Para investigar los avances sobre varios casos de violaciones a los derechos humanos en Honduras, entre éstos la situación de 39 buzos misquitos que están discapacitados producto de su trabajo en la recolección de mariscos, una delegación del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, CEJIL, encabezada por la abogada Marcia Aguiluz, llegó a Honduras.
Algunas de las víctimas han fallecidos y otras sufren discapacidades serias a consecuencias del buceo a pulmón, en la Mosquitia hondureña, departamento de Gracias a Dios, y que no han logrado tener acceso a la justicia, ninguna reparación, ni garantía de derecho a la salud por el complicado acceso a hospitales y ubicación geográfico a la zona, que sólo se puede trasladar vía aérea o marítima, lo que es casi imposible para una persona con discapacidad, de manera que tiene una situación muy grave de desigualdad, exclusión y pobreza.
Aguiluz declaró que “venimos a actualizar información sobre ese caso e impulsarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ya lo admitió y estamos en la etapa de fondo, esperamos que en los próximos meses pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El buceo a pulmón, es una actividad muy perversa, porque quienes contratan a los buzos son intermediarios que venden los productos a las transnacionales, entonces cuando hay un accidente no hay quien se responsabilice por ellos, pues los intermediarios “se lavan las manos” y las transnacionales nunca han tenido algún vínculo laboral con ellos; y quienes quedan con graves consecuencias de pobreza y enfermedad son los buzos y sus familias, agregó la representante de CEJIL.
El objetivo en el caso es aportar a esa presión para que el Estado tome acciones preventivas, pues según nuestro conocimiento los buzos realizan sus actividades sin capacitación, con equipo de trabajo inadecuado, en condiciones insalubres, y es ahí donde el Estado tiene que garantizar que puedan ejercer su trabajo en condiciones seguras, ¿Dónde está el Estado inspeccionando y sancionado?, preguntó la defensora de derechos humanos.
Además debe haber medidas correctivas, hay una gran cantidad de buzos que no han tenido acceso a la justicia, que no han podido cobrar una indemnización que no tienen seguridad social y el Estado debe responder por estas personas. Además debe invertir en salud para que las víctimas puedan recupera algo de su salud y tener una vida más o menos digna, de acuerdo a la documentación que tiene este organismo internacional.
“Vamos a tener capacitaciones sobre el uso del Sistema Interamericano, vamos a dar seguimiento al caso de los jueces que recientemente la CIDH admitió y que en este momento estamos en la etapa de fondo y tenemos que presentar alguna argumentación a la Comisión”, informó la abogada Aguiluz.
También darán seguimiento a los casos de Carlos Escaleras y Carlos Luna, dos ambientalistas que fueron ejecutados hace varios años y están en la impunidad.
Los casos que están llevando al sistema interamericano de derechos humanos es en coordinación con organizaciones hondureñas, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
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