Auto de formal procesamiento contra policías y militares por atacar a ciudadano en Lempira

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Gracias, Lempira

Por Sandra Rodríguez
La jueza Nilser Ramírez, del Juzgado de Letras de la ciudad  Gracias, Lempiras, determinó que cuatro policias y dos militares continuen con medidas sustitutivas a la prisión, por suponerlos responsables de cinco delitos en perjuicio de dos vecinos del municipio de Gualcinse.

La resolución se dio tras la audiencia inicial en presencia de los impurados Alfonzo Sánchez López, Lázaro Portillo Amaya, Nahun Moisés Nolasco Ventura, Salatiel Rodríguez Amaya y Osman Olvani Raudales Arguijo; y sobreseimiento provisional al agente José Antonio Ferman, por no encontrarse indicios suficientes para demostrar que estaba en el lugar de los hechos.

Asimismo, los miembros del ejército sargento Omar Gomez Martinez y el soldado Fredy Silvino Amaya Ramos, que no asistieron a la audiencia, seguiran el proceso legal, con los policías, supuestamente responsables de los delitos de vejamenes, allanamiento de morada, abuso de autoridad y violaciones de los deberes de los funcionarios en perjuicio de Máximo Ramos Díaz, Anastacio Melchor Mejía y la Administración Pública.

En el caso de Mejía, los policías y militares sólo enfrentan cargos por detención ilegal y abuso de autoridad.

En la audiencia, que duró cerca de cuatro horas, hubo declaraciones de testigos y evacuación de medios probatorios y documentales, incluso la defensa propuso pruebas que tenían que ver más con la vida personal de la víctima, y no de los hechos por los cuales se acusa a los uniformados.

Con esa forma de actuar, se violentan más los derechos humanos de la víctimas, se impone el miedo de parte de los agentes policiales y militares, que al parecer andan enojados con la vida, expresó Dora Oliva, procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Determinados Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que ha acompañado a Ramos Díaz.

Por su parte, Máximo Ramos dijo que la resolución de la jueza le permite ver que hay interés por la aplicación correcta de la justicia, pero su vulnerabilidad no cambia, sino que se empeora, porque los acusados no van contentos.

Los policías y militares estaban asignados a los municipios de Gualcinse y Piraera, al sur del departamento de Lempira en el Occidente de Honduras, el 27 de agosto del 2016, a eso de las 10 de la noche, quienes llegaron a la casa de Ramos, por una supuesta denuncia de Escándalo Público, y en lugar de aplicar la ley, allanaron la casa y sometieron a la impotencia a su esposa e hijos menores, un amigo y su trabajadora.

Después lo subieron a la patrulla junto a Melchor Mejía, y lo golpearon, torturándolo en la celda por el resto de esa noche hasta el día siguiente.

Pese a que existen protocolos y leyes para ejecutar allanamientos y arrestos, cuando Ramos y su esposa preguntaron por la orden de desalojo un policía les dijo “yo soy la ley”, declaró la víctima.

Ese día además le quitaron un arma debidamente registrada, manifestandole que la remitirí a la jefatura de Gracias, pero no se la devolvieron. También le sustrajeron veinte mil 500 lempiras y una cadena de oro de unos 20 mil lempiras, de los que nadie responde, denunció Ramos.

Junto al COFADEH, Ramos solicitó medidas de protección ante la Secretaria de Seguridad, pero siempre está el temor y disconfianza de las víctimas que quienes son asignados para cuidarlas, son los mismos que los agreden, lamentó Ramos, a quien la policia ha ido a su casa a que le firmen el libro de visitas, como parte de las medidas, según el policía encargado.

Ramos es un lider social y politico, fue aspirante a alcalde por parte del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las amenazas contra su persona también han sido a través de mensajes anónimos  escritos dejados en su casa.