CIDH condena asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos en la región

0
391

Washington, D.C.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en los primeros días de 2017 y reitera su preocupación por las personas defensoras de los derechos a la tierra y a los recursos naturales, y las personas defensoras indígenas y afrodescendientes que continúan enfrentando grandes riesgos de violencia.

En lo que va del año 2017, la CIDH fue informada sobre 14 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos: siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. La CIDH expresa su consternación con el devastador incremento en la violencia contra aquellas personas que se oponen a proyectos extractivos o de desarrollo, o que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas en la región. De acuerdo con información aportada por la sociedad civil, ahora constituyen el 41% de todos los homicidios a personas defensoras en la región.

Los siete homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia sobre los cuales se recibió información se dan en un contexto de constante aumento de amenazas y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, lo que la Comisión anteriormente condenó en un comunicado de prensa (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/160.asp)  publicado el 2 de noviembre de 2016. Este contexto subsiste a pesar de la reciente firma de un convenio histórico de paz. De acuerdo con la información recibida, el 6 de enero de 2017 fue asesinado el joven líder indígena Olmedo Pito García, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Cauca. Adicionalmente, el 7 de enero de 2017 Aldemar Parra García, líder comunitario que luchaba contra el desplazamiento forzado de su comunidad por la destrucción ambiental causada por industriales mineras, murió a consecuencia de disparos. El homicidio ocurrió a pesar de que el Estado había sido informado, a través de su sistema de alerta temprana, de amenazas de muerte contra miembros de la comunidad y de la presencia en el área de hombres sospechosos. La CIDH también recibió información sobre los homicidios, el 10 de enero de 2017, de Juan Mosquera, reconocido líder comunitario de la región del Bajo Atrato y su hijo Moisés Mosquera; el 11 de enero de 2017, de Jose Yimer Cartagena, líder campesino de Marcha Patriótica Alto Sinú y vicepresidente de ASODECAS; y de una joven afrocolombiana líder de su comunidad con CONPAZ, Emilsen Manyoma Mosquera, y su esposo Joe Javier Rodallega, cuyos cuerpos fueron encontrados en la mañana del 17 de enero de 2017 en Buenaventura. Asimismo, el 26 de enero de 2017 habría sido asesinada Yoryanis Isabel Bernal Varela, quien trabajaba en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas Wiwa en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Comisión valora la reciente creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final de Paz, que tiene por objeto combatir y desmantelar conductas criminales que atenten contra defensores y defensoras de derechos humanos y, en el caso de Emilsen Manyoma Mosquera, espera que avance la investigación que es adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

En relación con México, el 15 de enero de 2017 habría sido asesinado Isidro Baldenegro, un conocido activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental en territorio tarahumara/raramuri, en Chihuahua. Isidro Baldenegro ganó el premio medioambiental Goldman en 2005 y fue identificado como prisionero de consciencia por Amnistía Internacional por ser detenido 15 meses bajo falsos cargos. Isidro Baldenegro fue asesinado durante una visita a su comunidad, donde ya no residía debido a las amenazas de muerte que recibía. El activista es el segundo ganador del premio ambientalista Goldman en ser asesinado en el espacio de un año, tras Berta Cáceres (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/024.asp)  en marzo de 2016. Además, Isidro Baldenegro es el cuarto activista en la comunidad de Coloradas de la Virgen en ser asesinado en los últimos doce meses como represalia por la defensa de bosques y tierras ancestrales. Adicionalmente, la Comisión fue informada del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, un defensor de derechos humanos y ambientales que luego del asesinato de Isidro Baldenegro había denunciado la situación de violencia en la región a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Gobernación.

En relación con Guatemala,  el 16 de enero fue asesinada Laura Leonor Vázquez Pineda, antigua activista del movimiento pacífico de resistencia contra el proyecto minero de San Rafael, de acuerdo a la información disponible. Habría sido encontrada en su casa, muerta por disparos en la cabeza. Además, se informó que el 17 de enero fue asesinado Sebastián Alonso Juan, un hombre indígena defensor de los derechos de la tierra, en Huehuetenango, durante una protesta pacífica en contra de proyectos hidroeléctricos Pojom I y II.

En Nicaragua, tres miembros de la comunidad indígena Miskitu habrían sido asesinados en lo que va del año. Como la Comisión resaltó en un comunicado de prensa (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/018.asp) del 23 de febrero de 2016 y como fue reconocido por el otorgamiento de medidas cautelares (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC505-15-ES-2.pdf) , los Miskitu están en una situación particular de riesgo al estar en medio de un conflicto por su territorio, en un contexto de falta de implementación por el Estado de reconocimiento oficial de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales. En este contexto, y a pesar del llamado de la CIDH al Estado para proteger a los miembros de la comunidad Miskitu, fue asesinada en su tierra una familia entera, conformada por Bernicia Dixon Peralta, su esposo Feliciano Benlis Flores y su hijo de 11 años, Feliciano Benlis Dixon. La información recibida indica que el homicidio fue una represalia porque la familia había llevado su asunto a las cortes de justicia, a través de lo cual obtuvo legalmente el título de propiedad sobre sus tierras.

La Comisión Interamericana reitera la obligación de los Estados de prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos y a garantizar en  todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción. Es deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo y adoptar medidas específicas de protección adaptadas a sus necesidades, por ejemplo, a través de protocolos especializados.

Los Estados están obligados a llevar a cabo de manera inmediata y por iniciativa propia investigaciones exhaustivas, imparciales y emprendidas con debida diligencia sobre los homicidios de Olmedo Pito García, Aldemar Parra García, Juan Mosquera, Moisés Mosquera, Emilsen Manyoma Mosquera, Joe Javier Rodallega, Yoryanis Isabel Bernal Varela, Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros Ramos, Laura Leonor Vásquez Pineda Sebastián Alonzo Juan, Bernicia Dixon Peralta, Feliciano Benlis Flores y Feliciano Benlis Dixon. Los Estados tienen la obligación de establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Las investigaciones deben incluir el desarrollo de líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como persona defensora de derechos humanos.

Adicionalmente, la Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. En el caso de comunidades indígenas, tienen graves consecuencias adicionales al interferir estos con su cohesión cultura y social.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.