Desde la Coordinadora Nacional Contra la Militarización (CONACOM) repudiamos y exigimos que se investigue, castigue a los responsables y garantice la seguridad de Norma Esther Andrade (Fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” ), ya que el 3 de febrero a las 8:00 hrs. sufrió un ataque con arma blanca cuando salía de su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México, para dejar a su nieta a la escuela.
Este atentado se suma al ataque de que fue víctima Norma Andrade el pasado 2 de diciembre del 2011, cuando un hombre le disparó a quemarropa al salir de su domicilio en Ciudad Juárez resultando gravemente herida. Norma tuvo que ser hospitalizada para luego ser dada de alta del hospital en malas condiciones, por presión de los criminales y la indiferencia cómplice de las autoridades, y cambiar su domicilio a la Ciudad de México.
A un mes del primer atentado contra la vida de la activista contra los feminicidios, el ataque que sufrió la semana pasada viene a demostrar que las autoridades tanto federales como locales no tienen intención alguna de proteger la vida de la luchadora social. La situación de Norma Andrade, aunada a la de la familia Reyes Salazar, es la prueba de que el gobierno mexicano no cumple con las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, pero sobre todo, da cuenta del ambiente de persecución que se vive en todo el país contra toda persona u organización que se oponga a las políticas del gobierno.
El atentado se vive en un ambiente de militarización y terror contra la población generalizado en todo el país. En México, las fuerzas armadas, la Policía Federal y los grupos paramilitares violan de forma sistemática los derechos más fundamentales como la vida, integridad física, derecho a la manifestación.
El año pasado concluyó con una ola de asesinatos de luchadores sociales que, además de seguir impunes, no han cesado. Desde el asesinato por parte de la Policía Federal en Guerrero de los normalistas Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y Edgar Espíritu, los asesinatos perpetrados contra Susana Chávez y familiares de Josefina Reyes Salazár, el asesinato del activista Carlos Cuevas, los comuneros de Ostula Pedro Leyva y José Trinidad —por nombrar algunas de las tantas muertes que asolan la comunidad de Ostula—, hasta los asesinatos y desapariciones forzadas de miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como Nepomuceno Moreno, la actriz Julia Marichal y los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
El cese de la supuesta “Guerra contra el Narcotráfico” y del asesinato de luchadores sociales, así como la derogación de la Ley de Seguridad Nacional que equipara las acciones de los luchadores sociales a acciones delictivas, están lejos de ser parte de la agenda de los gobiernos, tanto locales como federales, preocupados ahora por escalar los peldaños electorales con tal de perpetuarse en el poder y continuar con los ataques a las garantías de los mexicanos, desde la vida hasta la salud y el empleo.
Es por eso que, para frenar esta guerra y poner un alto a los asesinatos y la pobreza, es urgente que salgamos miles a las calles a repudiar las causas de la violencia, como lo hacen en otras partes del mundo cientos de miles de personas que ha decidido tomar en sus manos el rumbo de sus condiciones de vida.
Ahora Norma requiere de nuestra solidaridad: trabajadores de la ciudad y el campo, a estudiantes y población en general, a todas las organizaciones sociales, apoyemos a salvaguardar la integridad física de Norma Andrade y toda su familia, luchemos contra la guerra y el ambiente de violencia, luchemos por una vida digna.
¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa!
¡Alto al feminicidio! Basta de impunidad.
¡Alto a la militarización! Fuera ejército de las calles.
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