El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en este segundo plantón de 2017 en la Plaza de Los Pañuelos Blancos, en Tegucigalpa, hace suyo el pronunciamiento solidario emitido ayer en San José Costa Rica por 33 liderazgos de organizaciones sociales de Centroamérica.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos y de sociedad civil de la región, reunidas en el Foro ProDerechos, manifestamos preocupación por las reacciones oficiales despertadas por el informe de Global Witness: “Honduras el país más peligroso para defender el planeta”.
Luego de la difusión de este documento que señala vínculos estrechos entre políticos, funcionarios y empresarios de Honduras beneficiados con concesiones, exoneraciones y mercados de proyectos extractivos, represas, complejos turísticos y monocultivos, ha sobrevenido una campaña desproporcionada de advertencias y ataques que podrían degenerar en otras acciones lamentables.
Particularmente causan preocupación las declaraciones del ministro coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, quien ha desacreditado la validez del informe, puesto en duda las objetividad de las fuentes, la legitimidad de sus motivaciones y la existencia de las 123 vícitimas defensores ambientales asesinadas en el país, alentando con ello la impunidad.
Así mismo, son lamentables las declaraciones del ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Galdámez, quien ha pedido al Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, que abra un expediente sobre “las acusaciones del Director de Incidencia de Global Witness, Billy Kyte, y que si no se presenta a declarar sobre los hechos sustentados en el Informe, entonces que de oficio el Ministerio Público proceda a ordenar su detención”.
Deplorables también son las advertencias de la ex vice presidenta del Congreso Nacional – actual presidenta del Comité Central del Partido Nacional — Gladys Aurora López, quien avisó sobre acusaciones penales contra los ejecutivos de Global Witness, por la mención de su nombre entre los políticos y empresarios beneficiados con el tráfico de influencias desde los poderes del Estado hondureño que cambiaron la legislación ambiental para favorecerse con proyectos depredadores dentro de territorios ancestrales.
Las alocuciones públicas de los funcionarios de gobierno coinciden con la divulgación de afiches y perfiles falsos en redes sociales con ataques anónimos a familiares de Berta Cáceres, ejecutivos de organizaciones comunitarias y de defensa de derechos humanos que acompañan las luchas de pueblos indígenas en el Occidente de Honduras y agencias solidarias internacionales que respaldan su trabajo.
Los ataques han obligado al Relator Especial para las Defensoras/es de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, a hacer un llamado público para “entender que el nuevo Informe de Global Witness es esencial para entender la dramática situación de quienes defienden los derechos humanos en Honduras”.
Nosotras, como organizaciones defensoras de derechos humanos trabajando problemáticas similares en toda Centroamérica, exhortamos a las autoridades hondureñas a reconocer la valiosa contribución de las y los defensores de derechos humanos al desarrollo y al fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente en la lucha contra la impunidad, que es el propósito principal de la investigación de Global Witness.
Igualmente, demandamos del Ministerio Público, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Misión de Acompañamiento contra la Corrupción, MACCIH, asentadas en Honduras, que realicen una investigación independiente de los casos denunciados en relación a las prácticas ilegales y violentas de empresas extractivas, represadoras y turísticas, que han sido señalas en el referido Informe.
Exhortamos al Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, a tomar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de los funcionarios de Global Witness, de los liderazgos de las organizaciones que han dado su testimonio en ese informe, como los miembros del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Tribu de LOCOMAPA, el pueblo garífuna de Barra Vieja, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Centro Hondureño para la Promoción de los Derechos Comunitarios (CEHPRODEC), otras organizaciones indígenas, así como las personas que fueron testigos y fuentes de Información directa en el informe.
Tegucigalpa, M.D.C., 3 de febrero de 2017.
COFADEH
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
