A mayor agite electoral, la dictadura enseña los colmillos

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Las fuerzas políticas reconocidas y los poderes fácticos de Honduras están en abierta campaña hacia las elecciones de noviembre próximo.

El Partido Nacional y el Partido Liberal, juntos, frente a la Alianza Opositora de tres partidos, tienen por separado mucho que ganar o perder si no pactan con la embajada de Estados Unidos, los carteles del crimen organizado y las empresas religiosas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Los militares y policías también son un actor importante de este proceso, los menos confiables, los más caros, los menos leales y los más violentos.

A medida que se aproxima la última semana de noviembre para decidir entre el continuismo del golpismo o la transición a la democracia, estos actores ponen el clima  bien tenso, complicado, peligroso.

Por ejemplo, en la península de Zacate Grande, donde el Presidente Hernández y sus nuevos amigos ricos y corruptos suenan con fundar su propia Ciudad Modelo, esta semana han instalado un campamento militar para protegerse.

Con uniformes, armamentos y vehículos oficiales, más de 150 militares toman posiciones dentro del territorio acaparado por la familia Facussé – Násser, para combinar operaciones con la base de la Fuerza Naval enclavada en Amapala.

La lectura inicial que hace el liderazgo social de la península es que los perros guardianes del capital llegan a morder cualquier acción de rechazo a su presencia, y a detener por la fuerza las luchas en defensa del territorio peninsular.

En Pajuiles, Tela, Atlántida, los policías militares han procedido esta semana a desalojar y perseguir la resistencia comunitaria contra la empresa HYDROCEP de Jason Hawit, que destruye la cordillera Nombre de Dios.

En una alianza perversa entre la municipalidad de Tela, el Ministerio Público, el COHEP y mercenarios de la zona, han detenido ilegalmente y criminalizado a dirigentes de base del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que rechazan las operaciones abusivas de la represadora del río Mezapa.

El propio coordinador general del Movimiento Amplio, el abogado Martin Fernández, fue atacado a golpes el sábado por el grupo de mercenarios creado por HYDROCEP, quienes incendiaron los campamentos de resistencia comunitaria en Pajuiles, en complicidad con la Policía Nacional.

Mientras, en Tegucigalpa, la capital, el Consejo Nacional de Seguridad y  Defensa ha tomado control de la estrategia militar de ataque al Movimiento Estudiantil Universitario, que exige participación directa en el gobierno de la UNAH.

En el último mes los estudiantes que mantienen la protesta han sido bombardeados por fuerzas antimotines más de 10 veces en el interior del campus, asaltados sus dirigentes fuera de la Universidad y robados sus teléfonos móviles y agendas personales, además del alto número de activistas y militantes  criminalizados por el Ministerio Público y los tribunales, más de 20.

Este conflicto extendido en el tiempo ha pasado a ser un tema de dimensión nacional, que afecta directamente la imagen del gobierno y su capacidad de solución democrática de los problemas.

Y esa, precisamente, es la razón colisionante del proceso electoral que ha provocado el traslado del conflicto universitario al ámbito del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde opera una Mesa de Crisis y un sistema de inteligencia, que no permitirá que el reeleccionista presidente JOH sea afectado.

En los tres casos citados, la presencia militar es la característica principal. Y eso es precisamente el mayor peligro de derivar la contienda en graves violaciones a los derechos humanos.

Por eso la dirigencia estudiantil ha pedido al Congreso Nacional que discuta una iniciativa legal que solucione la crisis y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU insiste en proponer diálogo a las partes.

Pero el régimen nunca supo dialogar desde 2010 hasta nuestros días, por eso compró la voluntad de militares y policías mercenarios, de fiscales y jueces lacayos, que cuando no sirven a los carteles del crimen organizado en la calle, sirven a esas cosas que llaman instituciones pero que en realidad son extensión de sus carteles.

Este es el escenario así descarnado a tres meses de la decisión política más importante después del golpe de Estado, el robo al Seguro Social, la extradición de los narcos, el asesinato de Berta Cáceres, y el regreso del líder del Pentágono a la gerencia mayor de la Casa Blanca en Washington…

Esta es, en parte, la ventaja que tiene el ilegal proyecto reeleccionista en Honduras, y así no puede ser. Que nadie espere, entonces, unas elecciones conducidas por la Virgen de Suyapa sino por sus generales atrevidos, cobradores de impuestos de guerra y obedientes a sus amos extranjeros. Por tanto, si la OEA y la Unión Europea insisten en avalar eso, que se vayan al demonio desde ya, y dejen que el pueblo se encargue a su manera. A nosotras, por nuestra parte, nos toca sugerir al liderazgo social los máximos cuidados, la mayor atención a los hechos y sus tendencias, la denuncia siempre, la vida primero, la integridad siempre.

Editorial Voces contra El Olvido, sábado 12 de agosto 2017