Cantòn, Secretario Ejecutivo, de este organismo del sistema interamericana de justicia, ya el 31 de marzo de 2011 la CIDH aprobó el Informe de admisibilidad número 70/11, por el caso que fue presentado el 5 de julio de 2011.
En la argumentación de la solicitud las organizaciones citadas señalan que se refleja la débil institucionalidad del Estado de Honduras y existen una serie de normas y prácticas que afectan la independencia judicial en dicho país.
“En concreto, el caso refleja la politización y falta de independencia de los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia que tuvo como consecuencia el despido arbitrario e ilegal de los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha y la magistrada Tirza Flores Lanza y la violación de sus derechos a la integridad personal, garantías judiciales, tutela judicial efectiva, libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación, todos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señalaron.
Las violaciones de derechos humanos sufridas por la magistrada y los jueces mencionados continúan sin reparación, pero además, a las antes citadas se suman nuevos hechos violatorios en virtud de la decisión que tomó el Consejo de la Carrera Judicial confirmando la destitución de Tirza Flores Lanza, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha, y revocando el despido del juez Ramón Barrios. De esta manera, como fuera señalado en nuestro escrito de octubre de 2011 dichas decisiones demuestran que la aplicación arbitraria y sesgada de la ley continúa en Honduras, agregan.
Además, esta representación sostiene que pese a la restitución en el cargo del juez Barrios Maldonado subsiste la obligación del Estado hondureño de reparar integralmente la totalidad de las violaciones sufridas, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. En relación con el Juez Chévez, pese a que se ordenó el pago de sus prestaciones laborales, dicha decisión tampoco implica un reconocimiento de las violaciones sufridas ni una reparación de la totalidad de las mismas.
El objetivo principal de esta audiencia era que la CIDH proceda a rendir en el menor plazo posible el informe que establece el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como paso previo para que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, constituyendo el primero relacionado con el golpe de Estado en Honduras, que se estaría ventilando en un tribunal internacional.
Caso puede impulsar procesos de deducción de responsabilidades por el golpe de Estado
Por parte de la CIDH estuvieron, su presidenta Tracy Robinson; los comisionados, Rodrigo Escobar; Dinah Shelton Rosa María Ortiz y Elizabeth Abi-Mershed, asì como la Secretaria Ejecutiva Adjunta de esta Comisión.
Guillermo Lòpez Lone, juez despedido e integrante de la AJD, describió a través de una presentación el proceso en que se dieron sus despidos y la fragilidad del sistema de justicia hondureño.
Ademàs el hecho de que el Consejo de la Carrera Judicial y de la Judicatura tienen falencias de fondo desde el principio que no resolverán los problemas álgidos del Poder Judicial por estar condicionados políticamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional, que nombra a los comisionados.
Por su parte Marcia Aguiluz de CEJIL recordó que los despidos violentaron la libertad personal, los derechos políticos, el principio de legalidad y la falta de independencia del Poder Judicial obstaculizò el debido proceso.
Asimismo se violentò el derecho a la defensa, el de la tutela judicial efectiva y al derecho a la libertad de expresión, en suma lo que se buscò con estos despidos fue evitar que los jueces siguieran criticando a la CSJ, estimular la autocensura en el sistema de justicia hondureño, estigmatizar a los y la afectada, sumando a ello precarizarles la situación económica.
“El caso evidencia el comportamiento lamentable de uno de los poderes del Estado en el golpe de Estado, nunca màs se debe permitir a quienes disientan”, señaló Aguiluz.
Estado llegó agresivo y tratò de reestigmatizar a los jueces
Negando otra vez que hubo golpe de Estado en Honduras, la magistrada Reina Solórzano mostró tal descaro de entrada en su intervención que dijo “eso que ellos llaman golpe de Estado y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dijo que era otra cosa”.
No bastándole eso quiso dejar reestigmatizado a Guillermo Lòpez Lone ante los comisionados de la CIDH llamándolo mentiroso y antiètico, por participar en la manifestación del 05 de julio de 2009, contra el golpe de Estado, a la que llamò “una manifestación político partidista”. La arremetió también contra el ex Juez Luìs Chèvez al que señaló de violento.
Repitiò como disco rayado los argumentos que el Estado llevó desde febrero del año pasado, eso lo recalcò Alejandra Nuño de CEJIL quien advirtió que “este caso puede impulsar procesos de deducción de responsabilidades por el golpe de Estado”.
En un afán de que los peticionarios se retrocedan en las acciones en el sistema interamericano, la delegación oficialista señaló que pueden presentar un recurso de amparo para que lo conozcan otros abogados que pueden ser llamados para conocerlo, “puedo entregar sentencias donde se ha hecho eso”, dijo la Procuradora General de la Repùblica.
La pretensión es hacer parecer que hay un Debido proceso en el Poder Judicial y que hay independencia, anzuelo que no fue tragado por la CIDH y es muy probable que el caso pase a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a final de este año inmediatamente que la CIDH dè el informe de Fondo solicitado en la audiencia.
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