Tegucigalpa.
Un gran despliegue policial se ha desplazado en Tegucigalpa y El Aguán este viernes 20 de julio, para ejecutar desalojos forzados contra campesinos y pobladores, lo que aparenta una acción coordinada para sembrar el terror en la población que lucha por un pedazo de tierra.
Se trata de los pobladores y pobladores de Altos de la Merriam en la capital quienes tienen unos 10 años de vivir en el sector, en predios cuyo dueño es el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA, pero que son reclamados por Oscar Siri Zúniga, un político con mucho poder en el país, que desde el 2008 inició acciones para sacarlos de las tierras.
Al filo de las 11 de la mañana fue ejecutado el desalojo por los policías que golpearon a Ambar Lagos, una joven en estado de embarazo que producto de los golpes tenía amenazas de aborto y fue llevada al Hospital Escuela.
Asimismo fueron golpeados los niños Isis López de un año y Alex Fernando Perdomo de 17 años de edad, al igual que Santos Perdomo, un señor de la tercera edad.
Mary Díaz, lideresa de la comunidad Altos de la Merriam, señaló que estos abusos se han cometido con mucha saña al extremo de que se ha procedido a meter tractores a la colonia para destruir las casas que se han levantado allí.
Ha habido varios desalojos desde esa fecha, los cuales han provocado múltiples casos de agresiones y torturas contra mujeres, ancianos y niños principalmente, por parte de la Policía Nacional, que acompaña a los jueces ejecutores.
Mientras en El Aguán, de acuerdo a informes preliminares hay un inmenso operativo militar policial para desalojar a campesinos del Movimiento de Recuperación “Cerquín”, que se encuentran en la finca Los Laureles, en las cercanías de Tocoa, Colón.
El miércoles 18 de junio, estas acciones se realizaron contra la Cooperativa San Isidro del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán MARCA, hasta donde llegaron más de 300 policías, comandos militares, camionetas portando armas de grueso calibre como las M-60.
En esta acción el preámbulo fue una resolución de un Juzgado de lo civil a favor de los campesinos, echado por tierra por una Corte de Apelaciones donde el terrateniente Miguel Facussé interpuso un recurso que fue resuelto a su favor, en momento en que el Poder Judicial estaba de vacaciones. El 29 de junio los guardias de seguridad del terrateniente fueron desalojados con una orden judicial, para hacerlo solo llegaron dos patrullas de la policía.
Las acciones anterior lo que demuestran es que se genera el caos en el país desde el propio Estado contra personas que a duras penas pueden subsistir y que luchan por la tierra, mientras que quienes se declaran dueños son gente de poder económico y político que mueven sus teclas en el sistema de justicia hondureño.
En el caso de la colonia Altos de la Merriam el COFADEH solicitó ante la Secretaría de Seguridad medidas de protección para la población que allí se encuentra, que estaba bajo fuerte presión de hombres armados y encapuchados que merodeaban la zona, después de un violento desalojo precisamente el 20 de julio del año pasado cuando la policías golpeó salvajemente a mujeres y niños.
Este día viernes 20 de julio se cumple un año de esa represión, y también hubo desplazamiento fuerte de elementos policiales, a cargo del teniente Armijo que al final terminaron reprimiendo a los pobladores.
Al operativo se sumó un fiscal del Ministerio Público que se negó a dar su nombre aduciendo que no tenía por qué decirlo a los pobladores que le preguntaron de dónde venía y cuál era su cargo y nombre.
Sin embargo la abogada Astrid Aguilar Velásquez, quien es la apoderada legal del IHNFA dijo que el nombre es Luís Vallejo, que el desalojo fue ordenado por la Juez Alma Aguilera, Juez número cinco del Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa, nombrando como Juez Ejecutora a Brenda Sandres.
La abogada Aguilar Velásquez manifestó que el desalojo es ilegal porque las acciones no vienen individualizadas contra personas y en el caso de las acusaciones por usurpación tienen que ser en esa vía.
Los desalojos son una violación a convenios internacionales
La Resolución 1993/77, del 10 de marzo de 1993, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Naciones Unidas señala que “La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada”.
En las resoluciones aprobadas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se recomienda que los gobiernos adopten medidas políticas y legislativas encaminadas a restringir la práctica de los desalojos forzosos, incluida la concesión de la seguridad legal de tenencia a aquellos amenazados actualmente con un desalojo forzoso, basándose en la consulta y negociación efectivas con las personas y los grupos afectados.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales forma parte del derecho interno de Honduras, a través del Decreto Legislativo número 961-1980 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 23167 el 30 de junio de 1980, de allí que el Estado hondureño tiene la obligación de respetarlo, pero la práctica es violar este convenio para favorecer a terratenientes.
Lo anterior a pesar que la Corte Suprema de Justicia emitió un auto acordado fundamentado en lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, para establecer un protocolo sobre Desalojos.
El Artículo 1 señala que “El presente protocolo tiene como objetivo adoptar las medidas judiciales para controlar los efectos negativos de los desalojos forzosos, tanto en la ciudad como en el campo, a fin de prevenir violaciones a una amplia gama de derechos humanos resultantes de la ejecución de los mismos”.
El Artículo 6 dice que “ Los Juzgados se abstendrán de ordenar desalojos forzosos en tanto no se haya acreditado en autos que : 1.- Las personas sujetas al desalojo, han sido avisadas por lo menos con noventa días anticipación”.
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