Organizaciones populares, obreras, índígenas, campesinas y de derechos humanos acordaron recientemente la ejecución de Un Plan de Lucha Unitario para lograr respuestas a 12 puntos planteados desde hace una década ante los gobiernos de turno. El plan contempla un “paro cívico nacional” del que no se reveló la fecha exacta.
Mediante un pronunciamiento, las organizaciones expresan que el actual modelo neo-liberal impuesto en la nación desde 1990 ha provocado el empobrecimiento generalizado de la población que contrasta con el escandaloso enriquecimiento de un pocos capitalistas nacionales y extranjeros con la ayuda de políticos corruptos.
El pasado 28 de marzo el III Encuentro de organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, comunitarias, indígenas y populares, representativas del movimiento popular de Honduras, se reunieron en Tegucigalpa para acordar el Plan de Lucha Unitario y Un Paro Cívico Nacional, del cual no se estipuló la fecha, con el propósito de exigir respuestas del Gobierno a los planteamientos contenidos en 12 puntos.
Entre ellos, que se entierre el modelo neo-liberal y que se construya con la participación de todos los sectores de la sociedad hondureña, un nuevo modelo al servicio del pueblo, que le permita el acceso a la libertad, la justicia, la cultura, el bienestar económico y social. En este punto se demanda la inclusión de la juventud y de las mujeres en igualdad de condiciones.
Las organizaciones demandan la derogación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que ha traído la quiebra de la economía nacional, las privatizaciones, desempleo y achicamiento del Estado. De igual forma piden que no se continúe negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea.
Los demandantes consideran que es necesario que el Gobierno implemente una reforma fiscal redistributiva del ingreso y la riqueza para rescatar el 35 por ciento del impuesto sobre la renta que representan ganancias superiores al millón de lempiras que los neoliberales bajaron al 25 por ciento.
La aplicación de impuestos a la importación para proteger la producción nacional y disminuir la importación de artículos de lujo. La eliminación de todo tipo de exenciones fiscales a las empresas nacionales y extranjeras, para financiar las crecientes demandas de educación, salud, vivienda y obras públicas.
Las organizaciones abogan por una integración latinoamericana que incluya a la Iniciativa Bolivariana para las Américas (ALBA) para que no se siga atentado contra la soberanía de los pueblos. En este punto exigen la salida de las tropas norteamericanas acantonadas en Palmerola, Comayagua. El documento cuestiona el Plan Mérida (iniciativa de Estados Unidos que promueve el militarismo y la represión en la región).
Los planteamientos de la clase obrera centralizan el tema del agua como un derecho humano. En tal sentido exigen al Congreso Nacional, la derogación de la Ley marco del Agua Potable y Saneamiento, y suspender la discusión de la Ley General de Aguas, hasta tanto no se incluya a las organizaciones sociales que demandan la “no privatización del agua” y las regulaciones pertinentes que aseguren la administración del líquido y dejar sin efecto el concesionamiento de los ríos, quebradas y fuentes de agua.
En el campo laboral, las organizaciones exigen salarios justos, no a la tercerización, no al trabajo temporal y un estricto control de los precios de los productos de la canasta básica. El pronunciamiento demanda, el respeto a la libre sindicalización y contratación colectiva, en particular en los parques industriales (maquilas).
En cuanto al acceso a la tierra, las organizaciones demandantes exigen la derogación de la Ley de Modernización agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas en relación con la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria Integral para alcanzar la soberanía alimentaria.
En este aspecto, el pronunciamiento pide la entrega y titulación de las tierras solicitadas por las organizaciones campesinas en el marco del decreto de expropiación del año 2008. Asimismo se pide al Estado la liberación inmediata de los campesinos Carlos Maradiaga e Isabel Morales, presos por la lucha de tierras en Silim, Trujillo, departamento de Colón.
Por otra parte, las organizaciones demandan la devolución de las tierras de Zacate Grande, jurisdicción de Amapala, departamento de Valle, a los campesinos y campesinas que han sido despojadas del sustento de sus familias por presiones y maniobras políticas de los empresarios Miguel Facussé y Fredy Nasser, en esta zona.
En materia de derechos humanos, las organizaciones demandantes exigen el esclarecimiento del asesinato del líder campesino Edikson Lemus, cuya muerte violenta se suscitó el 24 de mayo de 2005, la muerte del profesor Wilfredo Lara, asesinado el 27 de agosto de 2007, la muerte de la dirigenta sindical Altagracia Fuentes en abril de 2008 y de otros luchadores populares detenidos-desaparecidos, cuyas muertes continúan en la impunidad.
El pronunciamiento exige en materia de los derechos políticos, la aprobación de una nueva Ley Electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población. Garantizar las candidaturas independientes sin restricciones ni obstáculos para los tres niveles de elección popular.
En el campo educativo, las organizaciones demandan el incremento al presupuesto para financiar la educación pública gratuita en todos los niveles y la emisión de una Ley General de Educación consensuada en los colegios magisteriales y el movimiento popular.
El acceso a la salud, la renacionalización de los servicios públicos y un manejo responsable de los combustibles. El plan debe contemplar el rescate de las empresas nacionales de las manos privadas que fortalezcan el funcionamiento del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Aeropuertos de Honduras, Correos Nacionales (Honducor), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Las organizaciones demandan la derogación de la actual Ley de Minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades: La suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable.
El pronunciamiento demanda del Gobierno la defensa de la vida de los y las migrantes y la aplicación de una política de reinserción a la economía y la definición de una política pública que legisle el envío de remesas y la protección de las familias de los migrantes.
Finalmente las organizaciones demandan los plenos derechos para los pueblos indígenas y negros de Honduras, el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el fortalecimiento a la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esto último que contemple, la depuración de la policía, servicios de inteligencia policial y fiscalía. El castigo a funcionarios y empresarios envueltos en escándalos de corrupción y la derogación del artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras.
Las organizaciones demandan del Gobierno que no se siga criminalizando las protestas sociales y que se frene la manipulación del pueblo a través de algunos medios de comunicación y políticos de oficio..
Las organizaciones participantes en el III Encuentro, exigen de los tres Poderes del Estado, personificados a través de sus presidentes, respuestas satisfactorias a las demandas planteadas, así como las reivindicaciones particulares de cada organización.
Conforman el III Encuentro las organizaciones siguientes: Coordinadora Nacional de resistencia Popular (CNRP), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH), Central General de Trabajadores (CGT), Confederación de Trabajadores de Honduras 8CTH), Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH), Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Consejo Nacional Campesino (CNC) y Central de Mujeres Campesinas de Honduras (CMCH).
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