CIDH urge a El Salvador a continuar combatiendo la impunidad para los graves crímenes del pasado

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Washington, D.C.

A 25 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador la deuda de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, sigue pendiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda los esfuerzos y avances logrados en los últimos meses; sin embargo, manifiesta preocupación ante la situación de impunidad en la que aún se encuentran los casos.

Este año se cumplió un cuarto de siglo de la firma del Acuerdo de Chapultepec, en la ciudad de  México, mediante el cual se puso fin al conflicto armado en El Salvador. Durante los 11 años que duró el mismo, aproximadamente 75.000 personas fueron asesinadas y 8.000 fueron víctimas de desaparición forzada, entre las cuales hubo más de mil niñas y niños; en el 2015, la Asociación ProBúsqueda de niñas y niños desaparecidos había registrado 925 casos.  La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, adoptada en marzo de 1993, se constituyó durante años en un obstáculo insuperable para decenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares que exigían justicia. La Comisión y la Corte Interamericanas determinaron la responsabilidad del Estado salvadoreño por violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en varios casos en que se había aplicado directa o indirectamente la Ley de Amnistía. Por ejemplo, el
caso Monseñor Romero (1980), Rochac Hernández y otros (1980), y Contreras y otros (1981), la Masacre de El Mozote y lugares aledaños (1981), la desaparición de las hermanas Serrano Cruz (1982), la Masacre de Las Hojas (1983), la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres (1989), entre otros.

En julio de 2016, tras 23 años de vigencia, con la demanda  de las víctimas y organizaciones que las acompañaron, se logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitiera sentencia firme determinando la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. La CIDH saluda los esfuerzos realizados por las víctimas y los avances logrados desde entonces. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2016, el Fiscal General de la República firmó un acuerdo para la creación de un grupo de fiscales que investigarán crímenes contra la humanidad, a fin de hacer valer la mencionada sentencia. Asimismo, el Juez Segundo de Primera Instancia de Morazán reabrió las investigaciones sobre la Masacre de El Mozote  y lugares aledaños (1981). El  Estado salvadoreño, recientemente estableció una comisión para implementar el programa de desarrollo social dirigido a las comunidades víctimas de esta masacre, dando así un paso importante hacia el cumplimiento a la sentencia que
emitió en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En el mismo acto se juramentó al Consejo Directivo del Registro único de Víctimas de El Mozote, integrado por delegados gubernamentales y representantes de las víctimas.

La CIDH saluda asimismo el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, creada en enero de 2010 mediante decreto ejecutivo. Asimismo, la CIDH saluda la disposición del Gobierno de El Salvador para crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, que amplíe la búsqueda a personas adultas. La CIDH destaca la importancia de dar marcha a esta iniciativa. La Comisión Interamericana saluda asimismo las expresiones del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sobre la necesidad de asegurar reparación integral para las víctimas del conflicto armado.

Por otra parte, la CIDH observa que los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno continúan en la impunidad. En este sentido, la CIDH urge al Estado a seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones y la determinación de reparaciones justas. Dado que la situación de impunidad propicia la repetición de estos hechos, los avances en la obtención de justicia también permitirán prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.