Las autoridades deben cumplir con su deber de investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos contra campesinas y campesinos en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales, señala en un comunicado una misión internacional en conferencia de prensa este viernes tras su visita a la zona.
Agregan que debe cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, y adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
La misión visitó el Aguán del 24 de febrero al 01 de marzo donde además se reunió con jueces y fiscales de Trujillo y de Tocoa, Colón, a quienes preguntó por qué tanta impunidad y persecución contra los grupos campesino. Asimismo sostuvo reuniones en la capital con la Fiscal Especial de los Derechos Humanos, el G-16 y la cooperación internacional de derechos humanos del 03 al 04 de marzo.
Esta delegación estaba integrada por representantes de Fian Internacional, Vía Campesina Internacional, Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias, APRODEV, Iniciativa de Copenhague para América Central y México, CIFCA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines. Rel-UITA.
Acompañaron a la misma la Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza, HEKS y las organizaciones nacionales de derechos humanos, Centro de Derechos de Mujeres, CDM, Fian Honduras y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Tras reunirse con campesinos y campesinas de los asentamientos pertenecientes al Movimiento Campesino Unificado del Aguán, MUCA, el Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguán, MARCA y el Movimiento Campesino del Aguán, MCA, verificaron que el terror instalado en el Aguán conlleva graves violaciones a los derechos humanos.
En las visitas a las comunidades la delegación recibió testimonios de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y casos de abusos sexuales.
“Múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, incluyendo amenazas y hostigamientos permanentes a dirigentes e integrantes de las organizaciones campesinas, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de las empresas de seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes de la zona, son parte de los hallazgos presentados en conferencia de prensa por la misión internacional que visitó el país para darle seguimiento a la problemática del Aguán”, señalan.
Impunidad y negligencia de Ministerio Público
De enero 2010 hasta la fecha, 19 campesinos pertenecientes a organizaciones del Bajo Aguán han sido asesinados y según la Fiscalía, en ninguno de estos casos se han presentado órdenes de detención. En la mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho una investigación inicial, por lo que existe un alto riesgo de que todos estos casos queden en total impunidad.
Continúan los desalojos forzosos violatorios del derecho a la alimentación, vivienda, salud, de los asentamientos campesinos, en flagrante violación de los estándares establecidos en el derecho internacional y del debido proceso.
“La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades. Los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos”, expresa un comunicado entregado a periodistas de distintos medios de comunicación nacionales.
Ante esta situación, la Misión hace un llamado a las autoridades nacionales a cumplir con su deber de investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos contra campesinas y campesinos en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
Igualmente, cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, y adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo. Además, cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos firmados para facilitar el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda de las comunidades que permanecen en situaciones precarias.
Es necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que en Honduras es un mandato constitucional.
Además, la comunidad internacional debe procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región, es parte de los señalamientos en el documento.
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